El juez Marcelo Germán Gelcich, a cargo del proceso de quiebra de SanCor Cooperativas Unidas Limitada en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito N° 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, firmó la resolución que pone en marcha la etapa final del caso: la liquidación pública de todos los activos de la empresa.

El fallo establece un pliego de bases y condiciones para la venta, distribuye los bienes en siete lotes diferenciados y fija una base total de u$s52,1 millones para quien quiera comprar el conjunto. El número consagra un dato que resume décadas de historia empresarial argentina: la marca SanCor y sus activos intangibles valen u$s24,7 millones, casi lo mismo que las seis plantas industriales que la empresa aún conserva.

Cómo se divide el remate de SanCor: plantas, marcas y un siglo de historia

La resolución judicial, que fija en u$s52,1 millones el precio base del conjunto, divide los activos en lotes, en combinaciones parciales o como paquete completo. Los primeros seis corresponden a las unidades productivas que SanCor mantiene operativas, distribuidas entre el sur de Santa Fe y el norte de Córdoba. El séptimo, y el de mayor valor unitario, agrupa las marcas y bienes intangibles de la cooperativa.

Los precios base fijados por Gelcich son los siguientes:

La planta de Sunchales —sede histórica de la empresa y donde funciona la casa central— fue valuada en u$s2,4 millones
La de La Carlota, en Córdoba, en u$s5 millones
La de Devoto, también cordobesa, en u$s7 millones, el valor más alto entre las unidades productivas
La de San Guillermo, en u$s2,5 millones
La de Balnearia, en u$s5 millones
La de Gálvez, en u$s5,3 millones

En conjunto, las seis plantas suman u$s27,4 millones. La condición es que toda oferta, sea parcial o total, deberá igualar o superar el valor base fijado para la o las unidades por las que se presente.

Por qué el nombre SanCor vale casi lo mismo que todas las fábricas

El dato más llamativo de la tasación judicial es la proporción que ocupa el lote de marcas y bienes intangibles dentro del total. Con u$s24,7 millones, ese séptimo lote representa el 47% del valor de base del conjunto, casi empatando con la totalidad de la infraestructura fabril. Se trata del precio que la Justicia le asigna al capital simbólico acumulado por SanCor a lo largo de casi 90 años: su nombre, sus marcas registradas, la reputación construida en góndolas de todo el país y su presencia histórica en el sector exportador.

La ecuación tiene una lógica que el propio proceso de desmembramiento de la empresa ya había anticipado. Cuando en 2019 SanCor vendió a Adecoagro las plantas de Chivilcoy y Morteros junto con las marcas Las Tres Niñas, Angelita y Apóstoles por u$s45 millones, quedó en evidencia que los intangibles podían valer tanto o más que el hierro. Siete años después, con una empresa mucho más reducida y un pasivo acumulado de u$s120 millones, el nombre SanCor sigue siendo el activo más denso del proceso.

La valuación judicial refleja también el estado dispar del parque industrial que queda en pie. SanCor llegó a operar catorce plantas; hoy conserva seis, y la mayoría funciona muy por debajo de su capacidad instalada. El propio expediente señala que la cooperativa pasó de procesar más de tres millones de litros diarios en su época de mayor escala a apenas 500.000 litros en el último año, y que en enero de 2026 llegó a procesar poco más de seis millones de litros equivalentes en todo el mes.

La planta de Sunchales, tasada en apenas u$s2,4 millones pese a ser la sede institucional de la empresa, aparece en el pliego con la aclaración "readecuada", lo que da cuenta de que la instalación fue modificada respecto de su configuración original. San Guillermo, por su parte, figura en los informes técnicos del expediente como una planta prácticamente paralizada. En el otro extremo, Devoto concentra el valor productivo más alto del conjunto, con u$s7 millones de base, lo que la convierte en el activo industrial más codiciado del proceso.

La licitación llega en un momento en que el sector ya mostró su interés de manera formal. A fines de mayo, seis grupos empresarios participaron en Sunchales de una reunión convocada por las autoridades judiciales para presentar el estado de situación de la empresa y el marco normativo de la venta. Según informó el gremio Atilra, estuvieron presentes representantes de Savencia —el grupo francés que en Argentina maneja las marcas Milkaut, Adler, Santa Rosa e Ilolay—, de Adecoagro, de Punta del Agua SA, de Elcor SA —la firma cordobesa detrás de la marca Tonadita—, de La Tarantela, y del empresario rosarino Gustavo Scaglione, controlante de Telefe y de medios en varias provincias.

La diversidad de perfiles entre los interesados abre distintos escenarios. Savencia o Adecoagro, con estructuras industriales propias y experiencia en el sector, podrían estar orientadas a sumar plantas específicas o a capturar el portafolio de marcas para integrarlo a sus propias operaciones. Adecoagro, en particular, ya tiene historia directa con SanCor: fue el comprador de 2019 y conoce la estructura de la empresa con un nivel de detalle que ningún otro oferente puede igualar. Otros perfiles más heterodoxos, como el del empresario Scaglione, sugieren que la marca SanCor podría interesar también a actores que apuestan por el valor reputacional con independencia de la operación industrial.

Cómo SanCor llegó a valer menos de la mitad de su deuda

La resolución de Gelcich es el último paso de una caída que se aceleró sin pausa durante casi una década. La crisis de SanCor tiene raíces que van más atrás que 2017: en 2006, una decisión política del entonces presidente Néstor Kirchner forzó a la cooperativa a desistir de un acuerdo con Adecoagro que hubiera significado el ingreso de u$s120 millones de capital privado, y la orientó en cambio hacia un crédito de u$s80 millones del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, a cambio del suministro de leche en polvo durante quince años. SanCor cumplió con los envíos; Venezuela nunca terminó de pagar, y hoy aún le debe a la cooperativa unos u$s18 millones.

Ese antecedente condicionó la estructura financiera de la empresa cuando el default venezolano de 2017 cerró esa fuente de ingresos. Desde ese año, SanCor no paró de achicarse: vendió marcas y plantas, redujo su dotación de 4.000 a menos de 1.000 empleados, intentó sin éxito armar un fideicomiso de recuperación, y entre octubre de 2023 y agosto de 2024 sufrió una parálisis casi total de sus líneas productivas por conflictos salariales que obligaron incluso a desechar leche. En febrero de 2025 se presentó al concurso preventivo de acreedores, y en abril de 2026 pidió su propia quiebra ante la imposibilidad de formular una propuesta de acuerdo con los más de 300 acreedores que reclamaban el cobro de sus créditos. La deuda total al momento de la declaración de quiebra superaba los u$s120 millones, y los trabajadores acumulaban ocho meses sin cobrar sus salarios.

El proceso de licitación que ahora arranca, supervisado por la sindicatura y la coadministradora judicial, apunta según el propio fallo a "preservar el valor de la empresa en marcha y las fuentes de trabajo" de los 914 empleados que aún dependen de la estructura. Lo que la Justicia no puede garantizar es que quien compre la marca —ese activo valuado en u$s24,7 millones que concentra casi la mitad del valor total— la use para reconstruir algo que se parezca a lo que SanCor fue.

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