Tierra del Fuego: el Gobierno reordena el esquema del FAMP y redefine reglas para inversiones industriales
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El Gobierno nacional flexibilizó las condiciones de cumplimiento de proyectos de inversión en Tierra del Fuego. La medida llega tras la reducción a cero del aporte obligatorio que realizan las empresas al fideicomiso provincial FAMP-Fueguina, el instrumento creado para impulsar la matriz productiva bajo el régimen especial de la isla.
La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa oficializó el cambio mediante la Resolución 152/2026. El texto fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La norma introduce modificaciones clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina), el fideicomiso que canaliza inversiones productivas en la provincia bajo el paraguas de la Ley 19.640, la norma que rige el régimen de promoción industrial en el extremo sur del país.
El régimen fueguino busca fomentar la actividad económica en la región mediante beneficios fiscales y aduaneros. El objetivo histórico: fortalecer la presencia poblacional y productiva en una zona estratégica.
En 2021, el esquema fue complementado con la creación del FAMP-Fueguina. Ese fideicomiso capta aportes empresariales obligatorios y los destina a proyectos de ampliación de capacidad productiva y mejora de competitividad.
Qué cambió con la nueva resolución del Gobierno
El punto central de la norma es la modificación del artículo 2 de la Resolución 20/2026. Esa resolución previa había dispuesto la reducción a cero del aporte mensual obligatorio al FAMP.
Con la nueva disposición, el Gobierno aclara que esa reducción no libera a las empresas del cumplimiento de los proyectos de inversión ya aprobados. Pero sí habilita la posibilidad de solicitar adecuaciones en los mismos.
Las modificaciones podrán alcanzar tanto los montos de inversión como los plazos de ejecución originalmente comprometidos, siempre que no se altere el objetivo central: contribuir a la ampliación de la matriz productiva y a la mejora de la competitividad en la provincia.
Las empresas tendrán un plazo de 30 días hábiles desde la entrada en vigencia de la resolución para solicitar esas adecuaciones. El Comité Ejecutivo del FAMP-Fueguina será el encargado de evaluarlas y aprobarlas.
Si las empresas no presentan solicitudes de cambio, o si estas son rechazadas, se mantendrán los compromisos originales tal como fueron aprobados inicialmente.
Cuánto tiempo tienen las empresas para ejecutar los fondos retenidos
La normativa también modifica el tratamiento de las sumas retenidas destinadas a inversiones productivas. Establece que deberán aplicarse a los proyectos aprobados en un plazo máximo de 48 meses desde su aprobación.
El Comité Ejecutivo podrá disponer condiciones específicas según cada caso. Pero el plazo de cuatro años funciona como techo general.
Si esos fondos no son ejecutados en tiempo y forma, las empresas deberán reintegrarlos al FAMP-Fueguina. El reintegro incluirá intereses calculados sobre la tasa activa del Banco Nación.
El pago deberá realizarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación del cálculo correspondiente. No cumplir con el plazo de ejecución implica devolver el dinero con intereses.
Qué exigencias quedan suspendidas mientras dure la rebaja del aporte
La resolución también establece que no serán exigibles determinadas previsiones vinculadas al cálculo del aporte mensual obligatorio. Esta suspensión se mantendrá mientras continúe vigente la reducción a cero del mismo.
Esa reducción fue dispuesta en enero de 2026 mediante la Resolución 20/2026. El Gobierno ajusta así el funcionamiento operativo del sistema en un escenario de revisión de los incentivos y obligaciones de las empresas adheridas al régimen.
El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, establecido por la Ley 19.640, data de décadas atrás. Fue concebido como herramienta para poblar y desarrollar económicamente el sur argentino.
Con esta nueva resolución, el Gobierno busca adecuar el sistema a las condiciones actuales. Las empresas tienen ahora margen para renegociar sus compromisos de inversión sin perder los beneficios del régimen.