La dueña de Musimundo pidió concurso preventivo y busca evitar el desguace

La crisis de una de las empresas históricas del negocio argentino de electrodomésticos ingresó en una etapa decisiva. Se trata de CARSA S.A., una compañía chaqueña que opera bajo licencia la marca Musimundo y que solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores.

Lo hizo ante el Juzgado Civil y Comercial N°23 de Resistencia, Chaco, en un intento por frenar el deterioro financiero, ordenar sus deudas y evitar una liquidación desordenada de sus activos.

La presentación judicial, que tramita bajo el expediente "CARSA S.A. s/ Concurso Preventivo", fue comunicada al mercado este martes 6 de julio mediante un informe enviado por la propia empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Posteriormente, fue ratificada por la totalidad de los accionistas en una asamblea que también se llevó a cabo el mismo día y en la que se explica que la decisión se tomó después de que la compañía admitiera que ya no estaba en condiciones de afrontar regularmente sus compromisos financieros.

Precisamente, el dato que terminó por precipitar la presentación judicial fue el rechazo de cheques por falta de fondos por aproximadamente $1.593,4 millones.

A eso se agrega la existencia de otros cheques de pago diferido con fechas de presentación hasta el 31 de octubre de 2026 por un total de $2.480 millones.

La documentación societaria no permite establecer si el monto de los documentos ya rechazados está completamente fuera de esos $2.480 millones o si existe alguna superposición entre ambas cifras.

Por ese motivo, no corresponde sumar automáticamente ambos montos como una deuda adicional de casi $4.100 millones.

Un problema mucho más profundo

De todos modos, la situación de la dueña de Musimundo es todavía más grave que una cantidad de cheques rechazados.

Así lo demuestran datos financieros disponibles utilizados por Moody's Local Argentina que hacen mención a un pasivo total de CARSA de aproximadamente $63.503 millones, frente a los $54.874 millones y $44.822 millones registrados en períodos anteriores comparables.

La compañía venía, por lo tanto, acumulando no solamente pérdidas sino también una creciente presión sobre su estructura financiera.

Ahora, el concurso preventivo aparece ahora como la última herramienta de la conducción para intentar evitar que la crisis de liquidez termine en un desmembramiento de la compañía.

Del esplendor al fracaso

La dimensión de la crisis se entiende mejor al observar el recorrido de CARSA durante las últimas décadas.

La empresa nació en Chaco y construyó una de las mayores redes comerciales del negocio de electrodomésticos del interior del país.

Durante su período de expansión llegó a operar más de 100 puntos de venta y su dotación se ubicó por encima de los 2.000 empleados.

En su presentación institucional histórica, la propia compañía se definía como una empresa con más de 100 puntos de venta, mientras que durante la crisis de 2018 informó públicamente que contaba con más de 2.000 colaboradores.

Ese tamaño quedó lejos de la realidad actual si se tiene en cuenta que el propio sitio institucional del grupo informa que CARSA mantiene presencia comercial en Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa y Buenos Aires.

La operación se concentra en el norte argentino y forma parte de un grupo que también posee actividades vinculadas con logística y fabricación y venta de colchones y sommiers.

La reducción de la red volvió a quedar expuesta este año cuando la compañía convocó a una asamblea para analizar una oferta por la transferencia de 45 sucursales.

La operación era de tal magnitud que Moody's Local Argentina colocó en mayo pasado la calificación de CARSA en revisión a la baja.

La calificadora advirtió que, si la transferencia se concretaba en los términos planteados, la empresa dejaría de operar esos activos y destinaría los fondos obtenidos a cancelar compromisos.

Ese dato ya mostraba la profundidad del problema: la discusión ya no giraba solamente alrededor de conseguir financiamiento o renegociar vencimientos, sino de desprenderse de una parte sustancial de la estructura comercial para conseguir caja.

Una caída que aceleró la crisis

En las actas que respaldaron la presentación concursal, el directorio de CARSA realizó un diagnóstico detallado de las causas que, según la empresa, provocaron el deterioro.

La conducción ubicó el inicio de la actual crisis en marzo de 2025, cuando comenzó una retracción de la demanda que afectó las ventas de electrodomésticos y bienes durables.

A esa caída del consumo agregó la competencia de mercadería ingresada ilegalmente al país, la reducción de los márgenes comerciales provocada por una mayor oferta de productos importados, las dificultades generales del mercado de consumo masivo y los problemas de abastecimiento de productos considerados esenciales para la operación.

La empresa también hizo referencia a una reconfiguración de la matriz productiva argentina que, según su interpretación, beneficia a sectores poco intensivos en empleo mientras golpea a actividades tradicionales vinculadas con el comercio y el consumo.

El problema fue que la caída de las ventas encontró a CARSA con una estructura que necesitaba volumen para sostener sus costos y con un negocio financiero también afectado por el aumento de la morosidad.

De hecho, a comienzos de este 2026, Moody's ya había advertido sobre el deterioro de la rentabilidad, el menor consumo de electrodomésticos, el incremento de la mora en los créditos al consumo y la volatilidad de las tasas de interés.

En el mismo sentido, en marzo, la calificadora bajó la nota de CARSA desde BBB-.ar a BB.ar y dos meses después, ante la posibilidad de venta de las 45 sucursales, volvió a colocar la calificación en revisión a la baja.

