La inflación llega a tribunales: embargo millonario por un proyecto de Internet frenado

La Justicia federal dispuso el embargo preventivo de más de $665 millones sobre fondos administrados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en el marco de una demanda iniciada por la empresa San Luis CTV por presuntos incumplimientos contractuales vinculados a un proyecto de expansión de infraestructura de telecomunicaciones financiado con recursos públicos.

La medida fue dictada por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, que hizo lugar parcialmente a una cautelar presentada por la compañía y ordenó inmovilizar $545,7 millones reclamados por la empresa, más otros $120 millones destinados a cubrir eventuales intereses y acreencias futuras mientras avanza el litigio.

El conflicto involucra recursos del Fondo de Servicio Universal (FSU), el mecanismo financiado con aportes obligatorios de las empresas de telecomunicaciones que históricamente fue utilizado para promover el acceso a internet y otros servicios TIC en zonas de baja rentabilidad o con déficits de conectividad.

El proyecto que terminó en los tribunales

San Luis CTV es una empresa con más de 25 años de actividad en San Luis dedicada a la prestación de servicios de internet y televisión paga.

La compañía fue beneficiaria de un Aporte No Reembolsable (ANR) adjudicado por el ENACOM para desplegar infraestructura destinada a brindar acceso a internet de banda ancha en barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

La iniciativa había sido aprobada mediante la Resolución 1262/2023 del organismo oficial y contemplaba la utilización de fondos provenientes del Servicio Universal para ampliar la cobertura de conectividad en distintos sectores vulnerables de la provincia.

Según la presentación judicial, la empresa sostiene que el ente incumplió obligaciones asumidas en el convenio firmado en septiembre de 2023.

Particularmente aquellas vinculadas a la actualización de los desembolsos comprometidos para preservar el valor real de las inversiones frente al proceso inflacionario.

Argumentó además que recibió transferencias con importantes demoras y que la falta de adecuación de los montos terminó afectando la ejecución de las obras previstas.

Como consecuencia de esta decisión, asegura haber enfrentado mayores costos operativos, incrementos en el valor de los equipamientos, gastos financieros adicionales y retrasos en la puesta en marcha de servicios cuya explotación comercial estaba contemplada en el proyecto original.

En su demanda, San Luis CTV reclamó que el ENACOM adecue el valor del contrato hasta alcanzar los $545,7 millones que, según sus cálculos, serían necesarios para cubrir el ciento por ciento de las inversiones financiables comprometidas originalmente.

Además, solicitó una indemnización por distintos perjuicios económicos derivados de las demoras administrativas.

Este pedido incluye intereses moratorios, costos adicionales por seguros de caución, mayores gastos asociados a la evolución tecnológica de los equipos y pérdidas derivadas de la imposibilidad de generar los ingresos previstos en el flujo de fondos aprobado.

La defensa oficial

Durante el expediente, el organismo rechazó los argumentos de la empresa y sostuvo que las solicitudes de actualización económica debieron ser evaluadas en el marco de la fuerte aceleración inflacionaria que atravesó el país durante la ejecución de los proyectos.

Según explicó el ENACOM, aplicar de manera automática los mecanismos de actualización reclamados por los adjudicatarios hubiera provocado que numerosas iniciativas superaran ampliamente los límites máximos establecidos para los programas financiados por el Fondo de Servicio Universal.

De acuerdo con los cálculos incorporados al expediente, un proyecto originalmente valuado en alrededor de $324 millones podría haber ascendido a más de $1.240 millones tras aplicar la totalidad de las actualizaciones derivadas de la evolución de los índices de precios.

El organismo también cuestionó la competencia del Juzgado Federal de Villa Mercedes y argumentó que cualquier controversia derivada del convenio debía tramitarse ante los tribunales del fuero Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, el magistrado rechazó ese planteo y decidió mantener la causa en San Luis.

Decisión con impacto general

La resolución judicial no implica una sentencia definitiva sobre el conflicto, pero sí representa un primer respaldo a la posición de la empresa demandante.

Al conceder la cautelar, el juez consideró acreditados, de manera preliminar, tanto la verosimilitud del derecho invocado como el peligro de que una demora judicial pudiera afectar la posibilidad de cumplir una eventual sentencia favorable.

La decisión también refleja la preocupación del tribunal respecto del contexto institucional y económico que rodea a los fondos involucrados.

Entre sus argumentos, la empresa había señalado que la reestructuración de distintos mecanismos fiduciarios impulsada por el Gobierno nacional podría afectar la disponibilidad futura de los recursos comprometidos.

Desde el punto de vista legal, el expediente recién comienza. el ENACOM podrá apelar la medida cautelar ante instancias superiores y cuestionar tanto el embargo como la interpretación contractual planteada por la empresa.

Paralelamente, continuará la discusión de fondo, donde deberá definirse si el organismo estaba efectivamente obligado a actualizar los desembolsos para preservar el valor real de las inversiones y si corresponde reconocer los daños económicos reclamados.

Posible precedente

Más allá del resultado final, la causa ya es observada con atención por empresas de telecomunicaciones, cooperativas y operadores regionales que participaron de programas financiados por el Fondo de Servicio Universal durante los años de alta inflación.

La combinación de devaluación, aceleración de precios y demoras administrativas alteró la ecuación económica de numerosos proyectos de infraestructura tecnológica, especialmente aquellos que dependen de equipamiento importado o de componentes valuados en dólares.

Por esa razón, especialistas del sector consideran que el expediente de San Luis CTV podría transformarse en un caso testigo para futuras controversias vinculadas a contratos de obra y conectividad financiados con recursos públicos.

Si la posición de la empresa resulta finalmente convalidada por la Justicia, podrían multiplicarse los reclamos de otros adjudicatarios que sostienen haber sufrido pérdidas similares durante la ejecución de proyectos aprobados bajo condiciones económicas completamente distintas a las actuales.

Caso testigo

Mientras tanto, el embargo dispuesto por la Justicia permanecerá vigente durante seis meses.

Además, mantendrá inmovilizados recursos del Fideicomiso de Administración Argentina Digital.

En un contexto de revisión del gasto público y redefinición del papel del Estado en el sector de las telecomunicaciones, el caso podría convertirse en una referencia clave.

Se podría usar para determinar cómo deberán resolverse los contratos financiados con fondos públicos que quedaron atrapados entre la inflación, la devaluación y el cambio de rumbo económico impulsado por la administración de Javier Milei.