El Gobierno extiende hasta abril de 2027 la operación de 11 centrales hidroeléctricas
Para mantener las operaciones, las empresas a cargo de las presas deberán aceptar condiciones que involucran a sus accionistas y eventuales litigios
El Gobierno extendió hasta el 30 de abril de 2027 el plazo para que cinco concesionarias continúen operando 11 centrales hidroeléctricas, entre ellas sociedades vinculadas con Pampa Energía, Aluar y AES.
La decisión mantiene a los actuales operadores durante la preparación y sustanciación del recambio contractual, bajo la condición de que adhieran a un régimen que exige renunciar a reclamos contra el Estado.
La medida surge del Decreto 1349/2026, firmado por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicado este miércoles 11 de noviembre en el Boletín Oficial.
La decisión comprende hidroeléctricas de Mendoza, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Chubut que reúnen 1.127,7 megavatios (MW) de potencia, según las capacidades consignadas en su anexo.
La norma advierte que esa continuidad podrá terminar antes de abril si un nuevo concesionario toma posesión del complejo correspondiente y aclara que, durante ese período, las empresas deberán sostener las obligaciones de sus respectivos contratos y cumplir las disposiciones del decreto.
La decisión también concentra en la Secretaría de Energía las facultades para definir las pautas de las licitaciones, otorgar las nuevas concesiones y suscribir los contratos, aunque no incorpora un calendario de ofertas ni establece cánones, inversiones obligatorias o duración de las futuras adjudicaciones.
Las condiciones de permanencia
Para continuar bajo este esquema, las concesionarias deberán presentar una carta de adhesión ante Energía dentro de los siete días corridos contados desde la entrada en vigencia de la norma, que comenzó a regir con su publicación.
El modelo aprobado como Anexo II exige una aceptación plena e incondicional y ordena a las compañías a desistir de reclamos administrativos o procesos judiciales en curso contra el Estado nacional relacionados con la continuidad dispuesta.
También tendrán que renunciar a iniciar acciones administrativas, judiciales o arbitrales por hechos o circunstancias que ocurran durante ese período. La exigencia comprende, por lo tanto, las controversias existentes vinculadas con esta continuidad y los futuros reclamos contemplados en la carta.
El compromiso alcanza además a los accionistas ya que las concesionarias deberán comprometerse a evitar y desarticular presentaciones o demandas relacionadas con la adhesión, tanto en la Argentina como en el exterior o ante organismos y tribunales internacionales.
La renuncia a reclamos no aparece por primera vez en este decreto si se recuerda que la carta aprobada para Futaleufú en junio pasado ya contenía compromisos equivalentes sobre litigios de la operadora y eventuales acciones de sus accionistas.
El modelo también establece el compromiso de mantener vigente la garantía de cumplimiento contractual en un plazo de 15 días hábiles.
Una salida condicionada
La norma señala además que las compañías que no presenten la carta tampoco podrán abandonar inmediatamente la operación.
El artículo segundo las obliga a continuar generando electricidad durante un plazo no inferior a 45 días hábiles, mientras el Estado adopta las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio.
El Ejecutivo fundamenta esa obligación en la necesidad de evitar interrupciones durante la selección de los próximos concesionarios.
Para mantener a las actuales operadoras invoca su experiencia técnica acumulada y razones de seguridad, eficiencia y celeridad.
El proceso involucra contratos originados en las privatizaciones de los años noventa cuyos plazos originales llegaron a su vencimiento y el listado oficial identifica concesiones nacionales firmadas entre 1994 y 1996, aunque la fecha de suscripción no equivale necesariamente a la de toma de posesión utilizada para calcular su duración.
El mapa empresario
El mayor aprovechamiento incluido es Futaleufú, en Chubut, con 560 MW, que representa cerca de la mitad de la potencia comprendida en la decisión.
Su concesionaria es Hidroeléctrica Futaleufú, cuyo capital pertenece en un 60,20% a Aluar, en un 33,51% a la provincia de Chubut y en el 6,29% restante a otros accionistas, según la información institucional de la compañía.
El segundo bloque por capacidad es Hidroeléctrica Diamante, en Mendoza, con 388 MW, que está compuesto por Agua del Toro, de 150 MW; Los Reyunos, de 224 MW, y El Tigre, de 14 MW.
En este caso, Pampa Energía informa una participación directa del 61% en el capital de la concesionaria.
En Salta, la medida alcanza a AES Argentina Generación, operadora de Cabra Corral y El Tunal y el anexo les asigna 100,5 MW y 10,6 MW, respectivamente, con una capacidad conjunta de 111,1 MW.
Las otras sociedades comprendidas son Hidroeléctrica Tucumán e Hidroeléctrica Río Hondo, incluidas entre las actividades que presenta el grupo Holdec en su información institucional.
La primera opera El Cadillal, con 12,6 MW; Escaba, con 24 MW, y Pueblo Viejo, con 15 MW. Las tres centrales tucumanas suman 51,6 MW.
La segunda explota Río Hondo y Los Quiroga, en Santiago del Estero. El decreto les atribuye 15 MW y dos MW, respectivamente.
Los plazos anteriores
La fecha de abril de 2027 reemplaza los límites de continuidad que, para varias de estas operadoras, estaban fijados en diciembre de este año.
En Futaleufú, la Resolución 130/2026 había establecido como fecha máxima el 15 de diciembre teniendo en cuenta que la concesión original había vencido el 15 de junio de 2025, al cumplirse 30 años desde la toma de posesión, y desde entonces se sucedieron distintas medidas de transición.
Diamante también tenía una continuidad hasta el 15 de diciembre, establecida mediante la Resolución 145/2026, salvo adjudicación previa por concurso.
Para Río Hondo, la Resolución 198/2026 había dispuesto la misma fecha de cierre.
Para organizar la nueva etapa, el decreto delega en la Secretaría de Energía tanto la fijación de las pautas de las licitaciones públicas nacionales e internacionales como el otorgamiento de las concesiones.
El área podrá firmar los contratos, elaborar la documentación necesaria y dictar normas aclaratorias y complementarias.
El fundamento es el artículo 21 bis de la Ley 15.336, que establece la convocatoria a una licitación pública nacional e internacional cuando vence una concesión hidroeléctrica.
Entre los antecedentes, el Ejecutivo menciona el proceso iniciado por el Decreto 718/2024 para Cerros Colorados, El Chocón-Arroyito, Alicurá y Piedra del Águila.
También cita el Decreto 667/2026, que convocó junto con Mendoza a licitar la concesión del sistema Los Nihuiles y la venta del 100% de las acciones provinciales de Hidroelectricidad Mendocina.
El Gobierno señala además que el Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados, creado en 2022, elevó informes sobre la situación técnica, económica, jurídica y ambiental de las concesiones.