Pérdidas millonarias y falta de caja

A partir de este escenario se puede asegurar que el pedido de concurso preventivo no fue una decisión inesperada por parte del directorio de la sociedad dueña de Musimundo.

Durante los últimos meses, sus miembros venían discutiendo diferentes alternativas para enfrentar una crisis que combinaba pérdidas operativas, vencimientos financieros y falta de capital de trabajo.

Según documentación societaria conocida durante la disputa interna de la compañía, CARSA había perdido alrededor de $11.500 millones en el período anterior y otros $4.500 millones durante el primer trimestre de 2026.

En ese contexto, las opciones analizadas incluían reducción de personal, achicamiento de la estructura, venta de activos, transferencia de sucursales y una eventual reestructuración judicial de pasivos.

Finalmente se impuso esta última alternativa y la explicación dada por José María Franchino, presidente de CARSA, fue directa: la cercanía y magnitud de los vencimientos hacían prever que la sociedad no tendría capacidad financiera para afrontarlos de manera regular.

El ejecutivo sostuvo que el concurso permitirá preservar la continuidad operativa, proteger el patrimonio, mantener el valor de los activos, resguardar las fuentes de trabajo y negociar de manera ordenada con los acreedores.

Crisis financiera y pelea societaria

En gran parte de este proceso, la crisis económica se desarrolló en medio de una fuerte disputa interna entre los principales accionistas de CARSA.

La estructura societaria tiene como accionista mayoritario a José María Franchino, mientras que JAS Inversora mantiene una participación relevante y actúa como el otro gran polo de poder dentro de la empresa.

Durante los últimos meses, las diferencias entre los socios quedaron expuestas en reuniones de directorio y asambleas en las que se discutieron el deterioro financiero, la responsabilidad de la conducción, las medidas de ajuste y la eventual transferencia de sucursales.

La profundidad de esas diferencias llevó incluso a una intervención judicial en la vida societaria y a la designación de un veedor.

Sin embargo, frente a la posibilidad concreta de una cesación de pagos más profunda, los accionistas terminaron respaldando por unanimidad la presentación concursal.

En el acta de ratificación dejaron asentado que el concurso constituye "la herramienta legal adecuada y conveniente" para preservar la continuidad de la empresa, proteger el patrimonio social, conservar las fuentes laborales y posibilitar una reestructuración ordenada del pasivo.

Antecedente de una deuda reestructurada

Pero el pedido concursal no es algo nuevo para estos ejecutivos ya que en CARSA conocen el camino de los tribunales judiciales.

En junio de 2018, la compañía había solicitado por primera vez la apertura de su concurso preventivo en medio de otra fuerte crisis del consumo.

En aquel momento, las cifras sobre el pasivo variaban según la etapa del proceso y la composición de las obligaciones consideradas.

La primera información pública hablaba de una deuda superior a los $1.000 millones, mientras que estimaciones posteriores elevaron el pasivo involucrado hasta alrededor de $3.000 millones.

Sin embargo, el proceso judicial no avanzó hasta una reestructuración concursal completa y la empresa alcanzó acuerdos privados con sus acreedores y terminó reestructurando pasivos por casi $5.500 millones.

La operación involucró a proveedores, entidades financieras y tenedores de obligaciones negociables y dentro de ese proceso, CARSA refinanció además deuda con 22 bancos acreedores por más de $1.200 millones.

La diferencia con aquel escenario es que ahora la empresa llega a la Justicia con una estructura comercial mucho más reducida, pérdidas acumuladas, cheques rechazados, dificultades para financiar capital de trabajo y una crisis societaria que agrega incertidumbre.

Qué pasará con Musimundo

De todos modos, cabe aclarar que la presentación del concurso no implica el cierre automático de la empresa ni de sus locales.

El primer paso será la decisión judicial sobre la apertura formal del proceso.

En caso de ser admitido, se pondrá en marcha el procedimiento previsto por la Ley de Concursos y Quiebras, que incluye la designación de la sindicatura, la presentación y verificación de créditos y la determinación de los acreedores habilitados para participar de una futura negociación.

A partir de allí, CARSA deberá elaborar una propuesta de reestructuración y conseguir las mayorías legales necesarias para alcanzar un acuerdo preventivo.

Durante ese período, la compañía podrá continuar operando, aunque bajo las restricciones y controles propios del proceso concursal.

La incógnita central es cuál será el tamaño de Musimundo cuando termine esa negociación teniendo en cuenta que llegó a tener más de 100 puntos de venta y más de 2.000 empleados y que enfrenta ahora una discusión mucho más urgente que la expansión de su negocio.

Es decir, la de determinar cuántas sucursales puede sostener, qué activos deberá vender, cómo financiará su operación diaria y qué acuerdo podrá ofrecer a sus acreedores.

En este caso, el concurso preventivo abre una nueva oportunidad para intentar ordenar las cuentas.

Pero, a diferencia de lo ocurrido en 2018, CARSA llega esta vez con menos margen financiero, una red comercial achicada y una crisis interna que convierte al proceso judicial en una prueba decisiva para la continuidad de una de las empresas históricas del negocio argentino de electrodomésticos.