El Gobierno revisará con las aerolíneas las tasas que pagan para volar

El Gobierno decidió incorporar a las aerolíneas a la discusión sobre las tasas que afrontan para operar vuelos comerciales en la Argentina.

La decisión se vincula con lo que paga cada operación por distintos servicios aeroportuarios y de navegación aérea, desde la asistencia para aterrizar y circular por el espacio aéreo hasta el uso de instalaciones y prestaciones en las terminales.

Por lo menos así surge de analizar la Resolución 72/2026 de la Secretaría de Transpborte publicada este martes 22 de septiembre en Boletín Oficial de la Nación, que creó un proceso formal para que las empresas puedan conocer y discutir la información utilizada al momento de definir esos valores.

La mesa analizará costos, inversiones, financiamiento, calidad de las prestaciones y necesidades operativas antes de elaborar sus recomendaciones.

El cambio aparece luego de varios meses de tensión que comenzaron en abril pasado, cuando la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó nuevos valores para los servicios prestados por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Lo hizo mediante la Resolución 265/2026, publicada el 30 de abril, que reemplazó el cuadro vigente desde 2024 y dispuso que los nuevos importes comenzaran a regir al día siguiente.

La medida disparó una serie de cuestionamientos de las compañías aéreas canalizados a través de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la entidad global que reúne a unas 300 aerolíneas de todo el mundo.

La entidad, que representa y defiende los intereses de la industria aérea comercial, criticó las subas en los cargos de navegación aérea provistos por EANA y reclamó que los incrementos y los cambios en la tasa de seguridad se aplicaron de forma unilateral, sin consulta previa con las líneas aéreas.

Además advirtió que encarecer los costos operativos encarece los pasajes, reduce la demanda y afecta la conectividad del país.

IATA sostuvo que la medida elevó 359% las tasas de navegación para los vuelos de cabotaje y 15% las correspondientes a sobrevuelos y aterrizajes internacionales.

La entidad también afirmó que el ajuste fue aplicado tres días después de una reunión en la cual las autoridades habían asumido el compromiso de realizar consultas previas con la industria.

La organización internacional pidió suspender el aumento y convocar una instancia formal con las aerolíneas y advirtió que una modificación de semejante escala podía afectar la conectividad, la competitividad y la planificación de las empresas.

Debatir antes de aumentar

A partir de esa postura, el Gobierno nacional tomó la determinación de crear esta mesa de trabajo que funcionará dentro de la Secretaría de Transporte, será coordinada por la Subsecretaría de Transporte Aéreo y de la que participarán ANAC, EANA, IATA, la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (JURCA), las empresas que operan en el país y otros organismos vinculados con la actividad.

El objetivo es establecer un procedimiento para que la discusión ocurra antes de futuras decisiones tarifarias.

Las compañías podrán aportar información económica y operativa, conocer los costos que respaldan cada tasa y evaluar las inversiones previstas por los prestadores.

Es decir, cambiar el cronograma de la normativa actual que faculta a la autoridad aeronáutica a fijar los valores vinculados con los servicios de navegación.

La mesa creada ahora recoge buena parte del planteo de IATA, aunque su alcance todavía es técnico ya que sus conclusiones serán recomendaciones destinadas a la Secretaría de Transporte y cualquier cambio concreto en los valores o en el procedimiento requerirá una decisión posterior de las autoridades competentes.

Qué tasas entran en la discusión

La resolución dada a conocer durante esta jornada abarca dos grandes grupos: las tasas aeroportuarias y las correspondientes a la navegación aérea.

Aunque ambas acompañan la operación de un vuelo, recaen sobre servicios diferentes.

En el caso de los de EANA tienen que ver con los servicios de navegación aérea ya que la actividad de esta sociedad estatal incluye el control del tránsito, la gestión del espacio aéreo, las comunicaciones aeronáuticas, los sistemas de navegación y vigilancia, la información para los vuelos, la búsqueda y salvamento y la meteorología aeronáutica.

Las empresas pagan, entre otros conceptos, la tasa de protección al vuelo en ruta y la tasa de apoyo al aterrizaje, con valores que dependen del tipo de operación, el peso de la aeronave, la distancia recorrida y el carácter nacional o internacional del servicio.

Las tasas aeroportuarias, en cambio, están vinculadas con la utilización de las terminales y sus prestaciones y, dentro de ese universo aparece la Tasa de Uso de Aeroestación, que paga el pasajero al comprar el pasaje y figura identificada en el ticket bajo el código XR.

El cuadro publicado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), actualizado este mes de septiembre, fija para los aeropuertos de categoría I administrados por Aeropuertos Argentina una tasa de $5.685 para cabotaje; u$s57 para vuelos internacionales y u$s25,16 para operaciones regionales.

Igualmente, los montos varían según el aeropuerto y, a modo de ejemplo, se puede citar los de El Calafate y Trelew, por ejemplo, donde la tasa de cabotaje asciende a $16.676; en Ushuaia llega a $18.126; en Bahía Blanca se ubica en $13.685 y en Neuquén alcanza los $12.000.

Si bien la mesa de debate podrá analizar la información relacionada con estas tasas, las tasas actuales se mantienen vigentes.

Tres mesas para cambiar

La nueva instancia forma parte de una secuencia de mesas técnicas creadas por la Secretaría de Transporte durante septiembre como la Resolución 67/2026, que estableció un espacio permanente para modernizar el espacio aéreo y mejorar la eficiencia operacional.

Allí se estudian nuevos procedimientos de aproximación, salida y llegada, reducción de demoras, utilización de pistas y organización del tránsito aéreo y sus recomendaciones deberán presentarse el 1° de diciembre de 2027.

Luego, 10 días después, la Resolución 69/2026 creó otra mesa destinada a facilitar el ingreso de nuevos prestadores de servicios de asistencia en tierra.

Ese trabajo apunta a la actividad de rampa, la atención de aeronaves y las condiciones regulatorias y operativas para abrir el mercado a más empresas.

La Resolución 72 completa esa agenda con el capítulo económico ya que fue creada para analizar cuánto pagan las compañías por utilizar esa infraestructura.

En cuanto al trabajo técnico de la nueva mesa de diálogo, deberá determinar qué información entregarán los organismos y prestadores, con cuánta anticipación se convocará a las aerolíneas y de qué manera se incorporarán sus observaciones antes de cada revisión.

También tendrá que establecer cómo se presentarán los costos de operación, las inversiones futuras, las fuentes de financiamiento y los niveles de servicio.

Esos elementos permitirán comparar el valor de cada tasa con la prestación que recibe la compañía.