Energía, agro y empleo: el Gobierno busca reactivar el negocio de los biocombustibles

La discusión por los biocombustibles volvió al centro de la agenda energética y productiva en un momento en el cual Argentina busca aumentar exportaciones, generar dólares genuinos y reducir la dependencia de combustibles importados.

Por lo menos así surge de analizar un proyecto de ley presentado por la senadora Patricia Bullrich que logró el respaldo de un amplio frente integrado por entidades del agro, la industria, el sector académico y los trabajadores.

La iniciativa, que también está firmada por otros legisladores oficialistas que tiene como objetivo reformular el régimen vigente.

El apoyo no es menor si se tiene en cuenta que, entre los firmantes aparecen actores clave de la cadena de valor del maíz, la caña de azúcar y la producción de bioetanol, además de organizaciones empresarias, cooperativas, universidades y gremios vinculados a la actividad.

Todos coinciden en un diagnóstico: el actual esquema quedó desactualizado y limita el potencial de una industria que considera tener capacidad para expandirse, atraer inversiones y generar empleo en distintas regiones del país.

En el comunicado conjunto, las entidades sostienen que la iniciativa legislativa "avanza en la dirección correcta al establecer un marco de mayor previsibilidad para los biocombustibles".

Destacan también que la iniciativa "promueve inversiones, fortalece las economías regionales y permite que Argentina aproveche sus ventajas competitivas en materia agropecuaria y agroindustrial".

Biocombustibles: la batalla por el corte obligatorio

De todos modos, el punto más relevante del proyecto es el incremento del porcentaje obligatorio de bioetanol mezclado con las naftas que actualmente el corte se ubica en 12%.

La propuesta oficialista busca elevarlo hasta el 15%, una modificación que para sus impulsores tendría un impacto directo sobre la demanda de maíz y caña de azúcar, dos de las principales materias primas utilizadas para la producción de bioetanol en el país.

Detrás de esa aparente modificación técnica existe una discusión económica mucho más amplia.

Las entidades sostienen que una mayor participación de biocombustibles permitiría reemplazar parte de las importaciones de combustibles fósiles, reduciendo la salida de divisas y mejorando la balanza comercial energética.

Según expresaron en el documento, "una mayor incorporación de bioetanol en las naftas constituye una herramienta directa para mejorar la balanza comercial, reduciendo las importaciones de combustibles fósiles y contribuyendo al ahorro de divisas".

Para un Gobierno que mantiene como prioridad la acumulación de reservas y la reducción del déficit externo, el argumento no pasa inadvertido.

Reclamo de previsibilidad

Más allá de la lectura que se pueda hacer sobre el proyecto de ley, queda claro que la industria de los biocombustibles atraviesa desde hace años una fuerte disputa regulatoria.

Los productores sostienen que los cambios permanentes en las reglas de juego, las discusiones sobre precios regulados y la incertidumbre respecto de los porcentajes de mezcla terminaron frenando inversiones que podrían haberse concretado tanto en las provincias maiceras del centro del país como en las regiones azucareras del norte argentino.

El nuevo proyecto intenta responder precisamente a ese reclamo.

Las entidades firmantes aseguran que la iniciativa abre la puerta a "una nueva etapa de inversiones" al incorporar mecanismos que favorecen la competencia, la participación provincial y una mayor eficiencia dentro del mercado energético. En este sentido, la expectativa del sector es que un marco regulatorio estable permita ampliar la capacidad instalada existente y acelerar nuevos proyectos industriales vinculados a la producción de combustibles renovables.

Aval de toda la cadena

Uno de los aspectos más llamativos del documento es la diversidad de actores que decidieron acompañar públicamente la iniciativa.

Entre los firmantes aparecen el Centro Azucarero Argentino; la Cámara de Bioetanol de Maíz; CONINAGRO; la Asociación Maíz y Sorgo Argentino; la BioPyme y el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán, entre otros.

También se sumaron universidades, centros tecnológicos y organizaciones sindicales históricamente vinculadas a la industria azucarera de Tucumán, Salta y Jujuy.

La amplitud del respaldo busca enviar una señal política clara al Congreso: el proyecto no es presentado únicamente como una demanda sectorial, sino como una herramienta de desarrollo económico federal.

El espejo de Brasil

La discusión local sobre el futuro de la industria de los biocombustibles ocurre además en un contexto internacional favorable para los combustibles renovables.

Los expertos aseguran que Brasil, principal referencia regional, utiliza porcentajes de mezcla significativamente superiores y ha convertido al etanol en uno de los pilares de su estrategia energética.

Estados Unidos también mantiene una fuerte industria de biocombustibles basada en el maíz mientras que la Argentina, pese a ser uno de los principales productores mundiales de granos y contar con una importante industria azucarera, nunca logró desarrollar plenamente ese potencial.

Por eso, los promotores del proyecto consideran que existe una oportunidad para capturar inversiones industriales, generar valor agregado en origen y ampliar las exportaciones de productos con mayor procesamiento.

Clave para las economías regionales

El impacto de una eventual expansión del bioetanol no se limitaría al sector energético.

La actividad tiene una fuerte presencia en provincias como Tucumán, Córdoba, Salta y Jujuy, donde representa una fuente relevante de empleo industrial y de demanda para productores agrícolas.

En el comunicado, las entidades remarcan que el bioetanol producido a partir de maíz y caña de azúcar constituye un ejemplo concreto de agregado de valor local, ya que permite transformar materias primas en energía y fortalecer cadenas productivas regionales.

La apuesta del sector es que un aumento del corte obligatorio genere una demanda adicional capaz de impulsar nuevas inversiones fabriles y ampliar la actividad económica en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

El desafío político

Ahora la discusión pasa al Congreso.

Las entidades reclamaron que el Senado "reconozca la relevancia estratégica del proyecto" y avance en su tratamiento para construir una política energética de largo plazo que combine producción, industria, sustentabilidad y desarrollo federal.

De todos modos, se anticipa que la definición no será sencilla y se recuerda que el debate por los biocombustibles históricamente enfrentó intereses de productores agroindustriales, refinadoras de petróleo y distintos gobiernos provinciales.

Sin embargo, el respaldo conseguido por el oficialismo muestra que parte importante del entramado productivo considera que el momento es propicio para reabrir la discusión.

"La oportunidad es ahora", concluyeron las entidades en un mensaje que busca transformar una vieja discusión energética en una apuesta por más producción, empleo e inversiones.