La Justicia declaró la quiebra de la textil Algodonera Avellaneda, tras fracasar salvataje

La Justicia decretó la quiebra de Algodonera Avellaneda, la empresa textil vinculada a la familia Vicentin con sede en Reconquista, Santa Fe. La decisión llegó después de que fracasaran todos los intentos por salvar a la compañía.

El juez Fabián Lorenzini, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, firmó este miércoles la resolución que pone fin al proceso concursal. La sentencia llegó nueve días después de que venciera el plazo para que otras empresas, acreedores o cooperativas de trabajadores se presentaran como oferentes.

El 5 de octubre se confirmó que ningún interesado se había inscripto para intentar el rescate. Como además la compañía tampoco había logrado un acuerdo con sus acreedores, el magistrado resolvió declarar la quiebra.

Algodonera Avellaneda empleaba a unos 360 trabajadores que durante muchos meses no recibieron sueldo y operaba tres unidades industriales: una planta de hilandería en Reconquista (su activo principal, que funcionaba al 60% de su capacidad) y dos plantas desmotadoras en Chaco y Santiago del Estero.

Por qué fracasó el intento de salvar a la empresa

La compañía no pudo conseguir las mayorías necesarias para homologar su propuesta de acuerdo preventivo. El principal obstáculo fue la posición del Banco de la Nación Argentina (BNA), que concentra más del 80% del pasivo verificado y rechazó todas las ofertas de pago por considerarlas insuficientes.

La entidad reclama créditos por $1.585,7 millones y u$s260,7 millones. Estos compromisos se originaron en garantías que Algodonera Avellaneda había otorgado a Vicentin en el pasado.

La empresa intentó que el BNA no participara en la votación del acuerdo. Sin embargo, el juez rechazó ese planteo el 14 de septiembre.

Después de esa negativa, se abrió una última instancia: el mecanismo de salvataje, también conocido como cramdown. Este procedimiento permite que acreedores, cooperativas de trabajo o terceros interesados se inscriban para adquirir las acciones de la sociedad y presentar un nuevo acuerdo preventivo.

El registro estuvo abierto entre el 14 de septiembre y el 5 de octubre. Ningún oferente se presentó. Ante ese resultado, el juez consideró agotadas las alternativas y declaró la quiebra.

Una montaña de deudas que se hizo impagable

En los fundamentos de la sentencia, Lorenzini detalló la magnitud del pasivo. Las deudas financieras verificadas superan los u$s260 millones, además de los compromisos en pesos con el BNA.

Pero el problema no terminaba ahí. La resolución también señala que la deuda posconcursal (generada después de que la empresa se presentara en concurso preventivo) supera los $6.000 millones.

Ese monto se acumuló por la imposibilidad de afrontar gastos de funcionamiento, servicios públicos e impuestos durante el proceso concursal. El deterioro se profundizó mientras la empresa intentaba negociar con sus acreedores: cada mes que pasaba sin operar normalmente agregaba más compromisos impagos.

El juez había concedido varias prórrogas para que la compañía reuniera las conformidades necesarias. En diciembre de 2025 otorgó una primera extensión del período de exclusividad. En febrero de 2026 volvió a ampliar el plazo, aunque por menos tiempo del solicitado.

En julio habilitó una instancia extraordinaria para que la firma lograra las mayorías. Ninguna de esas oportunidades dio resultado.

Lorenzini explicó que ya no era posible dar más tiempo. "El juez no posee facultades discrecionales para dilatar el trámite ni para conceder nuevos plazos no previstos en la ley", señaló.

Y agregó: "La prolongación de este proceso preventivo solo se traduciría en una severa agravación del daño patrimonial". También advirtió sobre el riesgo de destruir el valor de los activos si se seguía postergando la resolución.

Qué pasa ahora con la producción y los trabajadores

Pese a decretar la quiebra, la Justicia no ordenó un cierre inmediato de las plantas. Por el contrario, instruyó a la sindicatura a analizar si resulta conveniente continuar transitoriamente con la explotación para preservar el valor de los activos y facilitar una eventual venta como unidad productiva.

"El cierre del establecimiento, la paralización de las actividades y la venta de los bienes en forma individual es, sin lugar a dudas, la última alternativa del sistema liquidativo", sostuvo el fallo.

Los síndicos deberán presentar un plan operativo detallado. Ese informe debe incluir un presupuesto de ingresos y gastos, la nómina del personal indispensable para mantener la actividad y los mecanismos de control de los fondos que se generen.

La continuidad de la producción dependerá de que se cumplan los requisitos legales. También de que resulte conveniente para el proceso de liquidación: si mantener las plantas funcionando no genera valor, se procederá al cierre.

El objetivo es priorizar la venta de la empresa en marcha o de sus unidades de negocios. Esa alternativa solo se implementará si permite obtener un mejor resultado que vender los activos de forma individual.

Qué medidas se aplicaron sobre la empresa y sus directivos

La sentencia ordenó el desapoderamiento de los bienes de Algodonera Avellaneda. Eso significa que la administración de todos los activos quedó en manos de los síndicos.

El juez dispuso la incautación de bienes, instalaciones, plantas industriales y documentación de la compañía. Los síndicos deberán tomar control físico de todas las propiedades.

También se ordenó la inhabilitación de la sociedad y de los integrantes de su directorio. Esos funcionarios no podrán ejercer cargos de administración en otras empresas mientras dure el proceso.

Además, la resolución dispuso que los administradores no puedan salir del país sin autorización judicial. Esa medida busca garantizar que estén disponibles para cualquier requerimiento durante la liquidación.

La Justicia convocó a una audiencia para el 22 de octubre. En ese encuentro se atenderán cuestiones vinculadas con la nueva etapa del proceso. Están convocados acreedores, trabajadores, prestadores de servicios de fason y otros interesados.

Esa reunión será clave para definir los próximos pasos: si se mantiene la producción transitoriamente, cómo se protegerán los puestos de trabajo y qué estrategia se seguirá para la venta de los activos.