Quebró empresa del agro tras acumular una colosal deuda de $11.300 millones en cheques rebotados

La Justicia comercial decretó la quiebra de Gugax S.A., una empresa vinculada al negocio agropecuario que acumula más de $11.300 millones en cheques rechazados, deudas financieras y denuncias por presuntas estafas comerciales en distintas provincias. La resolución judicial ordenó la clausura de su sede social, la inhibición general de bienes, el embargo de fondos, la prohibición de salida del país para su presidente y el inicio del proceso de verificación de acreedores.

El nivel de deterioro quedó reflejado incluso dentro del expediente: luego de declarada la quiebra, el abogado de la compañía renunció a su representación tras informar que había perdido contacto con Oscar Máximo Díaz, titular de la firma.

La decisión fue adoptada por el juez Fernando Saravia, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N°11, quien hizo lugar al pedido de propia quiebra presentado por la sociedad en octubre de 2025. En la resolución, el magistrado consideró acreditado el estado de cesación de pagos invocado por la empresa, calificó inicialmente el expediente como una "pequeña quiebra" y dispuso una serie de medidas destinadas a preservar los activos que pudieran existir para afrontar los reclamos de los acreedores.

La compañía, constituida en 2011 y dedicada a la comercialización y distribución de productos agropecuarios, reconoció al solicitar la quiebra un pasivo cercano a los $747,8 millones. Entre los principales acreedores informados por la propia firma figuran:

• Diésel Lange, con más de $271 millones
• Grúa San Blas, con alrededor de $141 millones
• Oncity, con más de $74 millones
• Difliama, con aproximadamente $71 millones
• Milkaut, con casi $36 millones
• Grupo Simpa, con cerca de $33 millones

Sin embargo, la situación financiera que reflejan los registros oficiales resulta mucho más comprometida que la informada en el expediente. Según datos del Banco Central correspondientes a abril de 2026, Gugax acumula 1.199 cheques rechazados por un monto total de $11.321 millones, sin que ninguno haya sido regularizado. Además, registra deudas con Banco Supervielle, Banco Galicia, Banco Macro, Banco Credicoop, BBVA y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), varias de ellas clasificadas dentro de las categorías de mayor riesgo crediticio del sistema financiero.

En el escrito mediante el cual pidió su propia quiebra, la empresa sostuvo que ingresó en estado de cesación de pagos el 26 de septiembre de 2025 y atribuyó la crisis a la pérdida de financiamiento bancario, restricciones crediticias, conflictos con acreedores y una fuerte desconfianza del mercado respecto de su operatoria. También afirmó que algunos acreedores retiraron mercadería de sus instalaciones sin devolver los cheques que habían recibido como garantía de pago y denunció una supuesta campaña de desprestigio que, según su versión, afectó su reputación comercial.

La denuncia por los tractores y el interés de otras fiscalías

La crisis financiera tuvo además un costado penal. En octubre de 2025, la Fiscalía General de General Pico, en La Pampa, informó la recuperación de tres tractores John Deere 0Km valuados en más de $650 millones que, según la investigación, habían sido adquiridos por Gugax mediante una operatoria basada en cheques sin fondos.

La denuncia fue presentada por Diésel Lange, precisamente el principal acreedor informado por la compañía en el expediente de quiebra. De acuerdo con la acusación, Gugax concretó la compra de las maquinarias utilizando 24 cheques emitidos contra distintas entidades financieras. Los investigadores sostienen que los responsables de la firma habrían simulado solvencia económica para cerrar la operación y posteriormente incumplieron los pagos comprometidos.

A partir de esa denuncia, la Justicia ordenó allanamientos en distintas localidades bonaerenses para localizar los bienes. Los procedimientos permitieron encontrar y secuestrar los tres tractores, que posteriormente fueron restituidos a Diésel Lange.

El caso cobró especial relevancia porque la empresa denunciante no sólo logró recuperar las maquinarias sino que además figura como el mayor acreedor declarado por Gugax en el proceso de quiebra, con un crédito superior a los $271 millones.

Lo cierto es que la denuncia de La Pampa no fue la única actuación judicial vinculada con la firma. En enero de este año, la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de Santa Fe solicitó acceso al expediente de Gugax para incorporarlo a una investigación propia. Aunque el requerimiento no detalla el objeto de la pesquisa, la intervención de un área especializada en criminalidad económica muestra que la situación de la empresa ya había trascendido el ámbito estrictamente comercial.

Clausura, embargos y prohibición de salida del país

La resolución firmada por Saravia incluyó una batería de medidas destinadas a preservar activos para los acreedores. Entre ellas se dispuso la inhibición general de bienes, el embargo de fondos y valores existentes en entidades financieras, la identificación de inmuebles y otros activos susceptibles de liquidación, así como la clausura de la sede social ubicada sobre la avenida Álvarez Thomas, en la Ciudad de Buenos Aires.

La sentencia también estableció la prohibición de salida del país para Oscar Máximo Díaz hasta diciembre de 2026 y la inhabilitación de la sociedad y de sus administradores por el plazo de un año. Además, el juez dejó constancia de que existían al menos cinco pedidos de quiebra promovidos por distintos acreedores que quedaron absorbidos por el expediente principal.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió después de la declaración de quiebra. Francisco José Chiarelli, abogado patrocinante de la empresa desde la presentación del pedido de propia quiebra, informó al juzgado que había perdido contacto con Díaz y formalizó su renuncia a la representación de la compañía.

Con una quiebra ya decretada, más de $11.300 millones en cheques rechazados que continúan figurando en los registros del Banco Central, investigaciones judiciales abiertas en distintas jurisdicciones y múltiples acreedores reclamando cobro, el futuro de Gugax queda ahora en manos de la sindicatura y de la Justicia, que deberán determinar qué activos quedan disponibles para responder frente a los acreedores y cuál fue el alcance real de las maniobras denunciadas.