Recibió fondos para salvar una fábrica textil, apostó al fast food y terminó en quiebra

La crónica periodística describe un proyecto que había comenzado como un rescate empresario de una fábrica textil paralizada, más de un centenar de puestos de trabajo en riesgo y la llegada de un nuevo inversor que prometía volver a poner las máquinas en funcionamiento.

Los antecedentes recuerdan que hubo fondos públicos para comprar equipamiento, asistencia para sostener empleos y planes de expansión.

Al mismo tiempo, la compañía buscaba diversificarse hacia otro negocio completamente diferente: la gastronomía, con un concepto de fast food de comida china.

Sin embargo, la experiencia terminó de otra manera y la Justicia acaba de decretar la quiebra de Grupo Shanghai S.A.

Se trata de una sociedad que en los últimos años quedó en el centro de una compleja historia empresaria que conectó la industria de la indumentaria con la gastronomía y que tuvo su episodio más conflictivo en Catamarca.

Ahora, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°27, a cargo de la jueza María Virginia Villarroel, decretó la quiebra con fecha del 26 de junio pasado.

La decisión judicial, que recién fue publicada este martes 7 de julio en la segunda sección del Boletín Oficial de la Nación, abre ahora una nueva etapa.

Se deberá determinar cuánto debe la empresa, quiénes son sus acreedores, qué bienes conserva y cuáles de los negocios y activos que estuvieron vinculados con su expansión integran efectivamente el patrimonio de la sociedad fallida.

El proceso también vuelve a poner bajo la lupa la historia del fallido rescate de la ex TextilCom, una planta que Grupo Shanghai buscó reactivar bajo el proyecto de MOM Sports y que terminó cerrada pocos meses después.

Un rescate que terminó en conflicto

El capítulo más relevante de la historia reciente de Grupo Shanghai comenzó en 2024 cuando la empresa apareció como la alternativa para recuperar la actividad de la ex TextilCom, una fábrica de indumentaria ubicada en Catamarca que atravesaba una profunda crisis.

El cierre de su anterior operador había dejado sin actividad una estructura industrial con personal especializado y capacidad instalada para producir indumentaria.

La llegada del nuevo grupo fue presentada como una oportunidad para recuperar parte de los empleos perdidos y reactivar las líneas de producción.

La apuesta se desarrolló bajo la denominación MOM Sports y tuvo como una de sus caras visibles al empresario Gabriel Corigliano.

El proyecto contemplaba reincorporar trabajadores, volver a producir y utilizar la capacidad instalada de una planta que tenía experiencia en la confección de prendas para terceros.

El rescate contó además con respaldo económico público si se tiene en cuenta la información conocida durante el posterior conflicto laboral, que hacía mención que de un aporte no reembolsable de la provincia.

El monto fue de aproximadamente $132 millones que tenía como destino la compra de maquinaria y al fortalecimiento de la operación industrial.

En ese momento, la asistencia no se limitaba al equipamiento ya que el proyecto también quedó alcanzado por mecanismos provinciales de apoyo al empleo para subsidiar parte de los costos laborales durante el período de recuperación de la actividad.

La lógica detrás del programa era facilitar la llegada de un nuevo operador privado a una fábrica en crisis y evitar que la pérdida de empleos se volviera definitiva.

Pero el proyecto comenzó a deteriorarse pocos meses después de su puesta en marcha.

De promesa de expansión a los problemas

De hecho, durante el segundo semestre de 2024, la nueva empresa avanzó con la reincorporación de personal y la reanudación de la producción.

La expectativa del grupo era estabilizar la planta y posteriormente aumentar su escala.

Sin embargo, antes de terminar el año comenzaron a aparecer conflictos por pagos salariales y la situación se agravó durante los primeros meses de 2025.

Después del período de vacaciones, un grupo de trabajadores fue desvinculado y el conflicto obligó a la intervención de las autoridades laborales provinciales.

Así fue cómo la crisis dejó rápidamente de ser un problema limitado a una reducción de personal y los reclamos comenzaron a incluir salarios adeudados, aguinaldos, vacaciones e indemnizaciones, mientras la actividad de la fábrica se paralizaba.

Finalmente, la operación industrial terminó cerrada, con más de 100 trabajadores que quedaron afectados por el cierre de la planta, apenas unos meses después de que el proyecto hubiera sido presentado como la alternativa para recuperar la actividad de la ex TextilCom.

El caso generó además cuestionamientos por el destino de la asistencia pública que había recibido el proyecto y por la situación de la maquinaria adquirida o incorporada durante el proceso de reactivación.

La maquinaria, otro punto clave del conflicto

En ese sentido, el conflicto laboral continuó después del cierre si se tiene en cuenta que en mayo de 2025, la Justicia laboral de Catamarca ordenó medidas sobre parte de la maquinaria vinculada con MOM Sports para garantizar reclamos de trabajadores.

En ese momento, las demandas laborales involucradas en esas actuaciones fueron estimadas en alrededor de $135 millones.

Esa cifra, sin embargo, no representa necesariamente el pasivo total de Grupo Shanghai S.A ya que se circunscribe a reclamos laborales vinculados con una parte de la operación industrial.

La verdadera dimensión de la deuda de la sociedad quebrada comenzará a conocerse cuando avance el proceso de verificación de créditos abierto ahora por la Justicia comercial.

