El Congreso eliminó los exámenes de ingreso a las universidades

El Senado aprobó el jueves por unanimidad el proyecto de responsabilidad del Estado en la Educación Superior, por el cual se resuelve mantener la gratuidad en la educación superior en la República Argentina.

Se aprobaron en la sesión varias modificaciones en la ley sancionada durante el menemismo, que entre otros cambios, decretó el fin de los exámenes de ingreso a las universidades públicas, de manera de promover la igualdad de condiciones de acceso. 

"La ley menemista creó la posibilidad del cobro a estudiantes disfrazado bajo la figura de aportes, por ejemplo, lo que a abrió la puerta a vivir una situación como la chilena", indicó a Télam la autora de la modificatoria, la diputada Adriana Puiggrós (Frente para la Victoria). "Esta ley ahora garantiza la gratuidad y acompaña la creación de las nuevas universidades que hemos impulsado en los últimos años, incluyendo la Universidad Pedagógica que también es un proyecto de mi autoría, y a las que acuden una población de menores recursos", agregó.

Al respecto, el jefe del bloque de senadores nacionales del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, defendió la iniciativa que propone "mantener la gratuidad en la educación superior en la Argentina".

La medida fue respaldada en general por todas las bancadas. Por el radicalismo la hizo la tucumana Silvia Elías de Pérez, quien anticipó que el tema en debate "es una de las banderas históricas de nuestro partido".

Sin embargo, al discutirse en particular pidió una modificación del artículo 2 por entender que en su redacción deja abierta cierta injerencia del Poder Ejecutivo sobre la autonomía universitaria.

La puntana Liliana Negre adhirió, por el peronismo disidente, a la propuesta en general, pero coincidió con el radicalismo en el reclamo.

En cambio, Jaime Linares, del GEN de Margarita Stolbizer, acompañó al oficialismo, que no aceptó la modificación pedida con el argumento de que el proyecto podía perder estado parlamentario y era mejor garantizar su sanción como ley.

En este marco se modificaron varios artículos de la Ley 24.521, sancionada en 1995. El Artículo 2° quedó redactado para explicitar que "el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas".

A su vez, garantiza que sean "las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización" de los Institutos de Formación Superior de sus distritos y casa de altos estudios provinciales si las tuviere.

Sin filtro
Los cambios en la normativa también apuntan a que las casas de altos estudios promuevan la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, reconozcan las diferentes identidades de género y culturas, y generen una integración regional.

Por eso el texto de la norma define el ingreso a la educación universitaria como "libre e irrestricto". Los fundamentos del proyecto explican que este punto busca evitar que se restrinja el acceso a las facultades públicas vía "exámenes eliminatorios" u "otros mecanismos de exclusión".

Con el mismo espíritu de gratuidad, se les prohíbe a las casas de estudio "suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización".

Una última modificación les dio a las universidades nacionales la potestad para definir sus propios requisitos de regularidad. Hasta ahora los estudiantes estaban obligados a aprobar como mínimo una materia por año -en algunos casos dos- para mantener su condición de regulares.

Estas modificaciones tuvieron su media sanción en Diputados en 2013, cuando el único bloque que se opuso fue el PRO. Ahora el Senado dio también su visto bueno.