La otra caja del Gobierno: cómo reutiliza mercadería decomisada para evitar gastos

Cuando se habla de los activos del Estado, la atención suele concentrarse en empresas públicas, inmuebles, concesiones o recursos provenientes de la recaudación tributaria.

Sin embargo, existe otra fuente de valor menos visible que cada año moviliza miles de productos retenidos en depósitos fiscales de todo el país: la mercadería decomisada, secuestrada o abandonada bajo custodia de la Aduana.

Ese universo volvió a quedar bajo la lupa tras la publicación de la Disposición 45/2026 de la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia.

La norma fue dada a conocer este lunes 22 de junio en el Boletín Oficial y su objetivo es la de autorizar la cesión sin cargo de bienes provenientes de la Aduana de Orán a la provincia de Salta.

Aunque se trata de una decisión administrativa, detrás de la medida existe una política con impacto económico concreto.

El de transformar activos inmovilizados en recursos para provincias y organismos públicos, reducir costos de almacenamiento y evitar nuevas erogaciones presupuestarias en un contexto donde la eficiencia del gasto se convirtió en uno de los ejes centrales de la gestión de Javier Milei.

La propia disposición señala que la provincia solicitó los bienes para "fortalecer la capacidad operativa del Estado provincial", una definición que refleja el objetivo de reutilizar mercadería ya disponible en lugar de destinar recursos a nuevas adquisiciones.

Stock millonario

La medida se basa en un hecho concreto como el que cada año la Aduana argentina retiene miles de toneladas de mercadería por distintos motivos.

Se trata de productos decomisados en procedimientos de contrabando, bienes involucrados en infracciones aduaneras, mercadería abandonada por importadores o artículos que quedan inmovilizados por procesos administrativos y judiciales.

Ese universo representa un desafío logístico y económico para el Estado como es el de mantener productos durante años en depósitos fiscales.

Esta decisión implica gastos de almacenamiento, custodia, control y administración a lo que se suma que muchos bienes pierden valor con el paso del tiempo, especialmente cuando se trata de alimentos, indumentaria, calzado, artículos de higiene o productos de consumo masivo.

Por ese motivo, el Gobierno busca acelerar su reasignación mediante la aplicación de la Ley 25.603 que habilita que determinados bienes sean entregados a provincias, municipios, organismos públicos y entidades sociales cuando puedan ser utilizados con fines comunitarios o institucionales.

La disposición publicada este lunes se inscribe precisamente en ese esquema.

Según el texto oficial, los bienes fueron puestos a disposición de la Secretaría General de la Presidencia por la Aduana de Orán y posteriormente asignados a la provincia de Salta para su utilización en programas y actividades bajo responsabilidad estatal.

La lógica económica de la medida

En el mercado se explica que la decisión responde a una ecuación simple.

Si una provincia necesita equipamiento, indumentaria, alimentos o productos de uso social y esos bienes ya se encuentran bajo custodia estatal, la transferencia evita realizar nuevas compras con fondos públicos.

Al mismo tiempo, la Nación reduce los costos asociados a mantener esos activos inmovilizados.

Desde el punto de vista fiscal, la operación genera un doble beneficio: disminuye los gastos potenciales de la provincia beneficiada y reduce los costos logísticos que debe afrontar el Estado nacional.

En otras palabras, se trata de transformar un pasivo administrativo en un activo útil.

De hecho, la propia normativa destaca que los bienes serán destinados a fortalecer la capacidad operativa provincial y atender necesidades públicas.

Se trata de un criterio que busca maximizar el valor económico y social de productos que de otra manera podrían permanecer durante años en depósitos fiscales.

El papel de la Aduana

En el mercado no resulta casual que la mercadería cedida provenga de la Aduana de Orán.

Ubicada en una de las zonas fronterizas más sensibles del país, esta dependencia concentra una parte importante de los procedimientos vinculados al ingreso irregular de mercadería desde Bolivia.

La región es considerada uno de los principales corredores de contrabando del norte argentino y suele registrar un elevado volumen de secuestros de productos textiles, indumentaria, calzado, alimentos, electrónica y otros bienes de consumo masivo.

Como consecuencia, una parte importante de la mercadería retenida termina acumulándose en depósitos fiscales a la espera de una resolución administrativa o judicial.

La cesión a Salta busca justamente acelerar el aprovechamiento de esos bienes.

El rol de la provincia

Sin embargo, la transferencia no implica una entrega automática e irrestricta si se tiene en cuenta que la disposición establece que la provincia deberá informar la fecha prevista para retirar la mercadería y coordinar la logística necesaria para concretar la operación.

Asimismo, tendrá un plazo de noventa días hábiles para remitir la documentación que acredite la recepción definitiva y la conformidad del inventario recibido.

En caso de detectar productos deteriorados o que no resulten aptos para su utilización, también deberá elaborar un acta de rechazo correspondiente.

Según el texto oficial, la provincia deberá presentar la documentación de aceptación luego de verificar los bienes recibidos, garantizando así la trazabilidad del proceso.

Buscando evitar negocios privados

Uno de los aspectos más relevantes de la normativa está vinculado al destino final de la mercadería.

La disposición recuerda expresamente que los bienes entregados se encuentran alcanzados por las restricciones previstas en la Ley 25.603.

En ese marco, establece que las mercaderías cedidas "no podrán ser vendidas por el término de cinco (5) años" desde su recepción.

La prohibición apunta a impedir que productos entregados gratuitamente por el Estado vuelvan al circuito comercial o generen beneficios económicos privados.

Por el contrario, deberán utilizarse exclusivamente para los fines institucionales, sociales o comunitarios que justificaron su cesión.

Herramienta que gana protagonismo

La transferencia a Salta forma parte de una estrategia que comenzó a ganar relevancia en los últimos años y que podría profundizarse en el actual contexto económico.

Mientras el Gobierno avanza con políticas de reducción del gasto público y revisión de partidas presupuestarias, la reutilización de bienes decomisados aparece como una alternativa para obtener valor económico de activos que ya forman parte del patrimonio estatal.

Detrás de cada disposición de este tipo existe una lógica de administración de recursos: reducir costos, evitar pérdidas de valor y aprovechar mercadería que de otro modo podría permanecer inmovilizada durante años.

Por eso, lejos de tratarse únicamente de una cuestión administrativa, la distribución de bienes retenidos por la Aduana se transformó en una herramienta de gestión económica.

De este modo, se puede decir que en un escenario donde cada peso del gasto público es objeto de revisión, la llamada "otra caja del Estado" comienza a adquirir un protagonismo creciente.

El de convertir productos retenidos por el sistema aduanero en recursos concretos para provincias y organismos públicos sin necesidad de realizar nuevas compras ni incrementar el presupuesto.