El veto estatal a la tecnología china alerta a los proveedores de Internet del interior
Las cooperativas se sumaron a los grandes operadores y piden debatir sobre una regla de seguridad que puede cambiar cómo sostienen las redes
Las cooperativas que prestan Internet en el interior se sumaron al pedido para que el Gobierno abra una consulta pública antes de extender al sector privado la restricción que excluye a fabricantes chinos de las compras de determinados equipos para las redes críticas del Estado.
Estas empresas advierten que, si se aplica el mismo filtro a sus proveedores, podrían tener dificultades para reponer equipos averiados y ampliar redes que construyeron con capital propio.
El reclamo apunta a que el Gobierno consulte a las cooperativas y a las pymes antes de trasladar al mercado privado una exigencia que ya rige para el Estado a partir de la publicación de la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad, el 6 de noviembre pasado en el Boletín Oficial de la Nación.
La sorpresiva norma exige una certificación estadounidense a los fabricantes que quieran vender determinados equipos para las redes críticas estatales, medida que deja afuera a proveedores chinos como Huawei y ZTE de esas compras.
La misma disposición le pide al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el organismo regulador de las telecomunicaciones, que evalúe extender los requisitos a los equipos que se comercializan en el país o a los que incorporan los prestadores a sus redes.
Si bien esa decisión sigue pendiente, la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (FECOSUR), hizo público un pronunciamiento crítico a la medida en un documento firmado por su presidente, Antonio Roncoroni.
La entidad sostiene que varias de las marcas con las que sus asociadas desplegaron infraestructura podrían quedar fuera de futuras compras si el ENACOM adopta el mismo filtro.
Qué establece la norma de ciberseguridad sobre la tecnología china
La polémica empezó con la publicación de la disposición, cuando la industria advirtió que una condición de las compras estatales podía convertirse en una regla para los operadores privados.
Ese mismo día, iProfesional informó sobre el reclamo de la Asociación Argentina TIC, Video y Conectividad, ATVC contra la medida gubernamental.
La entidad, que representa a empresas de telecomunicaciones y conectividad, cuestionó que la incorporación de equipos pudiera quedar condicionada a una única certificación privada estadounidense y pidió una consulta pública y que se admitieran estándares internacionales reconocidos.
El requisito que originó el reclamo es la certificación SCS 9001, que la disposición exige para equipos de riesgo elevado o crítico y que es administrada por la Telecommunications Industry Association (TIA), una asociación privada estadounidense que evalúa cómo el fabricante gestiona la seguridad de su cadena de suministro.
Para los equipos de riesgo crítico, la norma exige además una evaluación independiente del producto.
La TIA coteja a los solicitantes con las listas restrictivas de Estados Unidos antes de habilitar el trámite y de ese control surge la exclusión de fabricantes como Huawei y ZTE en las categorías alcanzadas.
Durante los primeros 36 meses, la disposición admite una confirmación de que el fabricante inició el proceso, acompañada por una declaración jurada y un plan de certificación.
Esa vía transitoria también depende de que la TIA habilite al fabricante a iniciar el trámite.
El impacto económico de la restricción en la red de las cooperativas
Para los prestadores privados, el efecto depende de cuál de las dos vías previstas en el artículo 9 tome el ENACOM.
La homologación es la aprobación técnica exigida para comercializar los equipos alcanzados e incorporar allí la certificación incidiría en qué productos pueden venderse.
Si el requisito se suma a las obligaciones de los licenciatarios, afectaría qué equipos pueden incorporar los operadores a sus redes, según el alcance que defina el organismo.
Por eso, FECOSUR llevó esa discusión a tres decisiones de inversión concretas como son reponer un equipo averiado; renovar un componente que llegó al final de su vida útil y sumar capacidad para atender a más clientes.
Si el proveedor habitual queda excluido y el sustituto exige adaptar otras partes de la instalación, la entidad empresaria advierte que el gasto de una reparación puede superar el precio del repuesto.
La federación sostiene además que sus asociadas eligieron los equipos en función de la escala de sus redes y que carecen de recursos para sustituir infraestructura que todavía funciona y ya está pagada.
El documento señala que la magnitud del impacto dependerá de las categorías que alcance una eventual regulación y del tratamiento que reciban las reposiciones y ampliaciones.
Financiamiento y conectividad en las localidades del interior
El propio ENACOM incluyó a cooperativas y mipymes entre los prestadores que pueden recibir apoyo para desplegar infraestructura.
Lo hizo en la Resolución 1182/2025 que contempla el uso del Fondo del Servicio Universal para financiar mejoras en sus redes y conectarlas a la Red Federal de Fibra Óptica y que también prevé proyectos de conectividad en zonas rurales y lugares donde las condiciones geográficas dificultan el tendido.
Una ficha oficial de inversión pública elaborada en septiembre de 2025, con datos del ENACOM a diciembre de 2024, registró 2.347 localidades sin acceso a banda ancha fija por fibra óptica sobre 3.927 relevadas. En Chubut, Río Negro y Santa Cruz, 76 de las 272 localidades incluidas contaban con ese tipo de conexión.
Ese tipo de financiamiento ya formaba parte de la agenda de FECOSUR, que agrupa a cooperativas de telecomunicaciones y representa al sector ante el Estado.
En 2022, durante la incorporación de cooperativas y pymes al Programa de Desarrollo de Infraestructura Digital, Roncoroni había planteado las dificultades de esas entidades para acceder al crédito y al mercado de capitales.
En el reclamo actual, la federación vincula esa limitación con la capacidad de afrontar cambios en redes que ya están en servicio.
Los reclamos de FECOSUR y la propuesta de una mesa de trabajo
En ese sentido, FECOSUR afirma que las cooperativas no fueron consultadas antes de que se dictara la disposición.
Reconoce también que la entidad respalda el objetivo de reforzar la ciberseguridad pero propone admitir estándares internacionales y realizar pruebas sobre los equipos con criterios comunes para todos los fabricantes.
También pide preservar la independencia tecnológica del régimen de licencias, contemplada en la Ley Argentina Digital.
La entidad solicitó una mesa de trabajo con el ENACOM, el Centro Nacional de Ciberseguridad y las organizaciones del sector antes del 5 de febrero de 2027.
Tomó esa fecha como referencia por el plazo de 90 días que fija la disposición para identificar las infraestructuras críticas y clasificar los equipos según su nivel de riesgo.
También pidió que cualquier incorporación de los requisitos a la homologación o a las obligaciones de los prestadores esté precedida por una consulta pública con cooperativas y pymes.