Granja Tres Arroyos debe reincorporar 1.200 empleados y podría entrar en convocatoria de acreedores

La crisis que atraviesa la principal avícola de la Argentina no deja de profundizarse y la incógnita respecto de su futuro no deja de agigantarse. Granja Tres Arroyos y su controlada Wade acumulan parates productivos, conflictividad laboral y una pesada mochila financiera que complica el funcionamiento de sus estructuras comerciales. A tono con esto, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Walter Correa, dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles y ordenó reincorporar a 1.200 trabajadores despedidos recientemente en las plantas de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría.

Según fuentes oficiales, la medida provincial busca poner una pausa a la sangría laboral mientras se abre una instancia de negociación con el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA).

Sin embargo, el movimiento administrativo no logra tapar el fondo del problema. Así, en el ámbito avícola afirman que tanto Granja Tres Arroyos como Wade se presentarían en convocatoria de acreedores en los próximos días para intentar ordenar un cuadro financiero insostenible.

Se complica el panorama laboral en Granja Tres Arroyos

El freno dispuesto por la cartera laboral bonaerense involucra de manera directa a 700 empleados de la planta de Capitán Sarmiento, 450 de la planta de Wade 2 en Esteban Echeverría y 50 del establecimiento ubicado en Pilar. La resolución contempla además la posibilidad de prorrogar el plazo por otros cinco días hábiles.

En el marco de ese conflicto se realizaron audiencias de las que tomaron parte representantes de las compañías, dirigentes gremiales, la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado, autoridades de Esteban Echeverría, y el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción bonaerense, Ariel Aguilar. En ese ámbito se acordó la entrega de 1.000 cajones de pollo para los operarios afectados y un pago a cuenta efectivo para la semana entrante, de cara a una reunión que se llevará a cabo el próximo jueves.

El conflicto en Buenos Aires es la manifestación más reciente de un proceso de achique que ya acumula alrededor de 1.730 desvinculaciones entre Buenos Aires y Entre Ríos. Es más del 25% de los 6.500 empleados en relación de dependencia que el grupo mantiene en tres provincias. La escalada arrancó tras un intento fallido de formalizar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) a nivel nacional en diciembre de 2024.

En Tristán Suárez se registraron 200 desvinculaciones sobre 270 puestos. En tanto, en Concepción del Uruguay se cerró la planta Becar para trasladar personal a La China, donde luego se concretaron unos 480 despidos sobre una plantel de 930 operarios. A esto se sumaron frenos de actividad en Avex (Río Cuarto, Córdoba) durante julio, suspensiones totales en Pinazo (Pilar) y bloqueos en Wade 2.

Capitán Sarmiento marcó el punto de quiebre: la planta detuvo sus operaciones el 31 de agosto bajo el argumento oficial de "falta de suministro eléctrico y otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor". La compañía pidió al personal no concurrir salvo convocatoria expresa, sin fijar fecha de retorno. En el lugar, trabajadores denunciaron el retiro de maquinaria concesionada y pertenencias por parte de miembros del directorio.

El sindicato aumenta su presión sobre la firma

Desde el gremio rechazan de pleno el encuadre legal utilizado por la empresa. Julio Chamorro, secretario general del STIA, sostuvo que las desvinculaciones apoyadas en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo —que contempla el pago del 50% de la indemnización por fuerza mayor o falta de trabajo— son improcedentes e ilegales. Para el dirigente, los argumentos empresarios sobre la caída de exportaciones, el impacto de la gripe aviar o una supuesta sobreoferta interna constituyen un riesgo empresarial que no justifica licuar las indemnizaciones.

Chamorro remarcó que el consumo doméstico de pollo sigue en ascenso y denunció que los trabajadores arrastran meses sin cobrar salarios de mayo, junio, julio y agosto, además del aguinaldo y saldos de abril. En la visión sindical, los despidos masivos responden a una maniobra para alivianar la estructura laboral ante una probable reestructuración judicial.

El sindicato manifestó su disposición a discutir esquemas temporales de turnos rotativos y reducción de jornadas para sostener los establecimientos si aparece un esquema viable o un inversor.

No obstante, remarcaron que si los despidos resultan inevitables, deben abonarse las indemnizaciones completas respetando los criterios de antigüedad y cargas familiares. A la par, denunciaron el rebote de cheques vinculados a los planes de retiro voluntario acordados el año pasado.

Granja Tres Arroyos y una perspectiva complicada

La posibilidad de un ingreso al concurso de acreedores trasladaría los compromisos de la avícola al ámbito de los tribunales. Granja Tres Arroyos busca reestructurar un pasivo cuantificado en algo más de 350 millones de dólares.

Las tratativas que la firma entabló con la asistencia de la banca de inversión VALO contemplaban propuestas de quita de hasta el 75% del capital, plazos de pago de hasta siete años y la desinversión en activos no estratégicos.

Pese a mantener unos 2.500 operarios en unidades de incubación, alimento balanceado, granjas y fiambres, la seguidilla de parates dejó expuesto que las negociaciones privadas no alcanzaron para frenar el deterioro operativo. La instancia judicial podría marcar ahora el destino de la mayor avícola del país y de miles de familias complicadas por la parálisis de la compañía.