Empresas de micros ganan tiempo, mientras Milei posterga inversión millonaria para nuevas unidades

Las principales compañías de transporte de pasajeros de larga distancia recibieron un alivio que puede traducirse en millones de dólares de ahorro.

A través del Decreto 654/2026, publicado este viernes 24 de julio en el Boletín Oficial, el Gobierno del presidente Javier Milei extendió hasta el 31 de diciembre próximo la habilitación para circular de los ómnibus modelo 2012 que prestan servicios interjurisdiccionales e internacionales.

La decisión les permite seguir operando con esas unidades durante cinco meses más, siempre que aprueben una Revisión Técnica Obligatoria (RTO) cada tres meses, un requisito que el Ejecutivo incorporó para garantizar que los vehículos continúen circulando bajo condiciones reforzadas de seguridad.

Aunque el decreto tiene un fuerte componente técnico, detrás de la medida existe un claro impacto económico.

La prórroga evita que las empresas deban reemplazar de manera inmediata cientos de micros que llegaron al límite de antigüedad previsto por la Ley Nacional de Tránsito, una inversión que el propio mercado estima en más de u$s170 millones.

La decisión también busca impedir que la salida simultánea de esas unidades afecte la oferta de servicios en rutas nacionales e internacionales, en un sector que todavía intenta dejar atrás varios años de crisis y recuperar niveles de rentabilidad.

Más de 550 micros seguirán en las rutas

El alcance de la medida queda reflejado en los informes técnicos que acompañan el decreto.

Según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), al 30 de abril pasado había 559 unidades modelo 2012 habilitadas para prestar servicios de larga distancia y transporte interjurisdiccional.

El organismo concluyó que mantener esos vehículos en circulación no modifica significativamente la antigüedad promedio del parque automotor y consideró técnicamente viable extender su vida útil siempre que las inspecciones mecánicas pasen a realizarse cada tres meses.

Sobre la base de esos informes, el Gobierno resolvió otorgar un nuevo plazo de gracia para evitar que todas esas unidades fueran retiradas al mismo tiempo, lo que podría haber generado inconvenientes operativos para las empresas y una reducción de frecuencias en distintos corredores del país.

En los fundamentos del decreto también se reconoce que la actividad sufrió un fuerte deterioro económico durante los últimos años, situación que dificultó la renovación del parque automotor.

Además, se menciona una presentación realizada por integrantes de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, quienes solicitaron una nueva prórroga mientras avanza un proyecto para revisar el régimen de antigüedad máxima previsto por la legislación vigente.

Grandes operadores, entre los beneficiados

Si bien la norma no menciona empresas en particular, el beneficio alcanza a los principales operadores del transporte de larga distancia que todavía conservan parte de sus flotas con unidades modelo 2012.

Entre ellos sobresale Flecha Bus, el grupo más grande del mercado argentino, con una extensa red de rutas que conecta prácticamente todas las provincias y que, a lo largo de los años, también incorporó distintas marcas mediante adquisiciones.

Otro actor de peso es Vía Bariloche, que además de operar servicios de larga distancia fue expandiendo su presencia mediante la compra y administración de otras empresas del sector, consolidándose como uno de los principales competidores de Flecha Bus.

A ellos se suman compañías históricas como General Urquiza, Chevallier, Andesmar, Crucero del Norte, Plusmar, El Cóndor-La Estrella, Sierras de Córdoba, Empresa Argentina y otros operadores regionales que cubren corredores estratégicos en todo el país e incluso rutas internacionales hacia Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Para todas estas empresas, la medida significa ganar tiempo en un contexto en el que renovar una flota exige inversiones cada vez mayores.

Un ómnibus de larga distancia equipado con tecnología de última generación puede costar entre u$s300.000 y u$s450.000, dependiendo del chasis, la carrocería y el nivel de equipamiento.

Tomando como referencia las 559 unidades alcanzadas por la prórroga, el recambio completo habría requerido un desembolso superior a u$s170 millones, una cifra que incluso podría acercarse a los u$s250 millones en el caso de las configuraciones más sofisticadas.

Para los grandes grupos empresarios, el decreto permite administrar con mayor flexibilidad sus planes de inversión.

Para las compañías medianas y regionales, en cambio, representa una herramienta clave para sostener la operación sin afrontar un gasto que, en muchos casos, todavía resulta difícil de financiar.

Un sector que cambió el formato del negocio

La prórroga no puede analizarse únicamente como una decisión administrativa.

En realidad, refleja la situación que atraviesa uno de los sectores que más sufrió durante los últimos años y que todavía no logró completar la renovación de sus flotas.

El transporte de larga distancia fue uno de los negocios más golpeados por la pandemia.

Durante varios meses la actividad estuvo prácticamente paralizada y, aun cuando los servicios comenzaron a normalizarse, la recuperación de pasajeros fue mucho más lenta que la de otros medios de transporte.

A ese escenario se sumó el fuerte aumento de los costos operativos.

El gasoil, los neumáticos, los repuestos, los seguros, los salarios y el mantenimiento crecieron muy por encima de la capacidad de las empresas para trasladar esos incrementos a las tarifas.

Como consecuencia, muchas compañías optaron por extender la vida útil de sus unidades antes que embarcarse en costosos planes de renovación.

