El Gobierno suma otra empresa aérea y acelera la apertura del negocio de los vuelos privados

Mientras avanza la estrategia oficial para desregular la actividad, reducir los tiempos administrativos y facilitar el ingreso de nuevos operadores, el Gobierno autorizó a JFG Aircraft S.R.L. a explotar servicios no regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas tanto dentro del país como hacia el exterior.

Aunque a primera vista pueda parecer una autorización más publicada en el Boletín Oficial de este jueves 16 de julio, la decisión representa otro paso dentro de un cambio mucho más profundo.

Se vincula con el plan que desde mediados de 2024 viene implementando la administración de Javier Milei al modificar buena parte de las reglas que durante décadas regularon el negocio aéreo.

El objetivo busca incrementar la competencia, atraer inversiones privadas y desarrollar segmentos que hasta ahora tenían un crecimiento limitado, como la aviación ejecutiva, los vuelos corporativos, el transporte sanitario, la logística aérea y los servicios chárter.

En ese escenario, la incorporación de un nuevo operador refleja el interés que comienza a despertar un mercado impulsado por la expansión de sectores como Vaca Muerta, la minería del litio y del cobre, el crecimiento del turismo premium y la necesidad de muchas empresas de reducir tiempos de traslado hacia destinos donde las aerolíneas comerciales no llegan o cuentan con escasa frecuencia.

La autorización fue otorgada mediante la Disposición 17/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, que habilita a JFG Aircraft a prestar servicios no regulares internos e internacionales de pasajeros y cargas, en forma combinada, luego de considerar que la empresa cumplió con los requisitos establecidos por el Código Aeronáutico y la normativa vigente.

Mucho más que un permiso administrativo

La resolución se apoya en el Decreto 599/2024, considerado una de las principales herramientas utilizadas por el Gobierno para reformular el acceso al mercado aerocomercial argentino.

Esa norma reemplazó buena parte del esquema burocrático que históricamente regía para la obtención de autorizaciones y estableció un procedimiento mucho más ágil para quienes buscan ingresar al negocio del transporte aéreo.

Posteriormente, el Decreto 809/2024 aprobó además las nuevas condiciones generales para el transporte aéreo de carga, otra de las actividades que el Ejecutivo pretende impulsar con mayor participación privada.

Sobre esa base normativa, la Subsecretaría de Transporte Aéreo evaluó la solicitud presentada por JFG Aircraft y concluyó que la firma acreditó la capacidad técnica, económica y financiera exigida por el artículo 105 del Código Aeronáutico.

De todos modos, la disposición establece que la empresa deberá obtener el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA) emitido por la ANAC, documento indispensable para comenzar a volar comercialmente.

Para ello contará con 180 días corridos, plazo que podrá extenderse una única vez por otros seis meses. Si al finalizar ese período no acredita la certificación correspondiente, la autorización perderá vigencia de pleno derecho.

Se trata de un mecanismo incorporado por el nuevo régimen para evitar que empresas obtengan permisos y luego permanezcan inactivas durante años, una situación que en el pasado generó numerosas críticas dentro del sector.

La apuesta por nuevos jugadores

La habilitación de JFG Aircraft también confirma que el Gobierno busca poblar el mercado con empresas de menor escala, especializadas en nichos específicos, en lugar de concentrar la actividad exclusivamente en las aerolíneas comerciales tradicionales.

Para eso también resultó clave la Disposición 12/2024, que creó un procedimiento simplificado para operadores que utilicen aeronaves de hasta 19 plazas, permitiendo tramitar en forma coordinada la autorización aerocomercial y el certificado operativo ante la ANAC.

El objetivo fue reducir tiempos administrativos, eliminar instancias duplicadas y facilitar el ingreso de compañías dedicadas a vuelos ejecutivos, corporativos, turísticos, sanitarios o de carga especializada.

En distintos mercados desarrollados, este tipo de operadores cumple un papel estratégico para conectar ciudades sin vuelos regulares, atender demandas empresarias específicas y brindar soluciones logísticas que las aerolíneas tradicionales no pueden cubrir por cuestiones de costos o frecuencia.

En Argentina, además, la expansión de polos productivos alejados de los grandes centros urbanos abre una oportunidad adicional para un negocio que hasta hace pocos años tenía un desarrollo muy limitado y que ahora comienza a captar el interés de nuevos inversores.

El negocio que busca despegar

La autorización concedida a JFG Aircraft llega además en un momento particular para el mercado aerocomercial argentino.

Mientras la mayor parte de la atención pública sigue concentrada en Aerolíneas Argentinas, Flybondi o JetSmart, detrás de ese universo comenzó a crecer otro negocio con menor exposición, pero con un importante potencial de expansión como es el de la aviación no regular.

Se trata de un segmento que incluye desde vuelos ejecutivos para empresarios hasta traslados sanitarios, operaciones para la industria petrolera y minera, transporte de cargas urgentes, vuelos turísticos exclusivos, servicios para eventos deportivos y culturales e incluso operaciones para organismos públicos.

