Al igual que con el subte, en el caso del ferrocarril Urquiza la empresa Metrovías también deberá presentarse a una licitación si pretende seguir operando esta línea de trenes que le fue concesionada por el Estado el 22 de diciembre de 1993. Esto se debe a que el Ministerio de Transporte rechazó un pedido de la compañía de la familia Roggio para extender el plazo de la concesión por 10 años más a partir de diciembre. 

La decisión forma parte de la Resolución 1325-E/2017 publicada en el Boletín Oficial por el ministerio que comanda Guillermo Dietrich y en la cual solamente se amplía el plazo durante 18 meses. En ese período, el Gobierno debe elaborar los nuevos pliegos para licitar este red ferroviaria de transporte de pasajeros.

El contrato de concesión le permite a Metrovías gerenciar de manera integral el servicio. Esto es, la explotación comercial, la operación de trenes y atención de estaciones, el mantenimiento del material rodante, infraestructura y equipos y todas las demás actividades complementarias y subsidiarias. En tanto, el control de la concesión quedó en manos del Ministerio de Transporte.

Sin embargo, la Ley N° 25.561 declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, también incluyó los contratos de concesión firmados por el Estado. De hecho, también se declaró el estado de emergencia de la prestación de los contratos de concesión del Sistema Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires, a través del Decreto N° 2075 de octubre de 2002.

Al tener en cuenta ambas determinaciones, la actual resolución explica que si bien los contratos se mantuvieron en vigencia, deben volver a ser negociados con las empresas concesionarias. Incluso recuerda la creación de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos en julio de 2003 y que dependía del ex Ministerio de Planificación Federal. Su objetivo era el de analizar la situación y grado de cumplimiento de los distintos contratos, suscribir acuerdos integrales o parciales, elevar proyectos normativos, elaborar un marco regulatorio general para servicios públicos de jurisdicción nacional y efectuar recomendaciones vinculadas a dichos contratos y su funcionamiento.

Sin embargo, el gobierno actual disolvió por decreto en febrero de 2016 esta unidad y le instruyó a los ministerios a cuyas órbitas correspondan los respectivos contratos sujetos a renegociación, a proseguir los procedimientos. Y los facultó a dictar los actos administrativos necesarios a los fines de concluir los procesos de renegociación de los contratos bajo su jurisdicción.

En ese marco, en Transporte se creó la Comisión Especial de Renegociación de Contratos con el objetivo de "que se adopten las medidas necesarias para reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria y la implementación de la modalidad de acceso abierto, y adecuar de esta forma los contratos de concesión vigentes al universo normativo imperante".

Esta comisión tuvo a cargo el estudio del pedido de Metrovías de prórroga del plazo de concesión por 10 años que prevista en el artículo 5.3 del contrato. El ente elaboró un informe en el cual expuso los antecedentes y la evolución contractual de las dos concesiones, analizó el contexto normativo y formuló una consulta a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Transporte.

Según la resolución, tras recibir la respuesta la comisión formuló un nuevo informe que dio base al rechazo de la extensión del plazo de concesión hasta el 2028 pedido por la sociedad de los Roggio.  En los fundamentos se asegura que no estarían dados los motivos para ampliar el contrato y se agrega que "se trata de un vínculo contractual que no responde a los intereses actuales del Concedente".

El documento advierte que "tanto la salida del régimen cambiario como la emergencia económica, y en particular la emergencia del Sistema Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros, implicaron, entre otras cuestiones, que diversas previsiones contractuales fueran suspendidas, alterando el diseño y el sentido original de los contratos".

Agrega que la emergencia implicó el congelamiento de las tarifas, la eliminación de los excedentes tarifarios, el crecimiento paulatino de los subsidios aportados por el Estado Nacional para cubrir los costos de operación, se instruyó la adecuación del régimen de penalidades y, se suspendieron los planes de obras en ejecución y a ejecutarse.

También se dictaron normativas adicionales que se erigieron como paliativos temporales para mitigar el impacto de la emergencia. Pero se extendieron tanto que alteraron la lógica y diseño original de los contratos de concesión, desvirtuando el control por resultados que preveía el acuerdo original.

La resolución explica además que los fondos que destina el Estado nacional para compensar los costos de explotación del servicio representan el 94% de la cuenta de explotación de Metrovías. "En estas condiciones, adecuar el régimen contractual a las necesidades e intereses de la administración, de manera que se ajuste al plexo normativo vigente, implicaría la introducción de modificaciones tan radicales que pondría en crisis su diseño original, a punto tal de configurarse una contratación distinta a la prevista en el llamado a licitación originario; a lo que cabe añadir que el plazo de concesión está próximo a su vencimiento", asegura la resolución publicada en el Boletín Oficial.

Por estos datos, la comisión a cargo de estudiar el pedido de Roggio lo rechazó por entender que no están dadas las condiciones exigidas por el contrato de concesión para conceder la prórroga solicitada. Pero también en función de un análisis integrador donde se consideró la evolución histórica de la ejecución de la concesión, el desempeño operativo de Metrovías, el impacto de la emergencia económica, las políticas públicas que en materia ferroviaria se proyecta instrumentar, la normativa vigente y otras cuestiones vinculadas a la explotación de los servicios ferroviarios.

Como resultado, se entendió que el contrato, incluso con las modificaciones parciales introducidas, "no garantizan la prestación eficiente del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros y, por tanto, no responde en rigor a las necesidades del Estado concedente". Recuerda el documento que la Ley N° 27.132 además de declarar de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, estableció como principios de la política ferroviaria, "a la administración de la infraestructura ferroviaria por parte del Estado Nacional; la participación pública y privada en la prestación y operación de los servicios de transporte público ferroviario y la protección de los derechos de los usuarios".

Teniendo en cuenta estos antecedentes, la comisión también recomienda la necesidad de diseñar e implementar un nuevo esquema contractual para la prestación y operación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros "que establezca obligaciones claras e incentivos para la mejora permanente de la calidad y seguridad del servicio y con incentivos claros y mecanismos de control preestablecidos".

Le da al Estado 18 meses a partir de ahora para elaborar estos pliegos que además deben tener en cuenta el proyecto (RER) Red de Expresos Regionales. En ese período, las concesionarias seguirán a cargo de los servicios "lo que coadyuvará a una transición operativa ordenada, garantizando los intereses de los usuarios". Vencido ese plazo sin que se hubiese adjudicado el contrato, será la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado que deberá explotar el servicio.