De un lado piden más inversíon, del otro les contestan que sufren demasiada carga impositiva: en la industria de las telecomunicaciones sucede lo mismo que en cualquier otra actividad económica.

Desde el Gobierno quieren ampliar el acceso, la conectividad, y convocan al sector privado para llegar a esas porciones de población a donde las telecomunicaciones, o no llegaron aún, o lo hacen con terribles déficits de calidad. Les piden más inversiones. Los privados entienden que debe haber más inclusión pero es cada vez más fuerte el reclamo sobre la carga impositiva que pesa sobre la actividad.

Es parte de lo que arrojó durante la mañana de este lunes el Primer Foro Interamericano sobre Telecomunicaciones, organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que contó con la presencia del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y con la del secretario general de la entidad internacional, Luis Almagro, además de diversos referentes del mundo empresario y de la sociedad civil.

Ibarra expresó, tal como lo viene efectuando en cada encuentro sobre el sector del que participa, que la Argentina necesita conectar a 2 millones de personas de acá a 2019, y que será una tarea que deberán realizar tanto el sector público como el privado.

Tal como lo hizo en el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, el ministro consideró durante su exposición que, de ese total, 500.000 conexiones estarán a cargo del Estado, y el restante millón y medio, será responsabilidad del sector privado.

Conectar a las personas que aún no están cubiertas por los servicios de telecomunicaciones, y mejorar las velocidades de conexión a niveles como los que presentan los países de la Unión Europea, con un promedio de velocidad de 20 mb, según expresó el ministro, forma parte de la llamada Economía Digital, uno de los temas que se llevará una parte importante en el marco de las discusiones que se impulsan en el marco del G20, que se desarrollará a fin de año en Buenos Aires.

Ibarra planteó como un desafío articular al sector público y privado para desarrollar de manera completa a las telecomunicaciones a lo largo de todo el territorio argentino. "La convergencia real, la que genera impacto social y económico, se sustenta en las inversiones en infraestructura fija. El desafío es alcanzar un nivel de convergencia que incluya todos sus componentes: fibra óptica, televisión por cable, telefonía móvil y telefonía fija, es decir, el cuádruple play", aseveró.

En paralelo a la necesidad de darle acceso a los argentinos que aún no lo tienen, el ministro también subrayó que se va a mejorar la velocidad de conexión de 3,5 millones de hogares que hoy cuentan con una conexión de mala calidad.

"Esperamos llegar al 80% de los hogares argentinos con conexión de alta calidad para el 2020", enfatizó el ministro quien admitió que si bien se han implementado transformaciones aún queda "mucho por hacer".

La aspiración del funcionario es llegar a los 20 mb de velocidad promedio en 2020. En ese marco, de una media de velocidad que, señaló, en 2017 se ubicó en los 9 mb, se pasará a 12 mb al finalizar 2018 y llegar a los 20 mb en 2020. Se advierte que la expectativa es que los niveles de velocidad se incrementen de manera exponencial a partir del año próximo cuando el mercado en su conjunto ingrese en la competencia plena. Al menos, de acuerdo a lo establecido hasta ahora por las regulaciones vigentes.

¿Cómo podría insertarse el sector privado en un esquema de acceso a los sectores más alejados de los centros urbanos y/o con menores niveles de ingresos?

Una de las alternativas es la que se impulsa desde el capítulo latinoamericano de Internet Society (ISoc), la organización mundial dedicada al desarrollo de internet, que propone la creación de redes comunitarias. Es decir, redes de telecomunicaciones que den acceso a pequeñas poblaciones que necesiten de esa conectividad pero con la condición de que esa misma comunidad se haga cargo de la gestión de la red.

"Se trata de un modelo que es diferente, es otra aproximación, y permite llevar internet a lugares remotos. Es, además, un modelo replicable y sustentable, donde no hay un único modelo de financiación", explicó a iProfesional, Sebastián Bellagamba, director de Isoc para América latina.

La ONG actúa como articulador. Se involucra en diversos proyectos y, para ayudar a una comunidad a gestionar su propia red, evalúan las necesidades, la cantidad de gente a conectar, la infraestructura disponible y a desarrollar, y a partir de ahí se define el proyecto. Luego, se capacita a la comunidad para que puedan hacerse cargo de su gestión.

Los fondos para impulsar estas iniciativas pueden venir de los que se cobran por Servicio Universal, los que puede aportar la misma ISoc o, inclusive, los que vienen a través de otras ONG. A esto se suma la capacitación técnica puesto que la iniciativa de la entidad es realizar transferencia tecnológica y de sustentabilidad.

