Fabricaba 120.000 sartenes al año para Kankay, lo perdió como cliente y entró en concurso

La firma metalúrgica Promettom S.A., una empresa familiar de Grand Bourg que llegó a fabricar 120.000 artículos de cocina al año para la reconocida marca Kankay, se presentó en concurso preventivo con deudas por más de $2.256 millones. La compañía atribuyó buena parte de su crisis a la abrupta desaparición de los pedidos de su principal cliente, que en determinados meses llegó a concentrar el 95% de su producción. La pérdida de ese negocio dejó a la firma con una estructura industrial sobredimensionada, compromisos financieros y dificultades para sostener su actividad.

La presentación fue realizada el 10 de septiembre de 2026 y el concurso quedó abierto el 8 de octubre, por resolución del Juzgado Civil y Comercial N° 7 de San Martín, a cargo de la jueza Gladys Mabel Zaldúa. El expediente permite reconstruir cómo una empresa que había multiplicado sus ventas y ampliado su capacidad productiva terminó en cesación de pagos apenas unos meses después de perder a su principal comprador.

Fundada en 2019 y encabezada por Facundo Javier Tomada, Promettom se especializa en el diseño, corte, plegado y conformado de metales para terceros. Desde su planta de Grand Bourg, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, fabrica piezas y productos industriales por encargo. Sus accionistas son Claudio Alejandro, Santiago Antonio y Facundo Javier Tomada.

Según la documentación presentada ante la Justicia, la compañía pasó de facturar $592,8 millones en el ejercicio cerrado en junio de 2023 a $1.970,6 millones en 2024 y $3.448,8 millones en 2025, cifras expresadas en moneda homogénea a valores de cierre de cada ejercicio. En este último período obtuvo una ganancia neta de $205,5 millones.

Sin embargo, detrás de ese crecimiento existía una fuerte dependencia comercial que terminó convirtiéndose en el principal problema de la compañía.

Kankay, el cliente que llegó a representar el 95% de la producción

En su presentación concursal, Promettom identificó expresamente a Fuegos Kap S.A., titular de la marca Kankay, como el cliente cuya pérdida desencadenó el deterioro de su situación financiera. Para esa firma producía principalmente sartenes y otros artículos de hierro y acero, bajo un esquema de fabricación industrial por encargo.

Kankay es una marca argentina especializada en utensilios de cocina y productos para cocinar al fuego, fundada en 2014 por Tomás Beutin y Federico Schaer. El emprendimiento comenzó con la fabricación y comercialización de parrillas portátiles y, con los años, amplió su catálogo hacia sartenes de hierro, planchas, ollas y otros accesorios gastronómicos. Su propuesta comercial se apoya en productos de diseño elaborados con materiales como hierro y acero inoxidable, con una fuerte presencia en redes sociales y una estrategia de expansión internacional.

La compañía experimentó un fuerte crecimiento en los últimos años. En 2024 facturó $3.400 millones y para 2025 había proyectado alcanzar los $9.000 millones, según información difundida por sus fundadores. Además, llegó a emplear a unas 60 personas y a exportar sus productos a ocho mercados, entre ellos Estados Unidos, Alemania, España y Australia. Esa expansión permite dimensionar la importancia que había adquirido el vínculo con Promettom, una de las empresas encargadas de fabricar parte de sus productos en la Argentina.

Según el escrito presentado ante la Justicia, la relación comercial se había iniciado en 2022 y fue creciendo hasta alcanzar su punto máximo durante 2025. A partir de enero de ese año, los pedidos de Kankay representaron aproximadamente el 80% de la actividad productiva mensual de Promettom y, en los períodos de mayor demanda, llegaron a concentrar cerca del 95%.

Solo durante 2025, Promettom fabricó unas 120.000 unidades para Kankay y facturó $2.342,9 millones. Entre enero de 2022 y marzo de 2026, el vínculo comercial acumuló operaciones por $4.392,2 millones, distribuidas en 377 comprobantes.

Para atender ese volumen, la metalúrgica incorporó trabajadores, amplió sus instalaciones mediante un nuevo espacio productivo y compró equipamiento destinado a cumplir con los pedidos.

La compañía explicó ante la Justicia que esa expansión respondió a una demanda efectiva y no a una apuesta especulativa. En el escrito sostuvo que las inversiones fueron consecuencia de "órdenes de producción concretas, sostenidas y efectivamente ejecutadas".

El problema comenzó cuando los pedidos empezaron a disminuir. Durante el segundo semestre de 2025, la relación comercial mostró señales de deterioro, aunque todavía mantenía un volumen significativo. De hecho, el 83% de la facturación anual a Kankay se había concentrado durante los primeros seis meses.

