Son días complejos en términos políticos los que le está tocando atravesar el Gobierno de Macri, siempre atento en remarcar un discurso en favor de la transparencia. 

Recientemente, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, quedó en la mira luego de que salieran a la luz documentos oficiales que darían cuenta de una supuesta participación en sociedades offshore no declaradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) antes de asumir funciones públicas.

Si bien Caputo negó haber sido propietario o accionista del fondo que administró sumas millonarias en paraísos fiscales, varios referentes de la oposición salieron a reclamar su renuncia. 

Ahora, quien está bajo la mirada pública es el subsecretario general de Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan. 

Una investigación publicada por el diario español El País aseguró que el funcionario habría ocultado u$s1,2 millones en Andorra, un país de menos de 80.00 habitantes, emplazado entre España y Francia, donde hasta el año pasado regía el secreto bancario. 

Según la información, el dinero habría permanecido en una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a nombre de una sociedad, denominada Line Action Ltd. 

El País consigna que Díaz Gilligan figuró ante el banco como representante de la empresa y accionista.

La cuenta -siempre según fuentes citadas por el medio español- se abrió en 2012, cuando Díaz Gilligan era asesor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y habría mantenido su actividad hasta diciembre de 2014, cuando llevaba un año como director general de Promoción Turística. 

La cuenta de Line Action tenía en diciembre de 2014 un saldo de 1,2 millones de dólares y se nutría de transferencias de Uruguay de “clubs de fútbol”, según el BPA. 

“Como consecuencia del nombramiento del accionista como director general de Turismo, éste decide dejar la actividad comercial que desarrollaba a través de Line Action y vende la sociedad el 3 de noviembre de 2014”, afirma un acta confidencial del banco, citado por El País. 

Frente a esta polémica, Díaz Gilligan afirmó que el dinero no era suyo y que fue accionista y director de Line Action por hacerle un favor a un amigo, Francisco Casal, un empresario uruguayo vinculado al fútbol, representante de futbolistas y propietario del canal de televisión GolTV. 

"Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, indicó el funcionario de Macri, en diálogo con el medio español. 

Respecto de su salida de la sociedad, el funcionario aseguró: "Pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso”.

Además, negó saber que el 100% de esta sociedad pertenecía a una mercantil panameña, cuyos dueños son un misterio.