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Reforma laboral: los tres proyectos de ley del Gobierno para blanqueo, despidos, pasantí­as y tecnologí­a en la salud

Reforma laboral: los 3 proyectos del Gobierno para blanqueo, despidos, pasantí­as y salud

La relación entre el Gobierno y el "ala dura" del sindicalismo volvió a tensarse ante el plan oficial que apunta a modificar la normativa vigente. Ocurre mientras el sindicalismo apunta a tener una nueva conducción que reemplace al actual triunviro. El Ejecutivo "pone fichas" para no quedarse afuera

Por Federico Mc Dougall
01.05.2018 14.04hs Legales

En el Dí­a del Trabajador, el triunviro de la CGT, Juan Carlos Schmid, rechazó la reforma laboral que propone el Ejecutivo y aseguró que "los trabajadores pasan las de Caí­n para llegar a fin de mes".

"Ya he manifestado que no hay confianza en las propuestas del Gobierno, porque primero dice una cosa y termina haciendo otra. Si en el proyecto aparece este tema de rebaja de indemnización ante despidos, lo voy a rechazar", adelantó.

"Muchos vamos a rechazar este proyecto. El anterior fue en realidad un ensayo para terminar sancionando la ley de reforma previsional", señaló Schmid y criticó la situación que atraviesan los asalariados.

"No hay motivos para festejar el dí­a del trabajador, es muy compleja la situación. Los trabajadores pasan las de Caí­n para llegar a fin de mes. Pensemos en los millones de compatriotas que no tienen trabajo", dijo el gremialista de Dragado y Balizamiento.

La CGT elegirá una nueva conducción que reemplace a la actual, que "está recorriendo sus últimos dí­as", según apuntó Schmid.

"Seguramente el jueves va a reunirse (el triunvirato) con el Consejo Directivo para el congreso de integración de autoridades. Hasta ese momento, estamos al frente para tomar las decisiones que falten", afirmó el dirigente moyanista.

Por su parte, el secretario de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Ramón Ayala, también rechazó la reforma laboral.

"No estamos de acuerdo en que se bajen las indemnizaciones", afirmó, aunque consideró que "están bajando los niveles de pobreza y desempleo", aseguró.

Desde la vereda oficial, el ministro Triaca indicó: "El proyecto que mandamos al Congreso tiene una mirada integral" e insistió en que buscan "generar ví­nculo entre trabajadores y empleadores que priorice el consenso y no el conflicto".

"Eso tiene que ver con la formalización de trabajadores" por un lado, y por el otro, la creación de "un fondo de cese laboral", vinculado con las indemnizaciones.

Este fondo serí­a "administrado por los sindicatos en conjunto con el empleador", indicó Triaca, para luego agregar que el principal objetivo de las iniciativas remitidas al Senado es "darle previsibilidad al empleado y al empleador".

"Cada convenio tiene la posibilidad de recurrir a este fondo de cese y cada sector define el alcance del mismo", indicó el funcionario.

Así­, trató de dejar en claro que "el fondo de cese reemplazarí­a la indemnizaciones tradicionales, sólo cuando estos convenios lo quieran".

El ministro indicó que hay "cinco sectores con mayor nivel de trabajadores en la informalidad: construcción, empleo rural, pequeñas industrias, comercio y personal doméstico".

"El foco no es solamente la formalización sino también mejorar los procesos de fiscalización", recalcó.

"Pata sindical" oficialista
Tal como diera cuenta iProfesional, en el marco del reordenamiento de la CGT Macri pugna por ubicar a sus aliados en la futura central obrera, manteniendo su impronta oficialista.

El acto del martes congregó a unos 80 gremios, entre ellos peones rurales, taxistas, petroquí­micos y plásticos, la organización que liderara el padre de Triaca antes de ser el ministro de Trabajo de Carlos Menem.

Ese paraguas heterogéneo integró la comitiva sindical que, a fines de marzo pasado, se reunió con el Presidente en Casa Rosada, tras acompañar al ministro Triaca hijo en su gira por Europa para explorar modelos de diálogo social, nuevas modalidades de trabajo y los sistemas de seguridad social.

En una relación que denominan de "apoyo mutuo", los gremialistas convalidaron la pauta salarial del 15% y dieron su aval para avanzar en la discusión de cambios de las leyes laborales.

"Llegamos a mitad del rí­o y vamos a acompañarlo a cruzarlo", le dijo a Macri José Ibarra, hombre fuerte de las 62 organizaciones y jefe del bloque oficialista de senadores en Salta.

El Gobierno busca un amplio respaldo para sancionar su pack de proyectos laborales sin afrontar una crisis polí­tica como la de diciembre pasado, cuando los sectores duros de la CGT se vieron arrastrados a una batalla campal en Congreso contra la reforma jubilatoria.

Para evitarlo, Macri dosificará los cambios. "Tenemos el compromiso de hacerlo por etapas y jamás voy a tomar una medida que atente contra el modelo sindical o los trabajadores", les aseguró el mandatario en marzo a la docena de sindicalistas que pisaron la Rosada.

El plan "blindaje" del Gobierno, sin embargo, enfrenta serios obstáculos. En las últimas semanas, la estructura sindical sufrió el desprendimiento de 27 asociaciones, encabezadas por recibidores de granos (URGARA), motoqueros (ASIMM), farmacéuticos y obreros de la industria del vidrio (SOIVA).