Comprar un micro nuevo cuesta cada vez más

En dicho escenario, la renovación de una flota representa una de las inversiones más importantes para cualquier operador de larga distancia.

Hoy un ómnibus de última generación puede costar entre u$s300.000 y u$s450.000, dependiendo del chasis (Mercedes-Benz, Scania o Volvo), la carrocería, el equipamiento y el nivel de confort.

Las unidades premium, con servicio cama suite, conectividad, sistemas electrónicos de asistencia a la conducción y mayor eficiencia energética, pueden superar incluso esos valores.

Para grupos empresarios que administran cientos de vehículos, renovar apenas una parte de la flota implica desembolsos de decenas de millones de dólares.

Por eso, la decisión del Gobierno de extender unos meses más la vida útil de los modelos 2012 tiene un impacto directo sobre las cuentas del sector: permite postergar inversiones sin resignar capacidad operativa.

Aunque cada empresa presenta una realidad financiera diferente, todas comparten un mismo desafío: renovar flotas en un contexto en el que el costo del capital sigue siendo elevado y el acceso al financiamiento continúa siendo limitado.

La desregulación cambió las reglas del juego

La extensión de la vida útil de los micros también se produce mientras el mercado atraviesa una profunda transformación regulatoria.

Con el Decreto 883/2024, el Gobierno impulsó un nuevo esquema para el transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, eliminando buena parte de las restricciones que durante años regularon la actividad.

El objetivo oficial fue facilitar el ingreso de nuevos operadores, promover una mayor competencia y flexibilizar la prestación de servicios, reduciendo trabas administrativas que, según el Ejecutivo, encarecían el funcionamiento del sistema.

En ese escenario, muchas empresas comenzaron a revisar sus estrategias comerciales y de inversión.

Antes de avanzar con compras masivas de unidades nuevas, prefieren observar cómo evoluciona el mercado, la demanda y el nuevo marco competitivo.

La prórroga de los micros modelo 2012 les ofrece justamente ese margen: ganar tiempo para definir inversiones en un negocio que todavía está acomodándose a las nuevas reglas.

Una solución transitoria que ya lleva cinco años

Aunque el decreto lleva la firma de Javier Milei, la extensión de la vida útil de los micros de larga distancia no comenzó con esta administración.

En realidad, forma parte de una política que distintos gobiernos fueron prorrogando desde la pandemia para evitar un retiro masivo de unidades.

El primer paso se dio en 2021, cuando el sector todavía sufría el impacto de las restricciones sanitarias y el derrumbe de pasajeros.

Luego llegaron nuevas excepciones en 2022 y 2023, siempre con el mismo argumento: las empresas no estaban en condiciones económicas de reemplazar vehículos que todavía podían seguir circulando bajo controles adecuados.

Ya durante la actual gestión, la Secretaría de Transporte profundizó ese criterio. La Resolución 10/2024 permitió que los micros interurbanos e internacionales continuaran prestando servicios durante tres años adicionales una vez alcanzada la antigüedad prevista por la Ley Nacional de Tránsito.

El Decreto 654/2026 agrega ahora una nueva excepción para los vehículos modelo 2012. La decisión fue tomada luego de que integrantes de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados solicitaran una prórroga mientras impulsan un proyecto para modificar el régimen de antigüedad máxima previsto en la Ley 24.449.

La seguridad, como eje del debate

Uno de los principales cuestionamientos que genera cada extensión tiene que ver con la seguridad de los pasajeros.

Para responder a esa discusión, el Gobierno se apoyó en informes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.

Ambos organismos concluyeron que la antigüedad, por sí sola, no determina si un vehículo es seguro. Según su criterio, lo determinante es el estado mecánico de cada unidad y el cumplimiento de controles técnicos periódicos.

Por esa razón, el decreto endurece las exigencias para los micros alcanzados por la prórroga.

Todos deberán aprobar una Revisión Técnica Obligatoria (RTO) trimestral, en la que se controlan frenos, dirección, suspensión, neumáticos, estructura, sistema eléctrico, salidas de emergencia y el resto de los componentes vinculados con la seguridad.

La CNRT también sostuvo que mantener en servicio las 559 unidades modelo 2012 no altera significativamente la antigüedad promedio del parque automotor y que su continuidad resulta técnicamente viable siempre que se mantenga ese esquema reforzado de inspecciones.

El desafío que sigue pendiente

La prórroga representa un alivio inmediato para las empresas, pero no resuelve el problema de fondo.

Tarde o temprano, los operadores deberán avanzar con la renovación de sus flotas para incorporar unidades más modernas, eficientes y con mejores estándares tecnológicos y ambientales.

Para eso será necesario que el negocio recupere rentabilidad y que vuelvan a aparecer herramientas de financiamiento de largo plazo que hoy siguen siendo escasas.

Mientras tanto, la medida les concede plazo para reorganizar sus inversiones y mantener la oferta de transporte, pero también deja abierta una discusión que el sector arrastra desde hace años: si la antigüedad debe seguir siendo el principal criterio para retirar un micro de circulación o si, como sostienen los organismos técnicos, el verdadero parámetro debe ser el estado de conservación y el cumplimiento de controles cada vez más estrictos.