La "inmobiliaria" de Milei vende un mega terreno sobre la Autopista Ezeiza-Cañuelas
Se trata de un predio en donde funcionó un organismo vinculado a Yaciretá que abarca casi 27 hectáreas y que sale a subasta con una base de u$s3,8 millones
El Gobierno nacional puso en venta un terreno estatal de 269.724 metros cuadrados sobre la Autopista Ezeiza-Cañuelas.
A modo de comparación del tamaño del lote se puede decir que se trata de una superficie que equivale a casi 38 canchas de fútbol de 105 por 68 metros, la medida utilizada como referencia por la FIFA para campos de tamaño completo: cada una ocupa 7.140 m² y en el predio entran 37,8.
La operación es liderada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que autorizó la convocatoria mediante la Resolución 37/2026, publicada este lunes 21 de septiembre en el Boletín Oficial.
La subasta partirá de u$s3.814.989 y el inmueble pertenece al Estado nacional y comprende una fracción de un predio de mayor extensión que estuvo asignado al Instituto Nacional del Agua (INA).
En el predio funcionaron instalaciones para realizar estudios hidráulicos y marítimos, incluidos modelos físicos vinculados con la represa de Yacyretá y un proyecto de puerto de aguas profundas.
El organismo consideró que esas instalaciones habían dejado de ser necesarias para su actividad, desafectó el inmueble de los activos del Estado Nacional y comenzó a preparar su posterior venta.
El Gobierno vende un mega terreno, donde funcionaba un laboratorio
La historia del terreno está vinculada con las investigaciones realizadas por el INA en Ezeiza y dentro del inmueble, que es de mayor extensión al que pertenecía la fracción ahora ofrecida, funcionaron diferentes construcciones e infraestructuras técnicas.
Una inspección oficial realizada en 2025 identificó el denominado Modelo del Complejo Hidroeléctrico Yacyretá y el Modelo de Puerto de Aguas Profundas.
Ambas instalaciones permitían reproducir a escala el comportamiento del agua y analizar proyectos de ingeniería hidráulica.
El relevamiento también registró la Nave de Estudios Marítimos, una edificación abandonada, una cancha de fútbol rodeada por pastizales y un área descampada, además de un radar meteorológico.
Durante el proceso de desafectación, el INA informó que solicitaría a INVAP la instalación y puesta en funcionamiento de una fuente alternativa de alimentación eléctrica para ese equipo.
Si bien la inspección abarcó el inmueble original identificado con el Código de Inmueble del Estado 0600044052/2, la subasta actual comprende una fracción de esa extensión, de 269.724 m², que recibió el CIE 0600416529/1.
La decisión que abrió la venta
El proceso comenzó en mayo de 2025, cuando la Subsecretaría de Recursos Hídricos, a cargo del despacho del INA, comunicó que el inmueble resultaba innecesario para la gestión específica del organismo.
En agosto de ese año, la dependencia ratificó su posición y, según la documentación oficial, la falta de uso de la Nave de Estudios Marítimos y de las demás instalaciones no afectaba ninguna política pública en ejecución.
El INA agregó que esas estructuras dejarían de utilizarse para futuros estudios o que los proyectos previstos para ellas habían quedado sin efecto.
A partir de esos argumentos y de las inspecciones realizadas, la AABE encuadró el inmueble dentro del régimen aplicable a bienes estatales con falta de afectación específica, subutilización o estado de innecesariedad.
La Resolución 88/2025 formalizó su desafectación en septiembre del año pasado, además de modificar la asignación administrativa, pero no la titularidad ya que el terreno siempre perteneció al Estado nacional y el INA tenía su jurisdicción y uso.
El precio de salida
El lote se encuentra sobre la Autopista Ezeiza-Cañuelas, en el tramo Jorge Newbery, a la altura del kilómetro 1,620 y catastralmente comprende partes remanentes de las parcelas 3 y 4 de la Circunscripción II del partido bonaerense de Ezeiza.
La superficie informada está sujeta a la mensura definitiva, aunque los 269.724 m² equivalen a 26,97 hectáreas, con lo cual si se divide la base de u$s3.814.989 por la extensión estimada, el precio inicial ronda los u$s14,14 por metro cuadrado o u$s141.500 por hectárea.
Sin embargo, esos valores constituyen el punto de partida de la puja ya que el monto definitivo dependerá de las ofertas que se presenten durante el procedimiento.
La ruta hacia la subasta
La venta comenzó a tomar forma después de la desafectación del predio, en octubre de 2025, cuando el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 765/2025 y autorizó a la AABE a disponer, transferir o enajenar 15 inmuebles del Estado nacional.
Además de este terreno, el listado incluyó otras propiedades ubicadas en Mar del Plata, Luján, Tigre, la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Cerrillos y Ushuaia.
El Gobierno fundamentó esa decisión en la existencia de activos con falta de afectación específica, subutilización, uso indebido o una situación de innecesariedad.
Antes de habilitar la subasta intervinieron la Escribanía General del Gobierno de la Nación, las áreas técnicas y urbanísticas de la AABE y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
Esta última dependencia estatal determinó que el terreno ofrecido no cuenta con una declaración de protección histórica y prestó conformidad para la continuidad del trámite.
Una puja electrónica
La operación se realizará mediante SUBAST.AR, la plataforma obligatoria para las subastas de los organismos del sector público nacional, en la cual la AABE identificó el procedimiento como Subasta Pública 392-0099-SPU26 y aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares PLIEG-2026-91097375-APN-DGA#AABE.
El organismo también delegó en su Dirección General de Administración la facultad de emitir circulares modificatorias durante el proceso.
Los recursos obtenidos, una vez descontados los gastos de la operación, se distribuirán conforme al artículo 15 del Decreto 1382/2012 que dispone que los ingresos generados por la venta de inmuebles estatales se incorporan al Tesoro Nacional.
Además, asigna un 10% al presupuesto del Ministerio de Defensa, aunque el bien hubiera estado afectado a otra jurisdicción.
La legislación también clasifica lo obtenido mediante estas operaciones como recurso de capital destinado a financiar gastos de capital.