La reforma electoral que envió el Poder Ejecutivo al Congreso incluye el sistema de boleta única electrónica (BUE) o boleta digital (BD) con el propósito de eliminar prácticas como el robo de boletas y el clientelismo, además de agilizar la votación y el escrutinio de sus sufragios.

En el marco de esa discusión, iProfesional entrevistó a Alejandro Tullio, profesor de Derecho e Instituciones Electorales y Experto Internacional en Administración Electoral.

Tullio es una de las voces con más experiencia sobre temas electorales: entre mayo de 2001 y diciembre de 2015 estuvo al frente de la Dirección Nacional Electoral, es decir, en las elecciones nacionales llevadas a cabo durante los gobiernos de Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor y Cristina Kirchner.

-¿En qué punto está hoy la reforma electoral que se discute en la Cámara de Diputados?-El proyecto del Poder Ejecutivo tuvo giro a las comisiones de Asuntos Constitucionales (cabecera) Justicia y Presupuesto, las que comenzaron su tratamiento en plenario. 

En la primera sesión se recibió a los ministros de Interior y Modernización y escucharon los aportes de expertos convocados por las comisiones y luego hubo una reunión de Comisión en que comenzó el debate. 

En este momento están trabajando los bloques parlamentarios para acercar a propuestas que permitan alcanzar un despacho de mayoría en la comisión, y eventualmente  despachos de minoría, que permita su tratamiento en el recinto. 

En esta etapa del  procedimiento de reuniones de carácter técnico-político, se incorporan temas como la paridad de género que constituye un gran logro para la equidad de la representación política.

-¿Cómo evalúa la BUE que se quiere implementar? ¿Qué problemas y beneficios le encuentra?-El Ejecutivo propone un sistema de boleta de votación digitalizada por la cual el elector opta y configura sus opciones y las mismas son registradas en forma doble en el cuerpo de la boleta electoral, es decir impresas en texto y se registradas mediante un procedimiento de lectura automatizada, sea magnética o  de radiofrecuencia. 

Su desempeño ha sido --desde el punto de vista electoral-- positivo en los lugares en que se implementó: Salta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, San Luis, Neuquén. 

Se han pronunciado voces que alertan sobre los riesgos de naturaleza tecnológica de algunas opciones, las que se deben escuchar y atender con extremo cuidado, pero esos riesgos no han impactado en los hechos sino que han constituido hipótesis no consumadas. 

Las denuncias de sectores con conocimiento e interés en asuntos tecnológicos deben ser respondidas por el Estado, y las soluciones que no puedan satisfacer recaudos razonables de seguridad deben descartarse. 

Deben preverse todos los escenarios, vulnerabilidades y contingencias y tomar contramedidas en cada caso. 

Quien niegue la vulnerabilidad de los sistemas y dispositivos es un ignorante, un necio o algo peor. 

Pero no dudo que, con tiempo, recursos y conocimiento suficientes se pueden minimizar los riesgos y asegurar la integridad del sistema.

-¿El sistema de la BUE no es efectivo para resolver problemas como los planteados por el oficialismo, como por ejemplo el robo de boletas o el clientelismo?-En este punto colocaría los beneficios del sistema. Sin entrar en la polémica de si hay o no robo de boletas, lo que si hay es falta de las mismas. 

Falta real o potencial y en este grado de desarrollo de nuestra vida electoral - que es elevado, contra lo que piensa la opinión general - el Estado debe garantizar la totalidad de la oferta electoral en la totalidad de las mesas de votación. Ese es el punto fuerte del sistema propuesto.

Aunque se puede lograr de otras maneras, también es un punto fuerte que la confección de las actas sea automatizada; que sea el dispositivo electrónico que emita el acta y la constancia de votación. 

Finalmente, la menor intervención humana y la posibilidad de transmitir desde cada establecimiento de votación, hace que haya menos posibilidades de error y menos ventanas de vulnerabilidad de la integridad de la información contenida en los documentos electorales.

-¿Cuáles son los principales recaudos a tener en cuenta?-Tienen que ver con la integridad del software, la solidez y seguridad del hardware, sus sustentabilidad energética, la seguridad del registro en la boleta y la seguridad e integridad de las redes de transmisión de datos. 

Este último aspecto, que es crítico, está subvalorado en el proyecto del Ejecutivo.

Debe haber unos estándares previos al diseño de la solución aceptados por los partidos políticos y aprobados por la Justicia Electoral y auditorias de cumplimiento de esos estándares de oficio (por la Justicia), de los partidos políticos y de la sociedad civil.

-¿Qué nos enseña la experiencia de otros países?-Que este es un tema muy delicado donde el fracaso está mucho más cerca que el éxito. 

No es un proyecto tecnológico, es un proyecto electoral con tecnología por lo que la lógica que lo preside es la primera y las seguridades deben responder a los riesgos de lo segundo. 

Hay aprendizajes que realizar, los usuarios finales son un conjunto potencial de 32 millones de electores de todas las condiciones y niveles de formación. 

La solución propuesta debe ser certera al 100% y segura, pero si no es universalmente utilizable y comprensible, al menos en base a la capacidad verificar que el texto de lo votado coincide con la intención de voto individual, no es una buena solución aunque sea certera y segura desde el punto de vista tecnológico.