Nadie quiso comprar Intercargo y ahora el Gobierno la desmanteló dejando aeropuertos sin servicios clave
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Primero nadie quiso comprarla. Ahora, el Gobierno empezó a reducir su presencia en algunos aeropuertos.
Intercargo, la sociedad estatal que presta servicios de rampa y asistencia en tierra a las compañías aéreas, inició un reordenamiento apenas semanas después del fracaso de la licitación con la que el Estado intentó venderla por un precio base de u$s45 millones.
Como paso inicial, dejará de operar en Río Gallegos y Comodoro Rivadavia y retiró de El Calafate un equipo indispensable para atender normalmente los aviones de mayor porte que llegan a uno de los principales destinos turísticos de la Patagonia.
Pero conseguir autorización para prestar esos servicios no significa disponer inmediatamente de empleados, vehículos y maquinaria en cada terminal del país.
En otras palabras, Intercargo empezó a retirarse de lugares donde todavía no está garantizado que un privado vaya a ocupar rápidamente el espacio que deja.
El caso más visible
El ejemplo más claro de la política oficial apareció en el aeropuerto Comandante Armando Tola de El Calafate de donde fue retirada la denominada "tijera", una plataforma elevadora utilizada para subir y bajar equipaje y carga de aeronaves cuyas bodegas se encuentran a mayor altura.
El equipo era el único de esas características disponible en la terminal y resulta necesario para asistir a los Airbus A330 de Aerolíneas Argentinas, que pueden transportar alrededor de 260 pasajeros y son utilizados para reforzar la conexión durante los momentos de mayor demanda.
Sin una máquina equivalente, la terminal queda limitada para atender comercialmente esos vuelos de fuselaje ancho.
La consecuencia adquiere otra dimensión porque El Calafate intenta ampliar su conectividad internacional con, por ejemplo, la aerolínea brasileña Gol que tiene previsto comenzar el 26 de noviembre una ruta estacional desde San Pablo, con tres frecuencias semanales, en un mercado turístico que necesita aumentar capacidad precisamente durante los meses de verano.
A esto se suma que en Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, Intercargo directamente prepara su salida.
Cuál es la explicación oficial
El Gobierno asegura que se trata de una decisión de eficiencia operativa, destinada a redistribuir recursos hacia aeropuertos donde equipos y personal tengan mayor utilización.
Las autoridades consideran que la apertura del mercado permite que otras compañías asuman progresivamente las prestaciones que viene ofreciendo Intercargo.
La sociedad había sido incluida entre las compañías sujetas a privatización y el Gobierno puso en marcha una licitación nacional e internacional para desprenderse del 100% de sus acciones.
El procedimiento tenía un precio base de u$s45 millones pero cuando llegó el momento de presentar propuestas no apareció ningún comprador dispuesto a cerrar la operación bajo las condiciones establecidas.
El Ministerio de Economía terminó declarando desierta la licitación mediante la Resolución 1148/2026 del 29 de julio pasado y ese resultado obligó a cambiar el escenario previsto para la empresa.
El Estado continuó siendo su propietario, mientras la administración comenzó a concentrar la actividad en las escalas consideradas estratégicas o de mayor movimiento.
Hay además un dato que vuelve particular el caso: el presupuesto para 2026 de Intercargo no proyecta pérdidas operativas.
Fueron calculados ingresos de operación por $126.417 millones, frente a gastos operativos por aproximadamente $117.776 millones, con una diferencia que representa un resultado operativo positivo previsto de $8.641 millones.
Al respecto, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), cuestiona la estrategia y sostiene que existe un proceso de debilitamiento posterior a la imposibilidad de concretar la privatización.
En las dos bases patagónicas alcanzadas por la salida, el conflicto también involucra al empleo ya que, según el gremio, alrededor de 25 trabajadores fueron alcanzados por la reorganización y recibieron alternativas que incluyen traslados a Rosario o desvinculaciones.
Las 15 empresas que ya tienen permiso
La desregulación permitió ampliar rápidamente la cantidad de compañías autorizadas para brindar servicios aeroportuarios y de rampa.
