En una reunión conjunta de las comisiones de Comunicaciones e Informática, de Defensa del Consumidor y de Justicia, obtuvo dictamen un proyecto por el cual se regula la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet, a efectos de “garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, preservando los derechos al honor”.

Juan Brugge, titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática, explicó que “este proyecto tiene la característica de cubrir un vacío legal”, y en ese sentido aclaró que “se deben compatibilizar los derechos al acceso a la información y a la libertad de expresión”.

El diputado también advirtió sobre los “problemas interjurisdiccionales, ya que muchos proveedores tienen sede en otros países para accionar legalmente”, y convocó a “dar el debate sobre una gran ley en donde se prevean otros mecanismos de Internet”.

En tanto, Liliana Schwindt, presidenta de Defensa del Consumidor, expresó que “en esta era hay una modernización constante de Internet, por eso es necesario tener un marco flexible que marque el camino de virtudes y valores que estamos necesitando”.

Por su lado, la radical Karina Banfi, destacó que la propuesta de ley “respeta todos los estándares internacionales en derechos humanos”.

El proyecto prevé un sistema de autoregulación en la que los proveedores podrán crear una cuenta de correo electrónico, un formulario electrónico o un medio equivalente para implementar mecanismos alternativos para la notificación de denuncias, indicó Parlamentario.com.

Sobre esta temática no hay una regulación precisa, por eso los damnificados por alguna publicación recurren a acciones judiciales que son resueltas según el criterio del juez interviniente, generándose fallos distintos sobre situaciones similares.