A comienzos de 2026 hubo una recuperación parcial que alimentó las expectativas de continuidad. En enero, Promettom facturó $243,8 millones a Fuegos Kap y en febrero otros $144,2 millones. Pero en marzo esa cifra se desplomó a apenas $3,7 millones, una contracción del 97,4% respecto del mes anterior.

Para la metalúrgica, ese fue el punto de quiebre. En su presentación judicial afirmó que "el cese efectivo de la relación no estuvo precedido por una comunicación del cliente" que le permitiera anticipar la pérdida de los pedidos y reorganizar su actividad.

La empresa sostuvo que había mantenido su capacidad operativa porque la recuperación de comienzos de año hacía pensar que la disminución anterior era transitoria. Sin embargo, los encargos no volvieron a los niveles esperados.

Según explicó, la desaparición de esa fuente de ingresos la obligó a afrontar costos de personal, maquinaria, mantenimiento, servicios y financiamiento que no podían reducirse con la misma velocidad que la facturación. La firma describió la situación como un "descalce abrupto" entre su estructura productiva y el volumen de actividad disponible.

Se trata de la explicación presentada por Promettom ante la Justicia. El expediente no incorpora una respuesta de Fuegos Kap sobre las circunstancias que llevaron a la interrupción de los pedidos.

Deudas por $2.256 millones, intimaciones bancarias y un embargo de ARCA

La dimensión del problema quedó reflejada en el estado patrimonial presentado por la compañía, con fecha de corte al 31 de julio de 2026. Promettom declaró un pasivo total de $2.256,5 millones frente a activos valuados en $991,7 millones, lo que arroja una diferencia negativa de aproximadamente $1.264,8 millones.

El principal componente de la deuda corresponde a obligaciones fiscales y de la seguridad social:

• Obligaciones fiscales y de seguridad social: $962,6 millones
• Compromisos financieros: $912,9 millones
• Proveedores de bienes y servicios: $366,5 millones
• Obligaciones laborales: $14,5 millones

Del lado de los activos, la empresa informó bienes de uso por $801,6 millones, existencias por $113,9 millones, otros créditos por $66,2 millones y disponibilidades por apenas $10 millones. La mayor parte de su patrimonio estaba, por lo tanto, concentrada en maquinaria, instalaciones y otros bienes necesarios para producir, mientras que sus recursos líquidos resultaban reducidos frente a las obligaciones acumuladas.

La situación se agravó durante agosto, cuando comenzaron las intimaciones bancarias y las medidas judiciales.

Según consta en el expediente, el Banco Provincia notificó el 13 de agosto su decisión de cerrar la cuenta corriente de Promettom y le exigió cancelar, en un plazo de 48 horas, un saldo deudor de $74,85 millones, más intereses y gastos. La entidad también reclamó el cumplimiento de otras obligaciones vinculadas con préstamos comerciales y consumos de tarjeta de crédito.

A esa situación se agregó un embargo general de fondos y valores solicitado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el marco de una ejecución fiscal tramitada ante el Juzgado Federal N° 2 de San Martín. La medida involucró $59,1 millones de capital y $9,2 millones de intereses.

Promettom fijó el 18 de agosto de 2026 como fecha de inicio de su estado de cesación de pagos, cuando, según explicó, quedó en evidencia la imposibilidad de seguir atendiendo normalmente sus obligaciones.

En su presentación, la empresa solicitó medidas cautelares urgentes y el levantamiento del embargo para recuperar fondos que consideró indispensables para mantener su funcionamiento. Sostuvo que la inmovilización de esos recursos comprometía el pago de salarios y la continuidad de la actividad comercial.

La metalúrgica también vinculó sus dificultades con el deterioro general de la industria. Citó datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), según los cuales la producción del sector acumuló una contracción del 5,7% durante el primer semestre de 2026, mientras que la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas 40,8% en junio.

Ese contexto, argumentó, dificultó conseguir nuevos clientes capaces de reemplazar rápidamente el volumen de producción que había perdido.

Con la apertura del concurso preventivo, Promettom busca reestructurar su deuda y preservar la continuidad de sus operaciones. La documentación judicial incluye una nómina de 17 trabajadores, entre personal operativo, administrativo, técnico y gerencial.

Los acreedores tendrán plazo hasta el 21 de diciembre de 2026 para presentar sus pedidos de verificación ante la sindicatura Waisberg, Wodtke y De Santis. El informe general está previsto para abril de 2027 y la audiencia informativa fue fijada para el 5 de octubre de ese año.