ENACOM cambia el uso del Fondo de Servicio Universal, una caja que supera los $370.000 millones

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) prepara un nuevo programa que permitirá a las empresas de telecomunicaciones computar parte de sus inversiones en equipamiento y despliegue de redes contra los aportes obligatorios al Fondo de Servicio Universal (FSU), en momentos en que la industria reclama revisar el funcionamiento de una caja que, según sus estimaciones, ya supera los $370.000 millones.

El anuncio fue realizado por el interventor del organismo, Juan Martín Ozores, durante el encuentro "Diálogo que impulsa el Futuro Digital", organizado por la Mesa TIC Argentina en Córdoba. La iniciativa se conoce mientras las principales cámaras y empresas del sector presionan para avanzar con un cambio más amplio: reducir del 1% al 0,5% la contribución obligatoria al FSU y permitir que una mayor proporción de ese aporte pueda transformarse directamente en inversión.

"Somos receptivos a la revisión de uso y carga del FSU, por eso anunciamos este nuevo Programa que permite imputar el aporte a compra de equipamiento para modernización o despliegue, hasta un 50% de los montos invertidos en un plazo máximo de 24 meses, para todos los licenciatarios", afirmó Ozores.

El funcionario agregó que "la vigencia del Programa será de 36 meses o hasta el agotamiento del presupuesto que se destine".

El alcance económico de la medida dependerá ahora del presupuesto que asigne Enacom y de las condiciones que establezca para determinar qué inversiones podrán ser reconocidas.

Según la estimación más reciente de la Mesa TIC, el FSU supera actualmente los $370.000 millones. Se trata de fondos provenientes principalmente de la contribución obligatoria que realizan los prestadores de servicios de telecomunicaciones y que deben destinarse a programas destinados a garantizar el acceso a servicios TIC.

Esa cifra coincide con una referencia que el propio Ozores había dado a iProfesional meses atrás. Consultado entonces sobre la disponibilidad de recursos para financiar infraestructura, el interventor señaló que el Fondo contaba con alrededor de u$s200 millones.

"Hoy el monto no sería el límite. El Fondo de Servicio Universal tiene u$s200 millones, mientras que los proyectos de infraestructura que se están presentando actualmente -como expansión modular de data centers o tendido de fibra- rondan los u$s10 a 12 millones cada uno", explicó Ozores en aquella oportunidad.

La acumulación de recursos es precisamente uno de los argumentos que utiliza ahora la industria para reclamar una modificación del esquema.

La Mesa TIC sostiene que el nivel actual de recaudación supera las necesidades efectivas de ejecución de los programas y propone que una mayor proporción de los recursos se transforme directamente en infraestructura.

La contrapropuesta de las empresas

El Reglamento General del Servicio Universal aprobado por ENACOM mediante la Resolución 1182/2025 establece que los licenciatarios deben aportar mensualmente el equivalente al 1% de sus ingresos totales devengados por la prestación de servicios TIC, netos de los impuestos y tasas que los graven.

La Mesa TIC propuso formalmente a ENACOM reducir esa contribución al 0,5% y establecer un mecanismo general de "pay or play".

La propuesta permitiría computar contra la obligación inversiones o prestaciones realizadas directamente por los operadores cuando estén destinadas de manera verificable a objetivos del Servicio Universal, como conectividad de escuelas, centros de salud y otros puntos prioritarios.

"No se trata de reducir los objetivos ni el alcance del Servicio Universal, sino de actualizar su mecanismo de financiamiento y hacerlo más eficiente, proporcional y consistente con la realidad actual del sector", sostuvo la Mesa TIC en la presentación realizada ante ENACOM.

El planteo empresario utiliza como uno de sus antecedentes un informe de la Auditoría General de la Nación aprobado mediante la Resolución 182/2024.

Según el análisis realizado por la Mesa TIC sobre ese documento, entre 2018 y 2023 las transferencias de capital destinadas a proyectos representaron en promedio alrededor del 39% de los ingresos totales del Fondo. La organización sostiene que durante ese período una proporción significativa de los recursos permaneció colocada en inversiones financieras.

Ese diagnóstico es utilizado para argumentar que existe margen para reducir la contribución sin desfinanciar los objetivos del Servicio Universal, especialmente si parte de las inversiones realizadas directamente por los operadores comienza a ser reconocida como cumplimiento de la obligación.

Por ahora, ENACOM no anunció una reducción del aporte del 1%. El nuevo programa presentado por Ozores avanza sobre otro componente del planteo de las empresas: ampliar la posibilidad de convertir aportes en inversiones.

Cómo funcionará el nuevo FSU

La posibilidad de compensar inversiones contra los aportes al Servicio Universal tiene antecedentes en la normativa vigente.

El Reglamento General aprobado mediante la Resolución 1182/2025 creó el Certificado de Crédito de Aporte al Servicio Universal. El mecanismo permite que los licenciatarios que ejecuten proyectos previamente aprobados por Enacom dentro de programas del FSU soliciten, una vez aprobada su rendición, créditos que pueden utilizar para cancelar total o parcialmente futuros aportes mensuales.

La misma normativa establece que esos créditos pueden aplicarse hasta completar el monto aprobado o durante un máximo de 24 meses.

El anuncio realizado ahora por Ozores busca ampliar ese mecanismo mediante un programa dirigido a todos los licenciatarios y enfocado específicamente en compra de equipamiento para modernización o despliegue de infraestructura.

La diferencia será relevante para las empresas si el nuevo régimen amplía efectivamente el universo de inversiones que pueden computarse frente a la obligación del 1%.

La discusión se produce, además, en un escenario distinto al que existía hasta 2024. Tras la disolución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal a comienzos de 2025, la obligación de las empresas continuó vigente, pero ENACOM pasó a recaudar y administrar directamente los recursos.

Ozores cuestionó durante el encuentro en Córdoba el manejo anterior del Fondo y sostuvo que la actual gestión busca "dar por tierra con usos discrecionales del FSU que han distorsionado el sector con dumping a favor de empresas estatales provinciales".

El funcionario también vinculó la discusión sobre el Servicio Universal con el cambio tecnológico que produjo la llegada de los servicios satelitales de órbita baja.

"Consideramos, al igual que ellos, que la conectividad satelital LEO ha producido una universalización de cobertura, pero no de asequibilidad", sostuvo Ozores.

Para las empresas, la expansión de esas nuevas tecnologías también obliga a revisar qué proyectos debe financiar el Estado y cuáles pueden ejecutar directamente los operadores.

El nuevo programa deja ahora dos definiciones pendientes. Enacom deberá establecer el presupuesto, los requisitos y el universo de inversiones que podrán ser reconocidas. Y el Gobierno deberá resolver si acepta el planteo de mayor alcance de la industria: reducir del 1% al 0,5% la contribución obligatoria que alimenta un Fondo que, según la Mesa TIC, ya supera los $370.000 millones.