Colectivos bajo la lupa: el Gobierno prepara nuevos controles y sanciones

El gobierno nacional avanzó con un nuevo esquema de control sobre las empresas de colectivos, que permitirá utilizar información tecnológica para fiscalizar recorridos, horarios, paradas, cabeceras y otros aspectos de la prestación de los servicios.

La medida fue establecida mediante la Resolución 42/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este miércoles 8 de julio en el Boletín Oficial de la Nación, que aprobó la creación del Sistema Integral de Gestión Operativa (SIGO).

El cambio excede una simple modernización tecnológica ya que la información registrada por el SIGO, junto con los datos generados por el sistema SUBE, tendrá carácter oficial y podrá ser utilizada para fiscalizar a las compañías.

Una vez finalizado un período inicial de adaptación de dos meses, los incumplimientos detectados podrán derivar en sanciones.

El núcleo inicial del nuevo esquema está integrado por 104 líneas de jurisdicción nacional que conectan principalmente a la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense.

Se trata de un segmento que opera una flota de 7.506 colectivos y que durante 2025 transportó 1.105 millones de pasajeros y recorrió 456,5 millones de kilómetros.

Dentro del sistema completo del AMBA, integrado por 386 líneas y más de 17.500 unidades, los servicios nacionales explican alrededor del 38% de los pasajeros transportados.

Cuáles son los nuevos controles

El nuevo SIGO reemplaza y amplía el Sistema de Modernización de la Red de Colectivos de la Región Metropolitana de Buenos Aires, creado en 2019.

La propia documentación oficial reconoce que el sistema anterior permitió detectar un bajo cumplimiento de determinadas prácticas operativas.

Entre las principales irregularidades aparecen problemas en el respeto de las trazas autorizadas y en la apertura y cierre de los servicios en las cabeceras correspondientes.

Según los considerandos de la resolución, esos incumplimientos fueron detectados "para la mayoría de las líneas analizadas".

A partir del nuevo esquema, el Gobierno busca que cada servicio deje una huella digital verificable.

Los registros permitirán controlar recorridos, ramales, horarios, sentidos de circulación, cabeceras, paradas, secciones tarifarias y la operación de las unidades.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) podrá utilizar esos datos para sus tareas de control y fiscalización.

En la práctica, el Estado podrá comparar la operación autorizada de una línea con el servicio efectivamente registrado por los sistemas tecnológicos.

Dos meses para adaptarse

Uno de los puntos centrales de la resolución es el plazo establecido para que las compañías modifiquen sus procedimientos internos.

Durante los primeros dos meses funcionará una etapa denominada "Fiscalización Educativa" y en ese período, las empresas recibirán informes mensuales en los que se detallarán las observaciones y los desvíos detectados. Una vez finalizada esa instancia, los incumplimientos de las denominadas Buenas Prácticas Operativas podrán ser sancionados de acuerdo con el régimen de penalidades vigente.

En este sentido, las nuevas reglas abarcan prácticamente toda la operación cotidiana de un colectivo.

Por ejemplo, cada unidad deberá contar con equipamiento homologado por Nación Servicios y tener correctamente asociado su dominio con el dispositivo tecnológico instalado.

En el caso de los conductores, deberán registrar el inicio y cierre del turno y de cada servicio, además de ingresar correctamente la línea, el ramal y el sentido del recorrido.

La norma prohíbe además iniciar servicios con datos incorrectos, mantener viajes abiertos fuera del tiempo real de operación y registrar kilómetros de ida y vuelta dentro de un mismo servicio.

En tanto, la apertura y el cierre de cada viaje deberán realizarse en las cabeceras autorizadas.

Todo "bajo control"

El nuevo esquema también establece que los ascensos y descensos de pasajeros deberán realizarse exclusivamente en paradas autorizadas que tendrán que estar correctamente cargadas y actualizadas en el SIGO, mientras que cualquier modificación requerirá la aprobación de la autoridad competente.

También habrá nuevas obligaciones de información y cuando una empresa modifique recorridos, frecuencias o cabeceras con autorización oficial, deberá comunicar los cambios en paradas, unidades y terminales con una anticipación mínima de cinco días.

