El Estado tardó nueve años en resolver una investigación sobre importaciones de Falabella
Las autoridades nacionales tardaron casi nueve años en resolver una denuncia contra Falabella por la importación de un contenedor de vajilla que ingresó al país con destino a las góndolas de la cadena chilena que ya no opera en el país.
Recién este miércoles 15 de julio, el gobierno nacional cerró definitivamente la investigación que, encima, no pudo acreditar que los productos fueran realmente originarios de Tailandia, tal como habían sido declarados al momento de la importación.
La decisión quedó plasmada en la Resolución 224/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME, mediante la cual se desconoce el origen declarado de la mercadería importada por Falabella S.A. en abril de 2017 y se ordena avanzar con la ejecución de las garantías constituidas ante la Aduana.
Más allá del contenido técnico de la medida, el expediente deja otro dato que sobresale desde el punto de vista empresarial.
Es que el caso comenzó cuando Falabella todavía expandía su negocio en la Argentina, atravesó distintos gobiernos y recién se resolvió cuando la compañía hace ya seis años que dejó de operar en el mercado local.
La cadena chilena anunció su retiro del país en 2020, en plena pandemia, y terminó cerrando sus tiendas físicas durante 2021 luego de más de dos décadas de presencia.
Una investigación que sobrevivió a la empresa investigada
Sin embargo, este expediente aduanero siguió abierto durante años hasta desembocar ahora en una resolución definitiva.
La investigación se originó porque la Aduana detectó una importación de vajilla declarada como originaria de Tailandia, país que estaba bajo seguimiento debido al fuerte aumento de embarques provenientes del sudeste asiático, en un contexto en el que Argentina mantenía vigentes medidas antidumping contra productos similares fabricados en China.
Ese contexto no era menor ya que, desde 2015, el país aplica derechos antidumping sobre distintos artículos de porcelana y cerámica de origen chino para proteger a la producción local.
Con el correr de los años comenzaron a crecer las importaciones declaradas desde otros países asiáticos, lo que llevó a las autoridades comerciales a verificar si existía un eventual desvío de comercio o triangulación para eludir esas medidas.
En ese marco quedó comprendida la operación realizada por Falabella con mercadería exportada por la empresa tailandesa Art Way Co. Ltd., cuyo origen pasó a ser investigado.
Un trámite que nunca logró completarse
Lo que siguió fue un expediente que terminó convirtiéndose en un ejemplo de los tiempos que pueden alcanzar las investigaciones de defensa comercial en la Argentina.
Según reconstruye la resolución oficial, en diciembre de 2017 la entonces Dirección de Origen de Mercaderías requirió a Falabella que completara el cuestionario de verificación de origen con toda la documentación necesaria para demostrar dónde y cómo había sido fabricada la vajilla importada.
El trámite, sin embargo, nunca logró completarse y la empresa argumentó inicialmente que no había recibido la primera notificación y solicitó una prórroga de 45 días.
Más adelante pidió una nueva extensión por otros 45 días, que volvió a ser parcialmente concedida por la autoridad de aplicación.
En paralelo, la entonces Secretaría de Comercio recurrió a la Cancillería argentina para obtener información directamente en Tailandia.
La consulta fue canalizada a través de la Embajada argentina y apuntó a verificar si la firma Art Way Co. Ltd. realmente contaba con una planta industrial habilitada para producir ese tipo de vajilla, cuál era la documentación utilizada para emitir el certificado de origen y qué reglas aplicaba el país asiático para considerar originarios esos productos.
Las respuestas obtenidas fueron parciales, si bien la representación diplomática pudo confirmar que la empresa figuraba registrada desde 1993 y localizar una planta fabril.
También verificó que en Tailandia los certificados de origen no preferenciales eran emitidos por entidades privadas como la Cámara de Comercio y la Federación de Industrias.
Sin pruebas suficientes para acreditar el origen
Sin embargo, esa documentación recopilada nunca permitió demostrar de manera concluyente que la vajilla cuestionada hubiera sido efectivamente fabricada por esa compañía ni que cumpliera con las reglas de origen exigidas por la normativa argentina.
A esa situación se sumó que el cuestionario técnico que debía presentar el importador jamás fue completado, pese a las sucesivas intimaciones y prórrogas otorgadas durante el expediente.
Frente a esa falta de información, el Gobierno notificó en enero de 2025 que resolvería el caso con las pruebas disponibles y concluyó que no existían elementos suficientes para reconocer el origen tailandés declarado en la importación realizada por Falabella.
Por ese motivo, lo que correspondía era desconocer la denuncia y avanzar con las consecuencias previstas por la normativa aduanera.
La estrategia argentina contra la triangulación comercial
El expediente se inscribe en la estrategia que Argentina aplica desde hace más de una década para evitar maniobras destinadas a eludir los derechos antidumping.
En 2015 el gobierno de ese momento impuso medidas contra la importación de vajilla de porcelana y cerámica proveniente de China, luego de determinar la existencia de dumping que afectaba a los fabricantes locales.
Poco después comenzaron a crecer las importaciones declaradas desde países como:
- Tailandia
- Malasia
- Indonesia
- Bangladesh
Esto llevó a reforzar los controles para verificar si esos productos realmente eran originarios de esos países o si existía una triangulación comercial.
En ese contexto quedó bajo investigación la operación realizada por Falabella en abril de 2017, aunque el expediente avanzó con lentitud, con reiterados pedidos de información, prórrogas solicitadas por la empresa importadora, consultas a la Cancillería y requerimientos a las autoridades tailandesas.
Recién en enero de 2025 la Secretaría de Industria notificó que resolvería el caso con la documentación disponible y la decisión definitiva llegó ahora, en julio de 2026.
Un resultado que expone los tiempos de la burocracia argentina
El caso muestra que una investigación iniciada hace casi nueve años terminó cuando la empresa involucrada ya ni siquiera opera en el mercado argentino.
De todos modos, el expediente permaneció abierto hasta que el Gobierno concluyó que no existían elementos suficientes para reconocer el origen tailandés declarado de la mercadería.
Más allá del caso puntual, la resolución vuelve a poner sobre la mesa un tema recurrente para importadores y empresas que critican los extensos plazos que todavía demandan muchos procedimientos administrativos vinculados con el comercio exterior y la defensa comercial, incluso cuando las compañías involucradas ya cambiaron por completo su realidad de negocios.
La decisión ratifica además que la falta de información suficiente para acreditar el origen de una mercadería puede derivar en el desconocimiento del origen declarado y en la aplicación de las consecuencias previstas por la legislación aduanera, aun cuando hayan transcurrido varios años desde el ingreso del producto al país.
También refleja cómo una investigación administrativa puede sobrevivir a los cambios de gobierno, a las modificaciones del régimen de comercio exterior e incluso a la desaparición de uno de los protagonistas del mercado.
Es decir, quedan en evidencia las dificultades para cerrar en tiempos razonables expedientes de defensa comercial y reabre el debate sobre la eficiencia de los procesos administrativos en un contexto en el que las decisiones empresarias y el mercado suelen cambiar mucho más rápido que la burocracia estatal.