Flybondi y la cuenta que faltaba conocer: a quiénes les debe y qué negociará

La presentación ante la justicia del pedidos de apertura de concurso preventivo de acreedores realizado por Flybondi abrió una instancia que permitirá responder una de las principales incógnitas que dejó la crisis de la compañía aérea.

La de saber cuánto debe realmente, quiénes son sus acreedores y qué capacidad tendrá para encarar una reestructuración mientras intenta sostener la empresa.

Esos datos comenzarán a ser públicos como parte del expediente que FB Líneas Aéreas S.A., razón social de la low cost, tendrá abierto en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, a cargo de Guillermo Mario Pesaresi, Secretaría N° 47.

Ese documento constituye el punto de partida de un proceso que deberá avanzar con la resolución de apertura y, posteriormente, con la verificación de los créditos reclamados.

Hasta que ese procedimiento avance, las cifras disponibles forman un rompecabezas compuesto por ejecuciones fiscales, cheques rechazados, reclamos judiciales, obligaciones con proveedores y compromisos con trabajadores y pasajeros.

La reconstrucción disponible hasta ahora deja una particularidad relevante para entender la crisis ya que mientras los reclamos por obligaciones operativas y fiscales alcanzan varios miles de millones de pesos, la exposición financiera de Flybondi registrada ante el sistema bancario resulta considerablemente menor.

Deuda financiera de Flybondi con el Banco Central

De hecho, la Central de Deudores del Banco Central registraba a FB Líneas Aéreas a agosto con aproximadamente $93,1 millones de deuda financiera, prácticamente concentrada en Banco Santander, además de una exposición marginal con Banco Nación.

Hasta ese momento, la compañía figuraba en situación 1, correspondiente a cumplimiento normal, pero la dimensión cambia al observar otro registro del sistema financiero que muestra que, entre el 29 de junio y el 11 de septiembre fueron rechazados 26 cheques de FB Líneas Aéreas por alrededor de $2.930 millones, que permanecían impagos según la información disponible.

Los dos números describen situaciones diferentes ya que los $93,1 millones corresponden a obligaciones informadas por entidades financieras al BCRA, mientras los cheques rechazados reflejan compromisos librados por la compañía que llegaron al sistema sin fondos suficientes.

De todos modos, la comparación permite identificar una característica de la crisis que muestra cómo la presión financiera visible se trasladó principalmente hacia el Estado, proveedores y otros acreedores relacionados con el funcionamiento cotidiano de la aerolínea, mientras la exposición bancaria tradicional permaneció en niveles mucho menores.

Presión a las cuentas públicas

Entre los principales frentes aparece ARCA, que inició diferentes ejecuciones fiscales contra FB Líneas Aéreas por obligaciones impositivas y de la seguridad social.

Los primeros expedientes conocidos involucran aproximadamente $1.525 millones de capital, vinculados con aportes y contribuciones, IVA, Ganancias y otros conceptos.

Pero relevamientos posteriores sobre las causas fiscales elevaron el universo de reclamos acumulados por encima de $6.600 millones.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) también inició acciones vinculadas con obligaciones pendientes y, en este caso, los reclamos conocidos rondan los $1.500 millones, relacionados principalmente con seis facturas por tasas de seguridad aeroportuaria, además de intereses y costas.

En torno de la operación aparecen además EANA, Intercargo y Aeropuertos Argentina, vinculadas con distintos servicios necesarios para mantener los vuelos, y también el caso de YPF que muestra otro efecto del deterioro del crédito comercial.

Durante la crisis operativa, la petrolera modificó las condiciones de abastecimiento y pasó a exigir el pago anticipado del combustible, una modalidad que incrementó la necesidad inmediata de caja para sostener los vuelos.

Juicios y embargos de proveedores contra Flybondi

El listado de acreedores se completa con una gran cantidad de empresas privadas que hasta comenzaron a reclamar judicialmente sus acreencias y algunos de esos expedientes derivaron en embargos, inhibiciones y pedidos de quiebra antes de la presentación concursal.

Uno de los mayores reclamos individualizados corresponde al Hotel Presidente, que exige alrededor de $660,7 millones por 49 facturas emitidas entre diciembre de 2025 y junio de 2026.

Otro expediente fue iniciado por La Nueva Metropol, que reclama aproximadamente $186 millones por servicios de transporte y traslado.

En esa causa se dispusieron medidas cautelares contra FB Líneas Aéreas y quedó registrado un pago parcial cercano a $5,5 millones frente al capital reclamado.

También aparece Seal Siher, proveedor que reclamó más de $13 millones por repuestos y obtuvo una inhibición general de bienes.

