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El futuro del expresidente Inácio Lula Da Silva tiene en vilo a todo el continente. Gustavo Segré, director de Center Group, analiza para sus opciones
31/01/2018 - 22:52hs

El último 24 de enero el Tribunal Federal de Porto Alegre no solamente ratificó la sentencia que le había dado el juez Sergio Moro al expresidente Lula Da Silva, sino que también aumentó el tiempo de prisión de 9 años y medio a 12 años y un mes.

Esta última sentencia complica a Lula porque, al ser por unanimidad, son pocos los recursos que le quedan por delante.

Cuando el tribunal de Porto Alegre emitió su condena a 12 años y un mes, también confirmó la inhabilitación para ocupar cargos públicos por 7 años.

La cuestión es que al ser dictada gracias al voto unánime de tres jueces, le dejó a la defensa de Lula solamente un tipo de apelación, que se llama embargo de declaración.

El objetivo de este recurso es únicamente despejar dudas sobre la propia sentencia. Pero no puede tener ninguna aspiración a revertirla.

Si la condena hubiera sido el resultado de dos jueces a favor y uno en contra, ahí Lula hubiera ganado mucho más tiempo.

Lo cierto es que en los próximos días debe salir la publicación de la sentencia. Dos días después, vencerá el plazo para que la defensa presente el recurso de declaración (o embargo de declaración). A partir de ese momento, podrá pasar entre un mes y dos hasta el que el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, respondiendo al embargo de declaración, confirme la sentencia. Entonces ya no habrá nada más que hacer en esta segunda instancia.

Según el propio presidente del tribunal, Leandro Paulsen, la sentencia está para ser cumplida. Lo cual lleva a pensar que inmediatamente después de ser respondido el embargo de declaración, el tribunal le pedirá al juez Sergio Moro que emita un pedido de cumplimiento efectivo de prisión.Las opciones legales

¿Cuáles son los pasos que tienen Lula y su defensa para evitar que el juez no haga el pedido de captura?

Básicamente, existen dos instancias superiores que le permitirían ganar tiempo.

La primera es el Superior Tribunal de Justicia. Este tribunal tiene como objetivo verificar si se cumplió correctamente la ley. No verifica pruebas documentales ni testimoniales, ni tiene como objetivo revertir sentencia alguna.

Aquí se verifica, por ejemplo, si se cumplió el derecho de amplia defensa. Si no fue cumplido, se cancela el proceso y tiene que empezar todo de nuevo. Pero esto es algo que todos los juristas de Brasil dan como prácticamente imposible.

El otro recurso sería ir directamente al Supremo Tribunal Federal, el equivalente a la Corte Suprema de Justicia en Argentina. Tampoco tiene como objetivo revertir la sentencia y se enfoca que revisar que no se haya vulnerado la Constitución durante el proceso.La candidatura, una salida

La defensa de Lula corre por dos caminos complicados. Por un lado, dentro de la sentencia está la condena con efectivo cumplimiento de la pena. Y por otro lado, la posibilidad de que Lula sea candidado.

El ex presidente se encuentra dentro de una avenida, donde de un lado ve la cárcel. La única opción que tiene para no ir preso es mirar para el otro lado de la avenida y ver la presidencia de la República. Por eso es tan importante para Lula poder ser candidato.

El obstáculo es que la sentencia en segunda instancia lo inhabilita para ejercer cargos públicos. El principal problema para ser candidato está en una ley que el propio Lula promulgó en 2010, que se llama “ficha límite”.

Esta ley establece que ninguna persona con sentencia confirmada en segunda instancia puede ser candidato a cargos electorales. Así, Lula quedó atrapado por una ley que él mismo impulsó, imaginamos suponiendo que podría ser utilizada contra algún opositor a su proyecto político.

Si la defensa de Lula solicita urgencia para entrar al Superior Tribunal de Justicia, estaría impulsando también la condena a prisión. En esa circunstancia se encuentra la defensa de Lula y, por supuesto, el propio expresidente.

Algunos de los juristas entienden que la única opción que tiene Lula de no ir efectivamente a la cárcel sería el Supremo Tribunal (la Corte Suprema). Pero en ese caso muchos ya han interpretado que en la segunda confirmación –la segunda instancia- debería ser de cumplimiento efectivo.

De hecho, hubo una jurisprudencia de la propia Corte, que declaran que cuando un órgano de segunda instancia determina una sentencia, ésta debe ser cumplida.

Además, si por algún motivo la Corte le da la excepcionalidad a Lula para que cumpla la sentencia, automáticamente tendrían que sacar de la cárcel a un montón de gente que está en situación parecida.Impacto político y económico

Desde lo político el problema es mayor. Porque los partidos aliados a Lula ya están dando como seguro que él no podrá ser candidato. Y hay una dispersión muy grande entre esos espacios, que antes podían confluir en una candidatura única –la de Lula– y que ahora empiezan a jugar fichas por cada uno.

El panorama electoral se complejiza, pero la economía mejora. Como Lula necesitaba radicalizar su propuesta de izquierda para tomar más votos de personas necesitadas, la propuesta del partido de los trabajadores era un Estado más grande, con mayores planes sociales, donde la gente más necesitada no precisaría trabajar. Lo que todos conocemos como más populismo.

Eso le generaba mucha incertidumbre al mercado. Y a partir de observar que Lula podía llegar a ser un candidato firme y tenía entre un 30 y 36% de las preferencias electorales, las inversiones, las contrataciones y sobre todos las inversiones desde el exterior corrían riesgo de parar.

En cambio, la posibilidad de que Lula deje de ser candidato impulsó al mercado dándole al índice Bovespa el mayor de todos los valores históricos: superó los 85.000 puntos.

Y el dólar, por primera vez en mucho tiempo, se colocó por debajo de los 3,20 reales.

La historia de Lula, mal está por terminar. El plazo para que pueda registrar su candidatura termina el 15 de agosto de 2018. Y hasta esa época –en nuestra interpretación– podría tener dos sentencias más en su contra por procesos penales que ya están en curso.

Recordemos: esta sentencia del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre es la primera de siete procesos y aún hay dos denuncias policiales que no se conformaron todavía como procesos jurídicos.

Mucho hay por decir, mucho habrá por analizar y, sobre todo, mucho ocurrirá hasta el 15 de agosto. Y, seguramente, también hasta el 7 de octubre de 2018, fecha del primer turno de las elecciones presidenciales. Comicios que se realizarán con Lula, o sin Lula.