A diferencia de una aerolínea tradicional, que debe cumplir itinerarios, frecuencias y vender pasajes al público, los operadores no regulares vuelan cuando existe una contratación específica.

Esa característica les permite adaptar rápidamente la operación a las necesidades de cada cliente y atender rutas que difícilmente resulten rentables para una compañía comercial.

Una empresa poco conocida

Si bien la firma todavía tiene un bajo perfil dentro del sector, no se trata de una sociedad creada de un día para otro para obtener una autorización.

JFG Aircraft S.R.L. ya había desarrollado actividades vinculadas al mercado aeronáutico y figura en distintos registros comerciales como proveedora de componentes y servicios para aeronaves.

Incluso participó en contrataciones públicas relacionadas con mantenimiento y provisión de equipamiento para organismos estatales.

La compañía reúne profesionales con una extensa trayectoria en ese segmento, entre quienes figura Fabio Ariel Tripolatti, con más de tres décadas de experiencia en la industria aeronáutica y tareas en distintas áreas vinculadas con la operación de aeronaves corporativas.

En su perfil profesional también exhibe habilitaciones para operar aviones ejecutivos de última generación y experiencia en vuelos internacionales.

La autorización publicada ahora representa un salto cualitativo, porque le permitirá pasar de un rol de proveedor a convertirse en un operador aerocomercial una vez que complete el proceso de certificación técnica ante la ANAC.

Por el momento, la resolución no detalla con qué aeronaves comenzará a operar, cuál será su base principal, el volumen de inversiones previsto ni los destinos que priorizará durante su primera etapa.

Tampoco informa si la empresa ya dispone de una flota propia o si optará por incorporar aeronaves mediante leasing, una modalidad habitual dentro de la aviación ejecutiva para reducir las inversiones iniciales.

Un mercado impulsado por Vaca Muerta

El crecimiento esperado para este segmento responde a un cambio mucho más amplio en la economía argentina.

Esto se debe a que en los últimos años aumentó la demanda de vuelos privados por parte de compañías petroleras que operan en Vaca Muerta, empresas mineras con proyectos en la Cordillera, firmas agroindustriales con establecimientos alejados de los grandes centros urbanos y grupos empresarios que necesitan trasladar personal técnico o ejecutivos sin depender de la oferta limitada de vuelos comerciales.

A ese fenómeno se suma la recuperación del turismo internacional de alta gama, donde los vuelos privados representan una alternativa para visitantes que buscan recorrer varios destinos en pocos días o acceder a lugares con escasa conectividad aérea.

También existe una creciente demanda de transporte de cargas críticas de alto valor agregado, como repuestos industriales, equipamiento médico, componentes tecnológicos o insumos para proyectos energéticos, donde el tiempo de entrega suele ser determinante.

La competencia también cambia

El objetivo de la política oficial es modificar la estructura de un mercado que durante muchos años estuvo altamente concentrado y donde el ingreso de nuevos actores encontraba barreras regulatorias, administrativas y económicas difíciles de superar.

Por eso, la autorización concedida a JFG Aircraft se suma a una serie de decisiones adoptadas durante los últimos meses para flexibilizar el funcionamiento del sector.

Entre ellas aparecen la simplificación del acceso al mercado aerocomercial, la apertura del negocio de los servicios de rampa, la digitalización de distintos procedimientos ante la ANAC y, más recientemente, la firma del memorando para avanzar hacia el Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana (ALAS), conocido como el proyecto del Cielo Único Sudamericano.

La lógica detrás de todas esas medidas es la de aumentar la competencia, facilitar la llegada de nuevos operadores y ampliar la oferta de servicios tanto para pasajeros como para empresas.

Pero la habilitación de JFG Aircraft también debe leerse junto con otras medidas que cambiaron el funcionamiento del sector durante los últimos meses.

El Gobierno avanzó con la desregulación de los servicios de rampa, permitiendo el ingreso de nuevos operadores para competir con el histórico predominio de Intercargo.

También flexibilizó distintas normas operativas de la ANAC y promovió acuerdos bilaterales para ampliar la conectividad internacional.

Esta misma semana Argentina firmó junto con Brasil, Chile y Paraguay el memorando para impulsar el Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana (ALAS), que apunta a construir un mercado regional mucho más integrado y que, en el futuro, podría permitir que aerolíneas de los países firmantes operen con menos restricciones dentro de los territorios vecinos.

Aunque todavía queda un largo camino para su implementación, el objetivo oficial es acercar el funcionamiento del transporte aéreo sudamericano al modelo europeo, donde las compañías pueden desarrollar operaciones con mucha mayor libertad entre los Estados miembros.

Para las empresas, esa integración podría traducirse en nuevas oportunidades comerciales, más competencia y una expansión de los servicios regionales.