Los avisos tendrán que permanecer visibles durante al menos 30 días y las modificaciones también deberán publicarse en los canales digitales oficiales de las compañías.

Otro punto sensible es el funcionamiento de las validadoras cuyos equipos deberán permanecer operativos durante todo el servicio y estará prohibido apagarlos, reiniciarlos o manipularlos sin causa justificada. Las fallas técnicas deberán ser reportadas inmediatamente, obligación que hace que la validadora deje de ser solamente una herramienta para cobrar el boleto: su funcionamiento también será parte del sistema de información utilizado para reconstruir la prestación efectiva de los servicios.

Un negocio atravesado por fondos públicos

Para los expertos, esta mayor fiscalización llega mientras el negocio de los colectivos atraviesa una transformación de su estructura económica.

El sistema se financia mediante una combinación de los ingresos obtenidos por la venta de boletos y las compensaciones económicas estatales.

Desde julio, el boleto mínimo para las líneas nacionales del AMBA es de $728,28 para los pasajeros con SUBE registrada y de $1.456,56 para quienes utilizan una tarjeta sin registrar.

Las cámaras empresarias sostienen, sin embargo, que el costo real de transportar pasajeros es considerablemente superior.

Una radiografía sectorial difundida en marzo pasado estimó para las líneas nacionales un costo real con IVA de $2.194 por pasajero, cuando el boleto mínimo era entonces de $700.

En ese escenario, la información sobre pasajeros transportados, kilómetros recorridos, frecuencias y servicios efectivamente prestados se vuelve estratégica tanto para las empresas como para el Estado.

El nuevo sistema busca precisamente convertir esos registros en una base oficial para la planificación y el control.

Sociedad estatal como centro del sistema

La resolución designó a Nación Servicios como operador tecnológico del SIGO.

Se trata de una empresa del Grupo Banco Nación, que ya cumple un papel central en la administración tecnológica de la SUBE y que ahora deberá operar la nueva plataforma de acuerdo con las instrucciones de la Secretaría de Transporte.

La información sobre recorridos, horarios y paradas será remitida utilizando el estándar internacional GTFS, mientras que la administración de los datos quedará bajo responsabilidad de la Dirección Nacional de Implementación y Seguimiento del Sistema Único de Boleto Electrónico.

Ese organismo podrá aprobar accesos y solicitar informes a Nación Servicios con diferentes alcances y periodicidad.

La decisión fortalece el rol estratégico de la compañía en momentos en que el sistema de pagos del transporte avanza hacia una mayor apertura, con la incorporación progresiva de tarjetas bancarias, teléfonos y otros dispositivos con tecnología NFC, además de los pagos mediante códigos QR.

Impacto sobre los grandes grupos

La nueva regulación tendrá impacto sobre un mercado caracterizado por una fuerte concentración empresaria.

Entre sus principales protagonistas aparecen grupos como DOTA y Metropol, además de otras compañías que explotan diferentes corredores mediante varias sociedades operadoras.

Por esa estructura, las 104 líneas nacionales alcanzadas no equivalen a 104 empresas diferentes ya que un mismo grupo puede controlar varias líneas y operar mediante distintas razones sociales.

La resolución tampoco establece una nómina cerrada de compañías alcanzadas, porque el SIGO también podrá incorporar a jurisdicciones provinciales y municipales que adhieran al esquema.

El núcleo inicial, de todos modos, ya tiene una dimensión significativa: más de 7.500 colectivos y más de 1.100 millones de pasajeros transportados durante 2025.

Para las compañías, el cambio implica adaptar procedimientos, capacitar a conductores y supervisores y mejorar la calidad de los registros.

Para el Gobierno, la apuesta es utilizar la información tecnológica como una herramienta permanente de fiscalización.

Después de los primeros dos meses de adaptación, una inconsistencia entre el servicio autorizado y la información registrada dejará de ser solamente un problema estadístico: podrá convertirse en una infracción y terminar en una sanción para la empresa operadora.