La mina de carbón de Río Turbio se convirtió durante la gestión kirchnerista en destinataria de un millonario presupuesto: 26.000 millones de pesos. El objetivo era la puesta en marcha de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) para la generación de energía. Eso no ocurrió y la partida presupuestaria derivó en una mega causa por defraudación.

En el marco de dicha investigación, el fiscal Carlos Stornelli (en la foto) imputó hace una semana, por defraudación a otros 17 empresarios y solicitó que sean indagados.

Julio De Vido está preso por esta investigación, y en una causa vinculada a la misma, esta semana el juez Luis Rodríguez detuvo al intendente de la localidad santacruceña Atanasio Pérez Osuna y al ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain por una obra inconclusa y acusados por defraudación al Estado. 

La partida presupuestaria del extinto ministerio de Planificación Federal hacia YCRT es objeto de investigación por presunta malversación. En las obras y convenios firmados participaron diversas empresas que son la “contraparte en las contrataciones aquí investigadas”, señaló el fiscal Stornelli en el dictamen difundido por el diario Clarín.

Para la Fiscalía, todos los acusados en la causa “participaron con diferentes grados de contribución, en la conformación de un complejo y millonario plan criminal”.

Se distinguieron al menos dos comportamientos diferenciados: una defraudación contra la administración pública y un peculado de bienes públicos, indicó el matutino.

Para Stornelli, que imputó el viernes pasado a 17 empresarios, las “palmarias y gravísimas irregularidades no habrían podido prosperar, extenderse en el tiempo y dar virtualidad a este ilícito sistema de contrataciones, sin el consentimiento y aportes de los empresarios que terminaron contratando con la Fundación de la Facultad Regional de Santa Cruz (FRSC) en condiciones de manifiesta ilegalidad”.

Las irregularidades

Los proyectos puntualizados y que derivaron en este pedido de indagatoria de un conjunto de empresarios, son:

* “Tren Histórico”: contó con un sobreprecio según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en las obras adjudicadas por la Fundación FRSC al proveedor EDIMAT S.A. La diferencia que se calculó fue de $158.181.100: un sobreprecio del 29%. Dentro de estos porcentajes está comprendido el 10% que percibe la FRSC, intervenida por el juez Rodríguez. “Las obras fueron adjudicadas de manera directa a la empresa EDIMAT S.A., y no se terminaron”, señala el dictamen.

La SIGEN determinó que se pagaron anticipos financieros no contemplados a EDIMAT S.A por $13.061.000 en el marco del Convenio Específico Raqueta Ferroviaria Río Turbio, que “no tuvieron principio de ejecución” y estos fondos “no consta que hayan sido transferidos a otros proyectos y habrían desaparecido de la contabilidad”, según la SIGEN.

* Otra de las contrataciones cuestionadas fue la detallada como “campaña comunicacional y promoción del proyecto Ramal Ferro Industrial Eva Perón”, cuyas obras “no fueron finalizadas y costaron $7,8 millones”. Las empresas contratadas fueron D&A Comunicaciones S.A. y Refugio Sur S.A.

* Por otro lado, se mencionó la partida de $8.436.178,61 por la construcción de un Museo Ferroviario que “no se llevó a cabo y no tuvo, siquiera, avance de obra. El arquitecto Jorge de La Torre cobró un monto de $8.406.719,95 por esas obras que no tuvieron grado de avance”, remarcó Stornelli.

* Finalmente, el dictamen del fiscal señala las obras encomendadas a la empresa G&G Metalmecánica. “La diferencia entre el precio pactado por FFRSC con G&G y el pactado por FRSC con YCRT es del 60% y del 48% en los diferentes convenios. La suma sobrefacturada a YCRT es de $10.682.368,13”.

* También se denunció a las empresas involucradas en los proyectos Caliza y Cenizas, adjudicados por intermedio de la Fundación de manera directa a la empresa KRK Latinoamericana S.A., “la SIGEN observó diferencias presupuestarias del orden de los $24,8 millones".

La empresa recibió $32.900.000,00 en “concepto de anticipos financieros no contemplados por obras que no tuvieron ejecución”. Esos fondos, según el informe de la SIGEN, fueron transferidos a otros proyectos y se dispuso la baja de los convenios sin ejecución de obra.

* Otra obra es el proyecto cañería de aire. La SIGEN observó diferencias presupuestarias del orden de los $24 millones. “Dichas obras fueron adjudicadas de manera directa a la empresa Kaeser Compresores de Argentina SRL, la que sólo entregó equipamiento por un valor de US$ 1.870.630, esto es un 12% del monto total de los bienes facturados por la empresa, US$ 15.131.734,46”.

* Se observaron además en otro proyecto de cañerías, “diferencias presupuestarias y sobreprecios por $32,9 millones. Dichas obras fueron adjudicadas de manera directa a la empresa Cadexa Services SA”.

En este contexto, el fiscal Stornelli pidió al juez Rodríguez que cite a indagatoria a los titulares de las empresas que “resultaron adjudicadas de manera directa en las obras y contrataciones objetadas en esta investigación”.

Uno por uno

Se pidió que sean indagados los titulares de las empresas EDIMAT SRL, Ramona Ambrosia Alcaraz e Ivana Iris Gauna; de D&D Marketing Comunicaciones, Alejandra Adriana De Alba; de Refugio Sur SA, Néstor Daniel Moleres; de Reclimp SRL, Ana María Petri y Patricia Verónica Pizarro y el arquitecto Jorge Daniel De la Torre.

También se pidió que se cite al dueño de la Estancia Killik Aike, Roberto Fernández, que recibió fondos sin firmar ningún convenio.

De las firma G&G Metalmecánica SRL, se pidió que se indague al socio gerente Gabriel Asenjo; y de Chimen Aike S.A., a su presidente Rubén David Aranda. También a los titulares de la empresa KRK Latinoamericana S.A., Alfredo Giménez y José Luis Zorrilla, como al titular de la empresa Kaeser Compresores Argentina SRL, a Gustavo Ariel D'Adamo.

Finalmente, se requirió la indagatoria al titular de la empresa Cadexa Services SA, Esteban Ruiz Coines.