Mayorista entró en concurso con deudas millonarias tras caerse contrato con la provincia de Buenos Aires

Distribuidora Lactres, una empresa mayorista y minorista de alimentos de Tres Arroyos, entró en concurso preventivo después de quedar atrapada entre la caída de ingresos vinculados a programas alimentarios de la Provincia de Buenos Aires, el aumento de sus costos y un fuerte crecimiento del endeudamiento bancario. La firma, que comercializa alimentos, fiambres, quesos, carnes, aves, huevos, productos de granja, panificados y lácteos, reconoció ante la Justicia que desde abril no puede afrontar sus obligaciones con normalidad.

El pedido fue presentado el 15 de mayo de 2026 por su presidente, Franco Vitali, y el Juzgado Civil y Comercial N°1 de Tres Arroyos decretó la apertura del concurso el 17 de junio. El expediente quedó registrado como "Distribuidora Lactres SA s/ Concurso Preventivo (Grande)".

La empresa denunció un pasivo de poco más de $5.600 millones, correspondiente a los acreedores informados al momento de solicitar el concurso. Entre ellos aparecen bancos, proveedores de alimentos y otras empresas que le vendían mercadería. Solo las principales entidades financieras concentran una parte importante de esa deuda: Banco Provincia reclama $1.431 millones, Galicia $1.328 millones, Santander $718 millones, Macro $630 millones y Banco Nación casi $302 millones.

La situación también aparece reflejada en la información del sistema financiero. Con datos de junio de 2026, Distribuidora Lactres registra deudas por unos $7.665 millones entre bancos, sociedades de garantía y otras entidades. La base incluye saldos con Galicia, Macro, Nación, Banco Provincia, Santander, Comafi y otras instituciones. En ese registro, además, varias de las obligaciones aparecen clasificadas en situaciones 2 y 3, una señal del deterioro de su comportamiento crediticio.

Por otra parte, la información adicional del expediente muestra 140 cheques rechazados por más de $1.130 millones, mientras que la propia presentación concursal había identificado, al 20 de abril, 39 cheques rechazados por $264,8 millones. La diferencia responde a la evolución de la crisis entre el momento en que se produjo la cesación de pagos y la posterior apertura del concurso.

El negocio con la Provincia que terminó golpeando a la empresa

Lactres comenzó su actividad en 2017 y desde 2019 empezó a participar en licitaciones vinculadas con el Servicio Alimentario Escolar (SAE) de la Provincia de Buenos Aires. En paralelo, durante la pandemia se incorporó el programa MESA, destinado a entregar módulos alimentarios a estudiantes en situación de vulnerabilidad.

El esquema implicaba que los Consejos Escolares contrataban a los proveedores, mientras que la firma facturaba a la Dirección Provincial. Según explicó la compañía, los fondos eran girados a los Consejos y las transferencias a los proveedores se realizaban normalmente entre 30 y 60 días después de cumplidos los contratos.

El problema apareció a comienzos de este año. Según relató Lactres, los Consejos Escolares comenzaron a informar que la Provincia había dejado de transferir fondos para cubrir las obligaciones con los proveedores de los programas licitados. Para sostener el funcionamiento, la distribuidora recurrió entonces a financiamiento bancario en Galicia, Banco Provincia, Macro, Comafi y Nación.

El golpe se profundizó en abril, cuando la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense formalizó la suspensión del programa MESA por 90 días. Para Lactres, la medida implicó una pérdida de ingresos futuros equivalente a cerca del 50% de su facturación promedio mensual.

La Provincia justificó la suspensión por la necesidad de concentrar los recursos disponibles en el SAE, al que considera la política alimentaria permanente, frente al contexto de emergencia económica y la menor disponibilidad de fondos. El MESA, en cambio, fue definido como un programa excepcional y complementario.

La suspensión luego fue extendida y el programa quedó interrumpido hasta el 31 de enero de 2027. Para una empresa que tenía una parte relevante de sus ingresos vinculada a ese esquema, la continuidad de la suspensión representa un problema adicional para recuperar liquidez.

Deuda bancaria, proveedores y una caja que no alcanzó

La compañía sostuvo que, mientras esperaba los fondos, siguió afrontando los compromisos más urgentes. Priorizó el pago de salarios y de la mayor cantidad posible de proveedores, pero la caja comenzó a quedar cada vez más comprometida.

El problema fue que los préstamos tomados para cubrir el bache financiero tenían costos que la empresa ya no podía absorber. Lactres explicó que los bancos ofrecieron refinanciaciones, pero que las tasas implicaban una carga demasiado elevada para una compañía que había perdido una parte sustancial de sus ingresos. Así, terminó recurriendo a refinanciaciones sucesivas, cada vez más caras, sin lograr recomponer el capital de trabajo.

Al mismo tiempo, aumentó la deuda con proveedores. Entre los principales acreedores comerciales denunciados aparecen Cremigal, con $303,5 millones; Molinos Tres Arroyos, con $106,7 millones; Inalpa, con $92,4 millones; La Piamontesa, con $75,2 millones; y Bavosi, con $73,4 millones. Todos fueron informados como créditos quirografarios.

En su presentación, la empresa calculó además $148,9 millones en servicios financieros vencidos, $116,9 millones en compromisos financieros vencidos y otros $1.836,8 millones con vencimiento durante 2026. A eso sumó $1.115,5 millones con proveedores y otros $2.435,2 millones de servicios financieros con vencimientos entre 2027 y 2030.

La compañía fijó el 20 de abril de 2026 como fecha de inicio de la cesación de pagos, precisamente por la falta de acreditación de fondos que esperaba de la Dirección General de Cultura y Educación. Ese día, según el relato presentado ante la Justicia, se produjo el rechazo de los primeros 39 cheques por falta de fondos suficientes.

El concurso fue planteado por Lactres como una forma de ganar tiempo, reestructurar el pasivo y mantener la actividad. La empresa aseguró que continúa operativa y considera que tiene viabilidad económica y financiera, pese al deterioro de su situación patrimonial.

Más de 40 empleados y varios reclamos judiciales

El problema financiero también llegó al ámbito laboral. Lactres declaró 43 empleados y planteó la continuidad del negocio como una forma de preservar esos puestos de trabajo.

La distribuidora comercializa más de 65 marcas y realiza ventas mayoristas y minoristas en Tres Arroyos y otras localidades de la zona. Su actividad incluye alimentos, bebidas y productos de distintos rubros, con una red comercial que se extiende a más de 17 ciudades de los alrededores.

La crisis ya había comenzado a generar reclamos judiciales antes de la apertura del concurso. Lactres informó tres demandas de cobro iniciadas por Aldalur y varios expedientes laborales por despidos. En algunos de esos procesos, la empresa señaló que había sufrido embargos sobre fondos depositados en cuentas judiciales y pidió que fueran levantados para recuperar ese dinero y destinarlo al pago de sus obligaciones.

Con la apertura del concurso preventivo, Lactres busca ahora reordenar una deuda de más de $7.600 millones, frenar el avance de los reclamos individuales y mantener en marcha el negocio. La empresa sostiene que continúa siendo viable y que el problema central fue financiero: una caída de ingresos vinculados a los programas alimentarios, combinada con demoras en los pagos y un endeudamiento bancario que terminó por comprometer su capital de trabajo.