En vistas de la creciente oposición, la crisis irresuelta por el caso Maldonado y la cercanía de las elecciones, el Gobierno apoyará el próximo miércoles en el Senado la prórroga de la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria (26.160), que suspende los desalojos en territorios reclamados por pueblos originarios y que vence el 23 de noviembre.

Se trata de más de 8,4 millones de hectáreas en juego, que en muchos casos están en disputa con las provincias, petroleras, mineras, empresas forestales, represas y terratenientes, como es el caso de la familia Benetton y la Federación de Sociedades Rurales en Chubut.

Por ese mismo motivo, hay más de 200 conflictos abiertos en el país con las comunidades.

La mesa chica del Ejecutivo fijó en las últimas horas la posición del oficialismo, algo que hasta ahora era una incógnita ya que coexistían diferentes posturas al interior de Cambiemos. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Gabinete Marcos Peña comprometió el jueves por la noche el respaldo oficial a la iniciativa.

"Acompañaremos la prórroga de la Ley 26.160 pedida por las comunidades originarias", aseguró Peña.

El funcionario sostuvo que se terminará el relevamiento contemplado en la normativa para censar las propiedades comunitarias y adjudicar los títulos correspondientes, proceso que nunca concluyó el gobierno previo ni el actual.

El pronunciamiento de la Rosada llegó en medio de fuertes tensiones por la desaparición de Santiago Maldonado en el sur del país, donde en las últimas horas fueron quemadas las casas de los mapuches que habían hecho una protesta en el juzgado de Esquel y se produjo el desplazamiento del juez Guido Otranto, que estaba a cargo de la causa y fue cuestionado tanto por los familiares del artesano como por organismos de DDHH.

En el frente externo, en tanto, los miembros de la Comisión Mapuche en la ONU recusaron en Ginebra a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y reclamaron el cese de la violencia contra su comunidad, tal como lo había adelantado iProfesional.

Pero además, el Gobierno percibió un cambio de clima en las calles y en el interior del país, que empezó a repercutir en el Congreso.

Preocupados por el vencimiento de la ley, referentes de decenas de comunidades indígenas viajaron en los últimos días a Buenos Aires para reunirse con senadores y organizar la manifestación que esta semana rodeará el parlamento durante la sesión, con apoyo de la Iglesia, el triunvirato piquetero y las CTA.

La protesta comenzará con un acampe este sábado que se extenderá hasta el miércoles.

En paralelo, el Gobierno envió al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a Formosa, tierra del gobernador peronista Gildo Insfrán, donde se reunió con el líder Qom Félix Díaz y con Agustín Santillán, dirigente Wichi que está preso desde hace más de tres meses en el penal formoseño de Las Lomitas.

Díaz es uno de los tantos referentes que pide la suspensión de los desalojos y el reconocimiento de sus tierras.

El 7 de septiembre pasado, el bloque del PJ-FpV -encabezado por Miguel Pichetto- y Cambiemos rechazaron el tratamiento sobre tablas de la prórroga de la 26.160, impulsado por el senador Pino Solanas (Proyecto Sur) junto con la legisladora María Odarda (CC).

Con el argumento de llegar a acuerdos previos, aprobaron darle tratamiento preferencial para este miércoles. De los 72 senadores, hubo 33 votos negativos, 11 afirmativos, 10 abstenciones y 18 ausentes.

Sin embargo, a pocas semanas de las elecciones del 22 de octubre, los diferentes bloques de la oposición comenzaron esta semana a cambiar de parecer.

El giro se hizo evidente este jueves en el salón Illia de la Cámara Alta, donde Solanas presionó al peronismo, denunció una "campaña anti indígena" y amplificó el reclamo por la aparición con Vida de Maldonado.

