Privatización de AySA: Caputo activa el pliego con un modelo de concesión a 30 años

"Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional".

La frase pertenece al ministro de Economía, Luis Caputo, y forma parte de un tuit que el funcionario publicó este jueves 14 de mayo y en el cual también explica que "la incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos".

De esta forma, el titular del Palacio de Hacienda activó el proceso de salida del Estado Nacional de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) que actualmente opera como Sociedad Anónima bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas.

El proceso de venta busca ceder el 90% del capital en manos estatales a un operador privado, ya que el otro 10% pertenece al personal a través del Programa de Participación Accionaria (PPA).

Presidida por Alejo Maxit (desde abril de 2024), el área de concesión a entregar se distribuye entre la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del Conurbano bonaerense, con más de 14 millones de habitantes.

La empresa posee una realidad financiera diferente a la de los años anteriores y, según la Resolución 495/2026, proyecta para el ejercicio 2026 un superávit financiero de $4.886 millones.

Es más, desde hace dos años, ha logrado cubrir el 100% de sus costos operativos mediante ingresos tarifarios, eliminando la dependencia de subsidios directos del Estado Nacional para el funcionamiento diario.

El nuevo contrato que busca blindar la inversión privada

El nuevo contrato de concesión establece pilares que buscan blindar la inversión privada como el del equilibrio económico-financiero.

El contrato obliga a mantener la sustentabilidad vía tarifas y obras de expansión y mantenimiento mayor que se encuadran en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), para atraer capitales internacionales.

La empresa seguirá bajo el control del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), con metas de expansión de red y calidad de efluentes monitoreadas trimestralmente.

Es decir, Caputo quiere "vender" una empresa pública cuyo perfil actual es el de una sociedad "saneada" en términos operativos, lo que la diferencia drásticamente de la situación de déficit crónico de años anteriores.

Este superávit operativo es el principal argumento del ministro para justificar la valuación de AySA en un modelo de concesión a 30 años.

A través de la Resolución 543/2026 del Ministerio de Economía, Caputo ya aprobó los pliegos y el nuevo contrato de concesión, marcando el inicio formal de la cuenta regresiva para que la mayor prestadora de agua potable del país regrese a manos privadas tras dos décadas de gestión estatal.

La arquitectura regulatoria diseñada por el Palacio de Hacienda

La hoja de ruta de "Toto" Caputo no solo busca aliviar el balance fiscal —donde AySA ha sido un receptor crónico de subsidios para gastos operativos y de capital— sino también integrar la operación dentro de un paquete de privatizaciones que el Palacio de Hacienda estima generará ingresos por aproximadamente u$s2.000 millones antes de que termine el año.

La arquitectura regulatoria, diseñada en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas, plantea una transferencia del control a un "operador estratégico" con experiencia internacional.

Se contempla el ingreso de un socio mayoritario privado, pero con una ingeniería que permite la eventual colocación de una porción minoritaria en el mercado de capitales para valorizar la compañía.

El núcleo del contrato establece obligaciones de inversión estrictas en expansión de redes y mantenimiento, lo que inevitablemente presionará sobre el futuro cuadro tarifario, que deberá garantizar la sustentabilidad financiera sin depender del Tesoro.

Desde el entorno de Caputo insisten en que el proceso se regirá bajo principios de "máxima concurrencia y transparencia", buscando evitar los errores de los años 90.

Por qué el Estado decidió salir de AySA

Es más, se tienen en cuenta una serie de razones que explican la necesidad de privatizar AySA:

• El modelo actual del Estado empresario llevó a ser una de las regiones urbanas latinoamericanas con peores indicadores de cobertura del servicio. 1/3 del área concesionada no cuenta con agua ni cloaca
• AySA como empresa estatal incumplió sistemáticamente los planes de inversión acordados con el regulador, sin ninguna multa puesta por el Estado
• Como empresa estatal tomó decisiones de inversión privilegiando partidos políticamente alineados (en gestión Galmarini 25% de las obras en Tigre)
• AySA duplicó la cantidad de empleados, aumentando significativamente el gasto operativo, llevando a que los ingresos por tarifa no lleguen a cubrir al menos los sueldos
• Recibió transferencias por u$s13.400 millones del Estado Nacional (financiado con impuestos de todas las provincias), para financiar una empresa ineficiente que da servicio en la capital federal y el AMBA. Es completamente injusto para los contribuyentes de las 23 provincias argentinas
• La empresa necesita tener un modelo de ingresos sostenible para financiar los gastos y las inversiones necesarias para alcanzar el 100% de cobertura
• El modelo anterior, sin respuesta a la morosidad, llevó a la situación actual. Una de las peores concesiones latinoamericanas en cobertura de servicio
• Ese esquema también es el que no logró cumplir con dar un servicio esencial a 1/3 de la población del área de concesión

El nuevo modelo contempla una serie de avisos previo al corte y exenciones para quien no puede pagar la tarifa (tarifa social).

Es, además, el mismo utilizado en Brasil, Chile, Colombia y otras capitales de la región, que permitió avanzar a la universalización de un servicio esencial como lo es el agua y el saneamiento.