La situación de las máquinas también será uno de los temas que deberá analizar la sindicatura teniendo en cuenta que será necesario establecer qué bienes pertenecen a Grupo Shanghai, cuáles estaban afectados a la operación industrial, qué medidas judiciales pesan sobre ellos y qué acreedores tienen derechos reconocidos o reclamos pendientes.

En este sentido, los expertos explican que en una quiebra, esa reconstrucción es central porque determina qué activos pueden eventualmente ser liquidados para afrontar las obligaciones de la fallida.

Apuesta por un negocio diferente

Pero la historia de este grupo empresario tiene otro condimento que la hace todavía más especial.

Mientras intentaba desarrollar el proyecto industrial, también quedó vinculado con una apuesta muy diferente: llevar la comida china al formato del fast food.

La propuesta se desarrolló a través de Shanghai Express, un concepto gastronómico basado en adaptar platos tradicionales de la cocina china a un sistema de operación rápida.

La idea era trasladar al segmento de comida asiática algunas de las herramientas utilizadas por las grandes cadenas: menú estandarizado, producción organizada, tiempos cortos de despacho, delivery y un modelo con posibilidades de expansión mediante nuevos locales y franquicias.

La propuesta incluía productos como chao fan, chao mien, pollo agridulce, baos y dumplings, entre otras opciones.

El concepto buscó diferenciarse del restaurante chino tradicional y del modelo de delivery de barrio. La apuesta era crear una cadena reconocible y escalable, con procesos similares en cada punto de venta.

Para eso, el esquema comercial fue presentado sobre la base de una producción centralizada y abastecimiento a los diferentes locales, con una estrategia que también contemplaba la expansión mediante franquicias.

El negocio logró desarrollar presencia en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

Sin embargo, la declaración de quiebra de Grupo Shanghai abre ahora una pregunta que deberá ser respondida por la investigación patrimonial: cuál es la relación jurídica y económica exacta entre la sociedad fallida y la operación gastronómica.

El impacto real de la quiebra

De todos modos, cabe aclarar que esta declaración de quiebra por parte de la justicia no implica automáticamente el cierre de todos los negocios, locales, marcas o proyectos comerciales que en algún momento estuvieron relacionados con el grupo.

En una estructura empresaria pueden coexistir diferentes sociedades, titulares de marcas, contratos de franquicias, licencias comerciales y operadores independientes.

Por eso, uno de los trabajos de la sindicatura será reconstruir la estructura patrimonial de la empresa quebrada.

Deberá identificar cuentas bancarias, créditos por cobrar, maquinaria, mercadería, bienes registrables, contratos, derechos sobre marcas y eventuales participaciones en otras sociedades.

También tendrá que analizar si existieron operaciones económicas entre empresas relacionadas y determinar cuáles de esos vínculos tienen relevancia para la quiebra.

Hasta que ese trabajo avance, no es posible establecer el impacto concreto que el proceso tendrá sobre la operación gastronómica.

Pero la caída de la sociedad agrega incertidumbre sobre un proyecto empresario que, en pocos años, intentó desarrollarse simultáneamente en dos sectores con dinámicas completamente diferentes.

La deuda del Grupo Shanghai

La principal incógnita del expediente es, por ahora, el monto del pasivo ya que el edicto judicial que comunica la quiebra no informa una cifra total de deuda.

La Justicia designó como síndica a la contadora Alicia Mirta Ayala y fijó el 17 de septiembre de 2026 como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación.

Esa instancia será determinante para conocer el volumen del pasivo y hasta esa fecha podrán presentarse trabajadores, proveedores, organismos fiscales, entidades financieras y cualquier otro acreedor que considere tener derechos contra la sociedad.

Cada uno deberá justificar el origen y el monto de su crédito y después comenzará la etapa de análisis.

El informe individual de la sindicatura deberá ser presentado el 30 de octubre próximo y se deberán evaluar los pedidos de verificación y se formularán recomendaciones sobre su admisibilidad.

Más adelante, el 16 de diciembre, deberá presentarse el informe general, documento que será todavía más importante para comprender la caída de la empresa, ya que permitirá reconstruir la composición del activo y el pasivo, la evolución económica de la sociedad y las causas que llevaron a la cesación de pagos.

La Justicia busca reconstruir los activos

La resolución judicial también ordenó una serie de medidas destinadas a preservar el patrimonio de la empresa.

El tribunal intimó a Grupo Shanghai y a terceros a poner a disposición de la sindicatura todos los bienes pertenecientes a la fallida.

También prohibió que terceros realicen pagos a la empresa quebrada y advirtió que cualquier pago efectuado en esas condiciones será considerado ineficaz frente al proceso.

Estas medidas apuntan a evitar la dispersión del patrimonio y permitir que la sindicatura tome posesión de los activos.

El desafío será determinar qué queda después de una crisis que comenzó a hacerse visible con el fracaso del proyecto industrial.

El antecedente de Catamarca muestra que ya existían conflictos laborales y medidas judiciales sobre bienes antes de la declaración de quiebra.

Ahora habrá que establecer si existen otros activos suficientes para atender, al menos parcialmente, los créditos que sean reconocidos.

El expediente deberá determinar también si el fracaso de la operación textil fue solamente una parte del problema o la manifestación de un desequilibrio económico más amplio.

La primera respuesta concreta llegará después del 17 de septiembre, cuando cierre el período de verificación de créditos.

A partir de allí comenzará a conocerse la verdadera dimensión de una historia que empezó con fondos para salvar una fábrica, siguió con una apuesta por el fast food y terminó, apenas unos años después, en un juzgado de quiebras.