El Gobierno pagará con bonos las deudas de obra pública: qué constructoras podrán cobrar

La estrategia de ajuste fiscal del Gobierno sumó un nuevo capítulo, esta vez enfocado en uno de los sectores más golpeados desde la llegada de la administración de Javier Milei: la construcción.

Después de paralizar cientos de obras, revisar contratos heredados y reducir al mínimo la ejecución de nuevos proyectos nacionales, el Ministerio de Economía decidió avanzar ahora sobre otro frente que permanecía abierto: la deuda acumulada con las empresas constructoras por trabajos ya ejecutados.

La solución elegida no será un desembolso de fondos frescos, ya que ofrecerá títulos públicos para cancelar esas obligaciones, en un esquema que busca aliviar el pasivo sin comprometer el equilibrio fiscal que el Gobierno considera el principal objetivo de su programa económico.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1/2026 publicada este jueves 2 de julio en el Boletín Oficial por la Secretaría de Coordinación de Infraestructura.

La medida creó el Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública.

El mecanismo alcanza a contratos ejecutados bajo la Ley de Obras Públicas y también a proyectos financiados por organismos multilaterales de crédito, siempre que las acreencias correspondan al período comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2025 o provengan de contratos extinguidos desde 2024.

La iniciativa prevé un cupo máximo de $221.119.509.519, que será cancelado mediante una combinación de Letras y Bonos Capitalizables del Tesoro.

Un problema heredado

La resolución es el resultado de un relevamiento realizado durante los últimos meses por las secretarías de Infraestructura, Obras Públicas y Transporte.

Ese trabajo permitió identificar un importante volumen de obligaciones pendientes derivadas de certificados de obra aprobados, acopio de materiales, redeterminaciones de precios por inflación y contratos que fueron rescindidos o quedaron paralizados.

En los fundamentos de la norma, el propio Ministerio reconoce que no existen partidas presupuestarias suficientes para cancelar la totalidad de esas obligaciones en efectivo, razón por la cual resolvió utilizar instrumentos financieros ya emitidos por el Tesoro Nacional.

El objetivo oficial es doble: comenzar a normalizar la situación con los contratistas y, al mismo tiempo, evitar un impacto inmediato sobre las cuentas públicas.

La decisión se enmarca además en la política de fuerte reducción del gasto de capital aplicada desde fines de 2023, cuando el Gobierno suspendió la mayor parte de la obra pública nacional, revisó miles de contratos y redefinió cuáles proyectos continuarían por considerarse estratégicos.

Como consecuencia de ese proceso, numerosas empresas quedaron con certificados pendientes de cobro, mientras otras iniciaron negociaciones o reclamos administrativos para recuperar acreencias derivadas de contratos rescindidos.

Cómo funcionará el nuevo mecanismo

El régimen es voluntario y las empresas que decidan adherir deberán presentar su solicitud dentro de los 10 días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la resolución, a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Posteriormente tendrán otros 10 días para presentar la liquidación de los créditos que consideran adeudados, junto con toda la documentación respaldatoria y el cálculo de los intereses por mora cuando correspondan.

Las áreas técnicas del Ministerio revisarán cada presentación antes de aprobar el monto definitivo y firmar el acta acuerdo que extinguirá la obligación.

A partir de ese momento, el Estado cancelará la deuda mediante tres instrumentos financieros:

• Una Lecap con vencimiento el 30 de octubre de 2026, equivalente al 33% del monto
• Un Boncap con vencimiento el 15 de enero de 2027, por otro 33%
• Un Boncap con vencimiento el 30 de abril de 2027, que cubrirá el 34% restante

Los títulos serán entregados a su valor técnico vigente al día hábil anterior.

Qué constructoras podrían acceder

Si bien la resolución no identifica empresas en particular, el nuevo esquema está dirigido a todos los contratistas que mantengan acreencias con el Estado nacional en el ámbito de las secretarías de Obras Públicas y Transporte y que cumplan las condiciones fijadas por la norma.

Dentro de ese universo se encuentran grandes compañías constructoras que en los últimos años participaron en licitaciones nacionales de rutas, puentes, obras hidráulicas, infraestructura ferroviaria, saneamiento y edificios públicos, además de empresas medianas y pequeñas que ejecutaron proyectos en distintas provincias.

Es decir, las principales constructoras que históricamente tuvieron contratos con el Estado, como Cartellone, Roggio, Panedile, Esuco, José Chediack, CPC y Techint Ingeniería, entre otras.

La adhesión, sin embargo, no será automática y cada contratista deberá presentar la documentación que respalde los montos reclamados, y esos créditos serán auditados por las áreas técnicas del Ministerio de Economía antes de aprobar su incorporación al régimen.