Qué dice el mercado sobre la licitación de AySA

Sin embargo, el mercado mira con lupa dos variables: la capacidad de pago de los usuarios frente a los nuevos aumentos y el rol que jugará el ERAS en la fiscalización de un servicio que es, por definición, un monopolio natural.

En los meses previos a este anuncio, el Gobierno avanzó con una fuerte racionalización de la planta de personal y la paralización de obras no prioritarias para mejorar la "venta" de la empresa.

Con un balance más saneado, Caputo apuesta ahora a que AySA sea la nave insignia de la nueva ola de privatizaciones que, en el corto plazo, también incluye al Belgrano Cargas e Intercargo.

Para el mercado financiero, el éxito de la licitación de AySA será el termómetro definitivo para medir el apetito real de los inversores extranjeros por activos de infraestructura de largo plazo en la Argentina de la era Milei.

En este sentido, los analistas especulan con que, por la magnitud de la operación de AySA y su complejidad operativa (26 municipios del Conurbano más CABA), se reduce el círculo de interesados locales a un puñado de jugadores con "espalda" financiera y experiencia en servicios públicos.

Quiénes son los candidatos con chances reales de quedarse con AySA

Entre los posibles candidatos se nombra a los miembros del llamado "Club de la Energía" y los servicios públicos.

Es decir, grupos que ya gestionan redes de servicios públicos masivos y que han demostrado capacidad para operar en entornos regulados y con alta exposición sindical.

En este sentido, se incluye a Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, como el candidato que siempre suena.

Aunque su foco principal es el gas y la electricidad, su experiencia con Edenor y su actual posicionamiento como socio estratégico del Estado en infraestructura energética lo colocan en primera línea.

Además, Pampa tiene el acceso a los mercados internacionales necesario para financiar las inversiones iniciales que exigirá el pliego.

También se menciona al grupo de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano que, a través de su control en Edenor, ha demostrado que no teme a los servicios públicos regulados en áreas sociales complejas (el Conurbano).

La sinergia operativa entre la distribución eléctrica y la de agua (facturación, cuadrillas, logística de redes) es un argumento de peso para una integración.

En este caso, Mauricio Filibert, es uno de los otros socios de Edenor, pero el empresario estaría interesado en quedarse con AySA de manera independiente, aunque podría contar con el apoyo de Manzano.

En el mismo sentido, se hace mención a constructoras con perfil de servicios ya que AySA no es solo operar agua; es, sobre todo, una gigantesca empresa de ingeniería y mantenimiento de redes.

En este caso, aparecen grupos que ya conocen las entrañas de la compañía por ser sus principales contratistas de obra pública como Techint.

Si bien el foco del holding de Paolo Rocca está hoy en Vaca Muerta y el acero, la división de ingeniería y construcción de Techint ha sido históricamente un gran contratista de AySA.

Bajo el paraguas del RIGI, el grupo podría ver una oportunidad de negocio no solo en la operación, sino en el monumental plan de obras pendientes de saneamiento.

Otro candidato en el historial aparece Sacde, constructora también propiedad de Marcelo Mindlin, aunque separada operativamente de Pampa.

Sacde tiene el "know-how" técnico para la ejecución de los grandes colectores y plantas potabilizadoras. Podrían formar parte de un consorcio como socios técnicos.

En el caso de operadores regionales con un modelo de socio local, se baraja la probabilidad de consorcios donde el socio local aporta el lobby político, la gestión laboral (Sindicato de Obras Sanitarias) y el conocimiento del territorio, mientras que el socio internacional aporta la tecnología de tratamiento.

Otras fuentes también mencionan a Corporación América (Eduardo Eurnekian), teniendo en cuenta que su experiencia en concesiones de largo plazo (aeropuertos) y su diversificación hacia la energía y servicios lo hacen un jugador atento a estos pliegos.

Los analistas consideran que Eurnekian tiene la capacidad de atraer socios internacionales (como lo hizo con operadores europeos en otras industrias) para encabezar una oferta.

En la misma carrera aparece un grupo que en los últimos tiempos se ha convertido en protagonista del proceso licitatorio de empresas públicas, al punto que acaba de quedarse con las acciones del Estado Nacional en Transener.

Se trata del Grupo Neuss, con historia en servicios públicos y una fuerte apuesta por la diversificación (recientemente vinculados a sectores de energía y movilidad).

Suelen ser jugadores que buscan oportunidades de activos estatales en proceso de privatización.

De todos modos, se advierte que cualquier grupo local que pretenda AySA sabe que debe negociar un "pacto de gobernabilidad" con el sindicato liderado por José Luis Lingeri.

Este gremio no solo representa a los trabajadores, sino que históricamente ha tenido participación en el capital social (Programa de Propiedad Participada).

Los grupos locales mencionados tienen años de gimnasia en la negociación con gremios de servicios, un activo que un inversor extranjero puro (como un fondo de Dubái o China) no posee y que los obliga a buscar un socio argentino.

Más allá de esta particularidad, se considera que el interés local estará marcado por la capacidad de financiamiento en dólares.

Por lo tanto, se entiende que el ganador local será aquel que logre armar un puente financiero sólido y demuestre que puede gestionar la cobranza en el Conurbano sin que el conflicto social escale.