Fue un anuncio con gusto a autocrítica.

Después de haber asegurado durante dos años que no era posible subir el piso del Impuesto a las Ganancias, porque ello implicaría un costo fiscal infinanciable; después de haber advertido que cualquier cambio de política en este sentido pondría en riesgo los programas de asistencia social; después de haber argumentado que apenas una minoría de privilegiados eran alcanzados por el tributo; después de haber acusado de falta de solidaridad a quienes ponían el foco en este reclamo, llegó la esperada marcha atrás.

Con la suba anunciada este martes para el mínimo no imponible del controvertido impuesto, los asalariados beneficiados pasan a la situación que tenían en 2011, cuando el Gobierno decidió dejar de adecuar el piso del tributo a la variación inflacionaria y se salteó una corrección durante 2012.

No fue sorpresa para nadie. A esta altura, ya no era apenas un reclamo con "copyright" exclusivo de Hugo Moyano, sino que formó parte de la plataforma electoral de todos los partidos de la oposición.

Y no sólo eso, sino que fue una medida pedida desde el ala sindical oficialista y buena parte del empresariado preocupado por el enfriamiento del consumo.

Incluso, desde las propias filas kirchneristas se reclamaba alguna decisión, luego del traspié electoral sufrido en las PASO.

Los politólogos cercanos al Gobierno, como Artemio López, por ejemplo, siempre han defendido la tesis de que la suerte electoral del oficialismo sólo depende de dos variables fundamentales: el consumo y el empleo.

Desde este punto de vista, el resto de los indicadores o factores políticos apenas juegan un rol marginal en la decisión de los votantes.

Según López, la mitad de los votos que el kirchnerismo había obtenido en 2011 constituían un apoyo fluctuante, pasible de ser perdido ante una caída del poder adquisitivo.

Por si la advertencia no fuera suficiente, los diagnósticos de los economistas describían con crudeza cómo la falta de actualización del Impuesto a las Ganancias se transformó en los últimos tiempos en una de las peores propagandas contra el Ejecutivo.

Un informe de la Fundación Idesa destaca que mientras que una década atrás los asalariados no alcanzados por el impuesto no llegaban en la actualidad, en la actualidad representan el 25% de los trabajadores registrados.

La situación empeora si se analiza el efecto de la falta de actualización en las alícuotas con las que se grava a cada franja de los aportantes.

Según Idesa, un asalariado que en el año 2000 ganaba un sueldo de $2.500, era afectado con una tasa del 14%. Entre ese momento y hoy, los salarios se multiplicaron por ocho, por lo que ese mismo trabajador actualmente percibe unos $20.000.

Pero hoy el peso del impuesto es mucho mayor, porque la alícuota para ese nivel de ingreso ya no es del 14% sino del 35%.

"De esta manera, se desvirtúa la principal virtud de este tributo. Se ha llegado a tal nivel de descalabro que una familia de clase media es alcanzada por una tasa del 35% que es la misma que se aplica a las grandes corporaciones", sostiene el informe.A la espera de la letra chica

Según describió el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, a partir del 1 de septiembre no pagarán Ganancias los empleados en relación de dependencia cuyos sueldos no superen los $15.000 brutos ($12.450 de bolsillo) y ya no habrá discriminación entre solteros o casados con hijos.

Asimismo, el decreto incluye un aumento en el mínimo no imponible del 20% para aquellos dependientes que tengan una remuneración mensual que se encuentre entre $15.001 y $25.000.

Lo novedoso de la medida es el incremento del 30% en la deducción que podrán computar aquellos empleados que residan en la región patagónica (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Patagones de Buenos Aires).

Sin dudas, los anuncios generan un claro beneficio para los solteros, ya que el piso a partir del cual comenzarán a pagar aumentará casi 80%, mientras que los casados con dos hijos sólo verán incrementado el mínimo no imponible en un 30 por ciento.

Según los cálculos realizados por la AFIP, con la puesta en marcha de estos nuevos parámetros, el erario público dejaría de recibir $4.495 millones.

No obstante, sólo una parte será soportada por el Estado, ya que la norma establece la incorporación de dos nuevos impuestos que recaudarán, en total, unos $2.056 millones.

En efecto, desde septiembre la compraventa de acciones y títulos valores que no cotizan en los mercados pasará a estar alcanzada por una alícuota del 15%, mientras que la distribución de dividendos tendrá una tasa del 10 por ciento.

Faltan todavía varios detalles por conocerse, lo que lleva a los expertos a ser cautos a la hora de pronosticar el impacto que pueda tener la medida.

"Queda por ver la implantación de la norma respecto de qué pasa con los anticipos que ya se tributaron, que ya estaban en el impuesto y ahora no están. Ahí hay que ver si se va a hacer la devolución o si se deja de tributar", apunta el economista Matías Tombolini, docente de la UBA.