Además de intelectuales y líderes indígenas, fue notoria la participación de Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV), Alfredo Luenzo (PJ Chubut) y Alfredo Martínez (UCR). Los tres senadores, que habían bloqueado el tratamiento express del proyecto (los dos primeros con la abstención y el último por la negativa) llevaron así su apoyo a la prórroga.

Con todo, la visita que llamó más la atención fue la del secretario de labor parlamentaria del oficialismo, Juan Pablo Tunesi.

"No tengo un termómetro pero están todos muy preocupados, muchos gobernadores no quieren saber nada con la ley pero no pueden dejar de dar solución por la crisis que produjo el caso Maldonado y la presión de las bases", dijo a iProfesional Solanas.

Tierra en disputa

La norma fue sancionada en 2006 y prorrogada en dos ocasiones para cumplir con el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, que reconoce la prexistencia de los pueblos originarios y su derecho a la propiedad.

Aunque los desalojos no se frenaron en todo este tiempo, los abogados y legisladores ven en la ley un paraguas para los reclamos indígenas.

Mientras tanto, las provincias enfrentan una doble presión: por un lado, los pedidos de desalojos impulsados por los terratenientes y, por otro, las protestas comunidades aborígenes.

Ese es el caso de los mandatarios de Tucumán y Salta, Juan Manzur y Juan Urtubey, ambos reticentes a la prórroga y cercanos a las entidades del campo.

Del mismo modo, Pichetto mantuvo hasta ahora una postura ambigua. Pese a que la legislatura de Río Negro solicitó la prórroga el 7 de septiembre, el senador rechazó el tratamiento sobre tablas y en las últimas horas pidió "recuperar las Fuerzas Armadas en la Patagonia" frente al "protomontonerismo" que identificó en la frontera.

Ahora, la discusión de fondo es por el plazo de extensión de la norma. Mientras Solanas y Odarda apoyan el proyecto de los pampeanos Norma Durango y Daniel Lovera, que la prorroga hasta 2021, el oficialismo busca reducirla a un período de entre 30 días y dos años, ya descartada la idea que primó en un principio de presentar una nueva normativa.

"El plazo va a ser no más de dos años, lo suficiente para terminar el relevamiento", señaló a iProfesional Daniel Lipovetsky, diputado del PRO.

Luego, el proyecto deberá pasar a la Cámara baja. Y en caso de ser aprobado, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo dependiente del Ministerio de Justicia, deberá retomar el relevamiento así como definir la participación de dirigentes indígenas, un derecho nunca cumplido.

El INAI identificó 1.532 comunidades en todo el país. De ese total solo fueron relevadas 459, pero no cuentan con títulos de propiedad. Mientras que 401 están aún en proceso de ser censadas. Así, el 70% de las comunidades registradas están excluidas, según los datos de Aministía Internacional.

Los conflictos por la propiedad de la tierra y desalojos violentos vienen desde hace décadas. Durante el kirchnerismo, uno de los casos de mayor trascendencia fue el de los Qom, que sufrieron al menos 25 muertes y acamparon en la Avenida 9 de Julio, hasta que los recibió finalmente Mauricio Macri.

Los reclamos por la concentración de la tierra volvieron a escalar en 2016, cuando el Gobierno modificó por decreto la Ley de Tierras Rurales y volvió aún más laxas las condiciones para la venta de campos a propietarios extranjeros, fijadas por el gobierno anterior en diciembre de 2011.

Según el Registro de Tierras Rurales, cerca de 62 millones de hectáreas (35% del territorio nacional) está en propiedad de 1.250 terratenientes (0,1% de los propietarios privados). Una proporción que aumenta en la Patagonia, donde la familia Benetton tiene una parte de sus más de 800 mil hectáreas.

En Chubut, la comunidad Pu Lof Resistencia de Cushahmen, le reclama 1.000 hectáreas al empresario textil. Allí la Gendarmería reprimió a los mapuches el 1 de agosto, quienes aseguran que fue donde se secuestró a Maldonado, que 51 días después sigue desaparecido.