Las solicitudes, además, serán analizadas por orden de presentación y estarán sujetas al cupo global de $221.119 millones previsto por la resolución.

Si la demanda supera ese límite, el programa podría agotarse antes de incluir a todas las empresas con acreencias pendientes.

Una solución con costo

Desde la óptica oficial, el mecanismo permite comenzar a reducir un pasivo que se fue acumulando durante los últimos años sin afectar el objetivo de mantener el equilibrio fiscal.

Para las constructoras, en cambio, el escenario es más complejo, ya que recibir títulos públicos implica inmovilizar parte del capital hasta el vencimiento o vender esos bonos en el mercado secundario si necesitan liquidez inmediata.

En ese último caso, el valor obtenido dependerá de las condiciones financieras vigentes al momento de la operación.

En un sector que viene atravesando una fuerte caída de la actividad, muchas empresas necesitan recursos para afrontar salarios, proveedores, impuestos y nuevos proyectos, por lo que el cobro mediante instrumentos financieros puede no tener el mismo impacto que un pago en efectivo.

No obstante, para compañías que llevan meses —e incluso años— esperando el cobro de certificados aprobados, el régimen representa la posibilidad de destrabar acreencias cuya cancelación no tenía un horizonte definido.

El requisito más exigente

Uno de los aspectos centrales de la resolución es que el Estado condiciona el ingreso al programa a una renuncia amplia por parte de los contratistas.

El acta acuerdo que deberán firmar las empresas establece expresamente el desistimiento de todas las acciones administrativas y judiciales vinculadas con cada contrato alcanzado por el régimen. También deberán renunciar a futuros reclamos relacionados con la ecuación económica y financiera del contrato, incluso aquellos que eventualmente pudieran derivarse de haber aceptado el cobro mediante títulos públicos en lugar de dinero.

Con esa cláusula, el Gobierno busca cerrar definitivamente cada expediente y evitar que, una vez percibidos los bonos, continúen litigios que puedan generar nuevas obligaciones para el Estado.

La medida forma parte de la estrategia de reorganización de la obra pública encarada por el Ministerio de Economía.

El proceso combina la revisión de contratos, la redefinición de proyectos prioritarios y la búsqueda de mecanismos alternativos para reducir el peso del gasto público sin dejar abiertos conflictos administrativos o judiciales que puedan extenderse durante los próximos años.

A la espera de señales de reactivación

La decisión de instrumentar un mecanismo para cancelar parte de la deuda con las constructoras llega en un momento delicado para la industria de la construcción.

Desde el cambio de administración, la obra pública nacional dejó de ser uno de los motores de la actividad.

El Gobierno revisó miles de contratos, paralizó proyectos considerados no prioritarios y concentró los recursos disponibles en un número reducido de obras estratégicas vinculadas con el transporte, la seguridad vial y la infraestructura crítica.

Ese cambio de política tuvo un fuerte impacto sobre las empresas del sector.

Muchas debieron reestructurar sus operaciones, reducir personal, renegociar contratos con proveedores y buscar oportunidades en proyectos privados o en licitaciones impulsadas por provincias y municipios.

Al mismo tiempo, varias compañías mantenían certificados de obra aprobados que aún no habían sido cancelados por el Estado, además de diferencias derivadas de redeterminaciones de precios en un período marcado por una elevada inflación y fuertes variaciones en los costos de los materiales.

En ese contexto, el nuevo régimen aparece como un intento de comenzar a normalizar una parte de esos pasivos, aunque sin modificar la estrategia fiscal de la administración nacional.

Hacia un nuevo modelo de infraestructura

Más allá del alivio que pueda representar para algunas empresas, la resolución también refleja el cambio de paradigma que impulsa el Gobierno en materia de infraestructura.

A diferencia de administraciones anteriores, que utilizaron la obra pública como una herramienta de inversión y de impulso de la actividad económica, la gestión de Javier Milei apuesta a reducir al mínimo la participación del Estado como financiador directo de nuevos proyectos.

La estrategia oficial pasa por priorizar las concesiones, los esquemas de participación privada y los mecanismos de financiamiento alternativos, mientras limita el uso de recursos del Tesoro para obras de gran magnitud.

En ese escenario, el régimen de cancelación mediante bonos busca resolver parte de los compromisos heredados sin alterar la meta de equilibrio fiscal que el Ministerio de Economía considera el principal ancla del programa económico.

El desafío, ahora, será medir cuántas constructoras aceptan adherir al esquema y si el cupo de $221.119 millones resulta suficiente para absorber una porción significativa de las acreencias pendientes.

De esa respuesta dependerá, en buena medida, si el Gobierno logra descomprimir uno de los conflictos que dejó la paralización de la obra pública o si la discusión continúa trasladándose a los tribunales.