Delivery en la Ciudad: nuevas exigencias para restaurantes y comercios

El crecimiento del delivery suma una exigencia para los restaurantes y comercios porteños de la Ciudad de Buenos Aires, en donde el gobierno que dirige Jorge Macri obligará a organizar la espera de los repartidores y el despacho de los pedidos sin convertir las veredas en una extensión del local.

La medida parte de la puesta en marcha de un régimen que establece pautas para fiscalizar esas operaciones y comprobar cuándo una ocupación del espacio público está vinculada con la actividad de un establecimiento.

Para los negocios, la definición más importante es que la falta de espacio interno no justifica, por sí sola, utilizar irregularmente la vía pública.

Tampoco alcanza con señalar que los repartidores trabajan mediante una aplicación y no son empleados del comercio para descartar la relación entre esa ocupación y los pedidos que se preparan allí.

La medida fue aprobada mediante la Resolución 112/SECOU/26, publicada este 28 de octubre en el Boletín Oficial porteño por la Jefatura de Gabinete que lidera Gabriel Sánchez Zinny.

Su alcance comprende servicios de mensajería y reparto de alimentos, productos y mercaderías, tanto coordinados por los propios establecimientos como intermediados por plataformas digitales.

El impacto comercial de la nueva norma se concentra en cómo se organiza el retiro ya que cada establecimiento deberá adoptar medidas razonables y adecuadas a su volumen de actividad para evitar que las necesidades de espera, preparación y despacho se trasladen irregularmente al espacio público.

La capacidad operativa del local no justifica el uso de la vía pública

El régimen parte de un problema concreto: vender y preparar pedidos requiere una organización para entregarlos.

Cuando esa última etapa no está resuelta, los tiempos de espera pueden acumularse frente al local y transformar veredas, accesos o sectores de la calle en áreas operativas del comercio.

En los fundamentos de la resolución, el gobierno porteño advierte que esas concentraciones pueden afectar la circulación peatonal, la accesibilidad y la seguridad vial.

De hecho, se entiende que la presencia de bicicletas y motos agrega presión sobre espacios que también utilizan vecinos, clientes y otros usuarios de la vía pública.

En este caso, la respuesta regulatoria es exigir que los establecimientos resuelvan sus necesidades de preparación, espera, retiro, entrega y despacho dentro del local o mediante modalidades de organización compatibles con el uso regular del espacio público.

Esto permite contemplar distintas soluciones según las características del negocio, aunque el texto no establece, en los artículos analizados, que todos los comercios deban habilitar una sala de espera ni permitir indiscriminadamente el ingreso de repartidores.

Lo que fija es un límite al advertir que la vereda no puede convertirse en el lugar que absorbe la falta de capacidad operativa del establecimiento.

Para un restaurante o una tienda con entregas a domicilio, esa exigencia lleva la atención hacia la relación entre el volumen de pedidos, los tiempos de preparación y el momento en que los repartidores llegan a retirarlos.

Una coordinación que reduzca esperas podría contribuir a evitar concentraciones, aunque la resolución no impone un sistema único para lograrlo.

Plataformas e intermediarios: la responsabilidad del comercio en la vía pública

Una vez definida esa obligación de organización, la norma establece cómo se podrá relacionar lo que ocurre frente al local con la actividad que se desarrolla dentro del local.

El criterio establecido es que la intermediación de una plataforma digital no excluye la vinculación con el establecimiento cuando la ocupación sea consecuencia directa de pedidos que se originan, preparan, retiran o despachan desde allí.

La misma lógica se aplica a la relación con los repartidores, al tener en cuenta la norma que la no existencia de un vínculo laboral, contractual o comercial directo no impide comprobar que una determinada área de espera está asociada con la operatoria del negocio.

La resolución permite observar el formato de entrega como una secuencia para determinar de dónde surge la utilización del espacio público.

Cabe aclarar que eso no convierte automáticamente al establecimiento en responsable de cualquier conducta de un trabajador que se encuentre en las inmediaciones ya que la vinculación deberá acreditarse mediante circunstancias objetivas y la eventual actuación tendrá que ajustarse al régimen jurídico vigente.

Los criterios de la Dirección de Fiscalización para sancionar a los locales

Para controlar el nuevo sistema, la norma designa a la Dirección General Fiscalización como autoridad encargada del control, para establecer la relación entre una ocupación y un comercio valorando distintos elementos observados durante las inspecciones.

Entre ellos figuran la permanencia de repartidores aguardando pedidos del establecimiento, sus ingresos y egresos para efectuar retiros y la entrega de productos por parte del personal.

También podrán considerarse las manifestaciones del responsable del local, sus empleados, los mensajeros y otras personas presentes.

En tanto, las instrucciones, señalizaciones o prácticas que indiquen que un sector funciona como área de espera o despacho serán otros elementos de evaluación.

En este caso, la norma establece que la identificación del comercio o del pedido podrá surgir de información exhibida voluntariamente por las personas involucradas o de otros medios de comprobación admitidos por la normativa.

El objetivo declarado por el gobierno porteño es dar criterios homogéneos a la fiscalización, preservando la razonabilidad, la proporcionalidad y el debido procedimiento.

De todos modos, la presencia de un repartidor en una vereda no equivale, por sí sola, a una infracción ya que el régimen apunta a identificar una utilización irregular del espacio público y su relación con la actividad comercial.

Cuando se detecten hechos que puedan constituir infracciones, corresponderá dar intervención a las autoridades competentes o labrar las actas previstas por el sistema vigente.

Lo que la norma mantiene es la responsabilidad individual de repartidores y conductores por sus propias infracciones de circulación, estacionamiento o seguridad vial.

Más allá de los restaurantes: depósitos, mercados y cocinas fantasma bajo control

Aunque la entrega de comidas es una de las expresiones más visibles del delivery, el régimen abarca un universo comercial más amplio.

Sus disposiciones comprenden establecimientos que preparen, expendan o despachen productos destinados a entrega a domicilio y el texto de la norma contempla locales, depósitos, mercados, tiendas y centros de preparación o despacho.

El criterio que los reúne es el efecto de su operatoria sobre la ocupación y la circulación en el espacio público y por eso, el reparto propio también queda comprendido, al tenerse en cuenta que la utilización de una aplicación no es una condición necesaria para que se apliquen los lineamientos.

Del mismo modo, las plataformas digitales están incluidas dentro de las obligaciones exigibles por la normativa y por los instrumentos de colaboración que hayan suscripto.

Según la norma, el ordenamiento deberá preservar especialmente rampas, accesos, recorridos peatonales y sectores necesarios para personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores.

La regulación se limita a estos efectos sobre el espacio público y mantiene las competencias de otras autoridades sobre tránsito, habilitación y funcionamiento de los servicios.

Antecedentes normativos y convenios de buenas prácticas en CABA

La resolución se incorpora a una política que la Ciudad ya había anunciado durante el año, como lo ocurrido en marzo pasado, cuando el gobierno porteño presentó un convenio de buenas prácticas con PedidosYa y Rappi.

Entre sus compromisos figuraban planificar entregas para evitar esperas prolongadas y adecuar locales con espacios internos para espera, carga y descarga.

Como informó iProfesional al publicar los detalles del acuerdo de la Ciudad con las aplicaciones de delivery, la iniciativa ya incluía el uso del espacio público entre los asuntos por ordenar.

La nueva resolución desarrolla ahora pautas específicas para fiscalizar esa utilización y acreditar su relación con los establecimientos.