Y agrega que "un punto crucial por develar es la integralidad del impuesto. Es decir, la tabla en función de la cual se realizan los tributos, de modo que esa situación quede acomodada luego de muchos años en los que dicha tabla no se actualizara".

Ese punto es seguido de cerca por la oposición política, como lo dejó en claro el diputado Facundo Moyano, hijo del líder sindical disidente: "Si no se actualizan las alícuotas y las escalas de la 4º categoría de Ganancias, con los aumentos salariales más trabajadores tributarán".

Y, por cierto, el joven dirigente no se privó de pasar facturas a sus ex aliados del kirchnerismo: "No se entiende por qué utilizan el mismo discurso por el que nos decían ‘aristocracia obrera'", escribió en su cuenta de Twitter.

Dudas sobre el impacto económico

El alivio en el impuesto empieza a regir a partir del sueldo de septiembre, lo que implica que el impacto económico de la medida se empezará a notar en octubre.

La propia Cristina Kirchner manifestó su esperanza de que los $4.500 millones que los beneficiarios dejarán de aportar a la AFIP sean volcados al consumo, lo cual ayudará a revitalizar una economía con pronóstico de enfriamiento.

La Presidenta aprovechó para hacer su tradicional apelación a que los empresarios no respondan con aumentos de precios sino con mayor producción ante ese eventual incremento de la demanda.

De todas maneras, la magnitud de esta medida sobre la economía no está todavía clara.

"En teoría, puede contribuir a dinamizar el ritmo de actividad, pero hay que ver cuánto de esto efectivamente se va a incorporar a la oferta", afirma Gabriel Caamaño Gómez, economista jefe de la consultora Ledesma.

Y agrega: "Sospecho que buena parte va a ir a importaciones y que, además, también va a haber una mayor presión sobre la inflación".

En la misma se expresa Rodrigo Alvarez, economista de Analytica, para quien "será inevitable que una parte de este costo fiscal sea financiado con emisión monetaria, con lo cual algo de impacto inflacionario va a haber".

No obstante, también destacó que una porción del ingreso que resigna la AFIP volverá a las arcas estatales en concepto de IVA, si efectivamente se produce una revitalización del consumo.

Según este economista, lo que determinará cuál de los dos efectos prevalecerá será la forma en que el Gobierno pueda gestionar la reasignación de recursos.

"El Ejecutivo debería adecuar el gasto, porque sabemos que hay componentes que hoy tienen un uso poco eficiente. Concretamente, pienso en los subsidios a los servicios públicos, un tema en el cual no se avanza desde hace dos años", agrega Alvarez.

Hay, finalmente, otro factor que todavía no se ha analizado en profundidad: la gran mayoría de las mejoras en salarios implicaron aumentos en dos cuotas semestrales, y en muchos casos la segunda cuota -de entre 10% y 15% de incremento- será cobrada entre septiembre y noviembre.

Esto implica que, para aquellos empleados que están en el borde del nuevo "piso" de $15.000, la alegría puede ser muy efímera. Si se toma el caso de quienes cobran un ingreso bruto de $14.000 y que a partir de octubre reciban un 10% de mejora, esto los llevaría a un nuevo nivel salarial de $15.400, lo cual automáticamente los pondría en la franja de los que están alcanzados por el tributo.

En otras palabras, el 89% no afectado por Ganancias puede sufrir una reducción en muy poco tiempo.

Esta situación puede llegar a diluir parcialmente la expectativa que el kirchnerismo tiene formada respecto del impacto de la medida en términos de humor social y, en consecuencia, en términos de votos con vistas a octubre.

El round político

El rédito político que pueda traerle esta medida al Gobierno es todavía incierto. Por lo pronto, mal no le viene un aumento del ingreso salarial a una fuerza política que ha basado su apoyo electoral en el mantenimiento del consumo.

Pero hay otros factores vinculados con la oportunidad que no necesariamente le sumarán al kirchnerismo.

Es que todas las fuerzas opositoras están planteando el anuncio de la medida como una victoria propia, dado que se obligó a una marcha atrás por parte de la Presidenta.

"¿Para qué sirvió el voto castigo del 11 de agosto? Para obligar al Gobierno a subir el piso de Ganancias", señala el senador radical Ernesto Sanz.

En la misma línea, Mariana Zuvic, dirigente del ARI y una de las principales denunciantes de casos de corrupción, escribió: "¡Felicitaciones a los trabajadores y a la oposición por haber logrado que el Gobierno elimine el Impuesto a las Ganancias hasta 15 mil pesos!"

Desde la vereda oficialista, el líder piquetero Luis D'Elía ironizó: "Me imagino que Moyano y Massa preparan una marcha de agradecimiento por la enorme elevación del mínimo de Ganancias".

En las próximas semanas se clarificará quién sacará mayor rédito del tema, pero esa será una batalla que se jugará en el terreno de la comunicación política, algo en lo que hasta en la última campaña la Presidenta parecía imbatible.