El listado llegó a 15 nuevos operadores habilitados, entre firmas argentinas y grandes jugadores internacionales.
Allí aparecen:
- Swissport Argentina
- MNZS
- Acciona Servicios Argentina
- CrossRacer Ramp
- TALMA
- Milenium Air
- American Jet
- Global Protection Service
- Fly Seg
- Air Class Cargo
- Handyway Cargo
- Escalum Investment
- Jet Handling FBO
- Aerowise
- Argentina Ground Support
Pero solamente cuatro de esas empresas habilitadas ya se encuentran prestando efectivamente servicios en distintos aeropuertos mostrando que una compañía puede tener autorización para ingresar al negocio y aun así no haber instalado una base en determinada terminal.
Para hacerlo necesita contratar personal y desplegar tractores, carros portaequipajes, escaleras, plataformas y diferentes vehículos y equipos de asistencia.
La ecuación es especialmente compleja fuera de los aeropuertos con mayor movimiento como Ezeiza y Aeroparque que concentran un volumen que permite distribuir esos costos entre miles de operaciones.
Una escala regional ofrece una cantidad mucho menor de vuelos sobre la cual amortizar la misma estructura.
Un gigante internacional entre la competencia
Entre los potenciales reemplazantes sobresale Swissport, uno de los mayores grupos mundiales especializados en servicios aeroportuarios.
La compañía obtuvo una autorización por 15 años renovables y puede prestar servicios en 37 aeropuertos argentinos.
La lista incluye precisamente El Calafate, Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, además de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Ushuaia y otras terminales.
Eso significa que existe al menos un operador internacional jurídicamente habilitado para ingresar a las tres escalas involucradas en el repliegue.
Pero todavía falta que el permiso se transforme en una operación efectiva con infraestructura propia.
Aerolíneas Argentinas constituye otra alternativa parcial porque cuenta con capacidad de autoprestación y ya brinda determinados servicios a terceros.
El dilema de los aeropuertos más chicos
La estrategia oficial tiene una lógica económica clara: si existen empresas privadas dispuestas a prestar un servicio, el Estado no necesita conservar una estructura propia en todas las escalas.
Pero los aeropuertos con menos vuelos presentan una dificultad que no existe en las grandes terminales: buena parte de los costos de una base son permanentes, independientemente de que durante una jornada haya veinte operaciones o apenas unas pocas.
Personal, mantenimiento, maquinaria y vehículos deben estar disponibles cuando aterriza el avión.
La Patagonia se convierte por eso en el primer gran test territorial de la desregulación.
Si las compañías habilitadas desembarcan en Río Gallegos, Comodoro Rivadavia y otras escalas donde Intercargo reduzca su presencia, el Gobierno podrá mostrar que la competencia es capaz de sustituir a la estatal sin afectar la conectividad.
Si eso no ocurre, tendrá que encontrar una fórmula para evitar que determinadas rutas queden condicionadas por la falta de servicios terrestres.
Qué puede pasar con Intercargo
El fracaso de la licitación tampoco cerró definitivamente el capítulo de la privatización sino que terminó con el primer procedimiento utilizado para vender la compañía.
Intercargo continúa dentro del esquema legal que habilitó su privatización, por lo que Economía conserva margen para diseñar otra alternativa.
Hasta ahora no existe una nueva licitación oficial que permita afirmar que el Gobierno haya decidido repetir inmediatamente el proceso, además de que cualquier segundo intento obligará a revisar las condiciones que llevaron al fracaso inicial.
Entre las variables estará el valor de la compañía, pero también su dimensión futura ya que no es lo mismo vender una Intercargo presente en numerosas terminales y con una determinada cantidad de activos y trabajadores que ofrecer una empresa después de haber concentrado operaciones, trasladado personal y retirado equipamiento de algunas bases.
A esto se le suma que la compañía que eventualmente adquiera tendrá que competir en un mercado que el propio Gobierno está abriendo a grupos internacionales.