A esa secuencia se agregó Li Azzurri, que había impulsado previamente un pedido de quiebra por aproximadamente $9 millones.

Los expedientes muestran cómo el deterioro de la liquidez fue trasladándose hacia proveedores directamente relacionados con el funcionamiento de la compañía hasta convertirse en una sucesión de conflictos judiciales que antecedieron al concurso preventivo.

La deuda que todavía debe tomar forma

El proceso también deberá ordenar obligaciones correspondientes a trabajadores y exempleados ya que existen una enorme cantidad de reclamos relacionados con salarios, indemnizaciones y acuerdos de desvinculación, mientras representantes de los afectados señalaron durante la crisis que la situación alcanzaba a alrededor de 1.000 familias.

Los pasajeros constituyen otro universo relevante ya que la reducción de operaciones y las cancelaciones registradas durante 2026 generaron pedidos de devolución, reprogramaciones y reclamos que deberán ser individualizados.

Durante los últimos meses circularon estimaciones que intentaron calcular ese pasivo a partir de una tarifa promedio multiplicada por la cantidad de pasajeros afectados.

Ese mecanismo resulta insuficiente para determinar una deuda cierta porque cada caso puede encontrarse en una situación diferente, desde una devolución pendiente hasta una reprogramación ya realizada.

Por eso, la verificación judicial permitirá establecer cuáles de esas obligaciones quedan efectivamente incorporadas al pasivo concursal.

El límite de los activos físicos

La composición de los activos introduce otra particularidad y, como ocurre habitualmente en la industria aerocomercial, buena parte de la flota utilizada por Flybondi fue incorporada mediante contratos de leasing, por lo que esas aeronaves pertenecen a sus arrendadores y quedan fuera del patrimonio disponible para responder frente a los acreedores.

Durante la crisis, la empresa debió restituir 10 aeronaves a sus arrendadores, mientras otras tres permanecían en la Argentina sin actividad al momento de la presentación concursal.

También existen obligaciones relacionadas con tareas de mantenimiento y aeronaves ubicadas fuera del país, aunque los montos difundidos sobre esos compromisos todavía requieren documentación suficiente para incorporarlos como deuda concursal comprobada.

La dependencia de los lessors constituye además un antecedente anterior a la crisis actual si se tiene en cuenta que documentación presentada por Flybondi ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos permite observar la importancia que tenían las obligaciones denominadas en dólares y los contratos de arrendamiento dentro de la estructura financiera de la empresa.

A diciembre de 2023, la compañía registraba u$s34,9 millones en cuentas pendientes denominadas en moneda norteamericana.

En aquella documentación, la propia empresa describía las consecuencias que podían generar los atrasos con arrendadores, entre ellas incumplimientos capaces de afectar la disponibilidad de aeronaves.

El valor de seguir operando

La reducción de la flota disponible tampoco agota los elementos que conserva la compañía porque FB Líneas Aéreas mantiene una pieza esencial para cualquier estrategia de continuidad como es la de su condición de operador aéreo habilitado.

Los registros oficiales de ANAC la mantienen con el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos ANAC-3694, con vigencia desde el 7 de enero de 2026 hasta el 7 de enero de 2028.

A esa habilitación se suman la estructura societaria, la organización operativa, los sistemas comerciales, contratos y marca, aunque la posibilidad de aprovechar esos elementos dependerá de la capacidad de la empresa para recuperar actividad y mantener las autorizaciones exigidas por la regulación aerocomercial.

La existencia de esa estructura ayuda a explicar el objetivo del camino elegido por el concurso preventivo, que procura reestructurar las obligaciones dentro de una empresa que plantea su continuidad, mientras los acreedores deberán verificar sus créditos antes de ingresar en la posterior negociación.

Una vez que la Justicia disponga la apertura de este proceso comenzará a definirse el calendario para la verificación y la sindicatura deberá analizar las presentaciones y elaborar los informes previstos por la Ley de Concursos y Quiebras, mientras el juzgado resolverá posteriormente qué acreencias quedan reconocidas.

El resultado permitirá conocer el pasivo concursal de Flybondi y el peso que tendrá cada grupo de acreedores cuando llegue la etapa de negociar una propuesta.

La compañía tendrá al mismo tiempo otra exigencia derivada de las obligaciones acumuladas antes de la presentación que ingresarán al proceso según corresponda, mientras la continuidad requerirá recursos para atender los compromisos corrientes que genere la actividad, entre ellos salarios, combustible, mantenimiento, seguros y servicios aeroportuarios.

El expediente deberá convertir ahora esa sucesión de obligaciones dispersas en una fotografía más precisa del pasivo y establecer quiénes llegarán finalmente a la mesa en la que Flybondi deberá negociar la continuidad de la empresa.