"Acá se tiene en cuenta que una red tiene un costo y para poder sostenerlo la comunidad tiene que poder pagarlo. De modo que nuestro objetivo es encontrar a la comunidad capaz de concretar el proyecto y de que lo pueda sostener en el tiempo", amplió Bellagamba.

En la Argentina hay al menos tres proyectos del tipo en Córdoba, y están siendo analizadas diversas iniciativas para activar en el sur del país. En Jujuy, por caso, una comunidad que desarrolló su propia red evitó, de esa manera, contratar el acceso al proveedor de la zona y aprovechó la capacidad adquirida para convertirse en un exportador pleno de maní.

Es en este marco, que este lunes ISoc firmó un acuerdo con la OEA para el desarrollo de redes comunitarias en toda América latina. Pero que no se proponen como contraposición al desarrollo de redes del sector privado.

"Lo que impulsamos no es una alternativa a los carriers porque a algunos las comunidades tienen que comprarle la conectividad. Se trata de llegar con un modelo complementario con redes comerciales", subrayó el director de ISoc.

La necesidad de llegar a aquellos aún no conectados también fue planteada por el presidente de Telefónica, Federico Rava, quien destacó que "el 40% de los no conectados está en áreas rurales y ahí tenemos una responsabilidad. Necesitamos ser creativos para compartir infraestructura y crear modelos de negocios para llegar a lugares donde la rentabilidad no es tan evidente".

A nivel global, la compañía está asumiendo esa responsabilidad y encara sus primeros emprendimientos en Perú destinados a cumplir ese objetivo.

La mochila impositiva

Sin embargo, y más allá de los distintos proyectos y de quiénes son los que, finalmente, financian, hay otro aspecto que también se planteó durante la mañana y que tiene que ver con la alta carga impositiva que soporta el sector.

Se trata de un reclamo que comenzó a escucharse a finales del año pasado y que, todo indica, será un clamor creciente a medida que avance 2018.

El propio Rava lo expuso en el momento de su disertación: "La alta presión impositiva de nuestro sector, que es motor de industrias, afecta a las empresas de bienes, de servicios... Nuestro sector tiene 51% promedio más (de carga impositiva) que la que tiene cualquier industria promedio. En vez de potenciar más inversiones, se tiene una lógica más recaudatoria. Una lógica de inversión y no recaudatoria sería un motor", apuntó el ejecutivo.

A finales de noviembre del año pasado la GSMA, la organización mundial que representa a los principales operadores móviles del mundo, elevó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y al Ministerio de Hacienda un informe elaborado por E&Y en el que quedaron en evidencia los tributos que recaen sobre el sector.

En ese momento, sus referentes expresaron que esa carga tributaria afecta "al 40% más pobre de la población", gran parte de los que se pretende conectar con las iniciativas que impulsa el Gobierno a nivel oficial.

Finalmente, la mañana terminó con otro pedido del presidente de Telefónica, quien reiteró la necesidad de que para que haya más inversiones, que es la demanda constante del Gobierno, "las reglas de juego tienen que ser equitativas entre todos los actores. En Argentina estamos en ese proceso. Si no, esta aceleración que queremos generar, se va a distorsionar", concluyó.

Se refería a la constante demanda que tanto Telefónica como Claro realizan para poder dar televisión paga por la vía satelital. Si bien las compañías ya están habilitadas para dar el servicio en distintas zonas del país quieren usar la tecnología satelital, que hoy sólo puede ofrecer DirecTV. 

Pero el reclamo va en línea directa a las posibilidades que tiene la otra incumbente, Telecom, en pleno proceso de fusión con Cablevisión, y que tiene la chance de seguir explotando el negocio de la televisión por suscripción con la tecnología de cablemódem, aunque sin ofrecer todavía planes en combo. 

En su presentación, Ibarra había manifestado que la inversión genuina viene a partir de la construcción de redes de fibra óptica, que es lo que pretende que se desarrolle. Los operadores mencionados pretenden tener una atajo más corto en el inicio del ingreso al negocio de TV paga, aún a sabiendas de que no se trata de la tecnología más eficiente para poder ofrecer servicios empaquetados, es decir, convergentes.

Ibarra prometió en Barcelona, que se avanzaría con una "norma corta" para resolver varias de estas cuestiones. Aunque no pareció verse urgido por esa aprobación. Está claro que el Gobierno quiere desarrollo de infraestructura y las decisiones se orientan en esa dirección.