Uruguay dio un nuevo paso en línea con la tendencia global de cooperación tributaria y lucha contra la evasión, al decidir suscribir un convenio multilateral que establece líneas de acción para aplicar las medidas del proyecto BEPS —Base Erosion and Profit Shifting Project en inglés, término utilizado para definir las prácticas antievasión y de erosión fiscal empresarial— que impulsa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El convenio fue publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo junto a una resolución del 2 de mayo que autoriza al ministro y subsecretario de Economía del país vecino, Danilo Astori y Pablo Ferreri, para suscribir el acuerdo en nombre del Estado uruguayo. Ya en julio del año pasado Uruguay había adherido al proyecto BEPS.

Fabián Birnbaum, profesor de la cátedra de Impuestos de la Universidad ORT, explicó a El País de Uruguay, que el plan BEPS fue elaborado por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE y aprobado por el G20 (las 20 mayores economías del mundo) en 2013. Allí se identificaron 15 acciones para luchar contra la planificación impositiva que realizan las empresas multinacionales, que se aprovechan de la red mundial de tratados para evitar la doble imposición para trasladar beneficios a territorios de escasa o nula tributación.

El último punto del proyecto BEPS preveía el desarrollo de un instrumento multilateral para implementar las acciones acordadas y "permitir a las jurisdicciones que así lo deseen enmendar los tratados tributarios bilaterales", precisó.

Agregó que el convenio publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo "contiene normas relacionadas con mecanismos híbridos (acción 2 del proyecto BEPS), abuso de tratados (acción 6), la elusión artificiosa de la existencia de establecimientos permanentes (acción 7) y la resolución de controversias, incluyendo diversas opciones de procedimiento amistoso y arbitraje (acción 14)".

Cada punto del convenio establece el derecho de las partes de no aplicar una determinada disposición si así lo quieren. Birnbaum comentó que la implementación de las normas BEPS requerirá la modificación de unos 3.000 tratados tributarios bilaterales vigentes a la fecha y el instrumento multilateral busca brindar las herramientas para ello.