Se trata de un sector que cuestiona el apoyo "irrestricto" de las 62 al Gobierno -sello al que ahora denominan "62 Cambiemos"- y que decidió volver a la CGT y al peronismo, de la mano de Barrionuevo y Moyano.

La fractura hizo temblar a la propia UATRE, donde algunas seccionales amenazan con seguir al gastronómico, avalado por la Justicia para estar ahora al frente del PJ.

El sindicato de los peones rurales es clave para el Gobierno. No solo por sus más de 600.000 afiliados, que lo ubican a nivel nacional en segundo lugar detrás de Empleados de Comercio.

Además, la organización que liderara Venegas antes de su muerte es el sostén del partido FE, la principal pata peronista de Cambiemos que tiene entre sus miembros a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Con la convocatoria de este martes, Ayala aspira a consolidar su liderazgo al frente de las 62 y de los peones rurales, siguiendo los pasos de su antecesor.

Dura arremetida contra el Gobierno
"Les digo, compañeros, que tenemos que luchar para comenzar a construir una unidad que nos permita mantener la dignidad de los trabajadores, para en las urnas derrotar a este Gobierno que va contra todas nuestras conquistas", disparó Hugo Moyano dí­as atrás en un acto.

"No nos tenemos que equivocar a la hora de votar", advirtió Moyano, quien se refirió a la causa que lo involucra al asegurar que a los luchadores siempre los persiguieron. "Antes te tiraban con los fierros, ahora lo hacen con parte de la prensa y la Justicia", disparó Moyano.

La demostración de fuerza impulsada por el camionero coincide con el reavivamiento del conflicto en OCA -el correo privado del que Moyano niega ser dueño pero donde opera como si lo fuera- y las causas judiciales que lo tienen en la mira.

Su gremio suspendió a último minuto el paro sorpresivo anunciado para el último jueves en la rama correos, una vez que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) volvió a prorrogarle la licencia a la empresa postal que vencí­a ese mismo dí­a.

Desde el año pasado, el Gobierno renueva mes a mes la licencia de OCA para que siga operando. El principal correo privado mantiene una deuda con la AFIP por más de $1.400 millones.

Cerca de Moyano, sin embargo, perciben un cambio de vientos, por el que ahora las autoridades estarí­an decididas a dar de baja el aval para que funcione el principal correo privado.

En paralelo, la Justicia reactivó las investigaciones contra el jefe de Camioneros. Gendarmerí­a allanó oficinas de varias financieras en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires que estarí­an vinculadas con el sindicalista, actual presidente de Independiente, y con su familia.

Flexiblización laboral, en agenda
El Senado tiene previsto abrir en comisión en los próximos dí­as el debate de tres proyectos de reforma laboral que fueron remitidos por el Poder Ejecutivo. Están vinculados a:

- La regularización de trabajadores no registrados

- La creación de una agencia nacional de evaluación de tecnologí­a de la salud 

- El sistema de prácticas formativas de los estudiantes.

No obstante, uno de los proyectos incluye una modificación del cálculo de las indemnizaciones por la que no se tendrí­an en cuenta premios, bonos ni el sueldo anual complementario (SAC).

Hasta el momento, se calculan sobre el sueldo más alto percibido por el empleado al momento de ser cesanteado, y a esto se le suman bonos o premios, el SAC y todo "reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador".

El Ejecutivo planea utilizar en lugar de las indemnizaciones la creación de un fondo de cese laboral, el cual serí­a constituido mediante un convenio colectivo, suscrito por las cámaras y el gremio principal decada sector.

De esta forma, el empleador aportarí­a mensualmente un porcentaje del sueldo más adicionales remunerativos y no remunerativos. Se trata de una modalidad ya usada en la construcción.

Otra de las iniciativas polémicas prevé la creación de la AGNET (Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologí­as de la Salud). Se trata de un órgano autártico encargado de delinear el Plan Médico Obligatorio, es decir, las prestaciones mí­nimas que deberán ofrecer las obras sociales.

Pero, además, "será el órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de í­ndole sanitaria", por lo que el Gobierno responde así­ uno de los principales reclamos de las obras sociales.

Lupa en los proyectos
Las propuestas ya estaban incluidas en el proyecto ampliado de reforma laboral cuyo tratamiento fracasó a fines del año pasado en el Congreso a raí­z de los fuertes cuestionamientos que recibió por parte de la oposición y organizaciones sindicales.

Ahora, el Gobierno insistirá con algunos de los puntos de esa reforma con la presentación de tres proyectos de ley, que fueron enviados el viernes al Senado y que serí­an girados a la comisión de Trabajo una vez que se registre su ingreso formal a la mesa de entradas.

El primero de los proyectos se refiere a la regularización del trabajador no registrado así­ como a la rectificación de la real remuneración o de la real fecha de inicio de la relación laboral.

En el texto se propone la extinción de la acción penal liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) a aquellos empleadores que blanqueen a sus empleados.

El proyecto plantea que las relaciones laborales deberán efectivizarse dentro de los 360 dí­as contados desde la reglamentación de esta ley.

El proyecto indica que "podrán incluirse en el presente régimen las deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletí­n Oficial".

En tanto que el demandado "se allane incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causí­dicos".

También se prevé la condonación de la deuda por capital e intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los Subsistemas de la Seguridad Social.

El segundo de los proyectos establece la creación del Sistema de Prácticas Formativas para los estudiantes y nóveles graduados de la Educación Superior, y los estudiantes de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, en todos los casos mayores de 18 años, a cumplirse en empresas o instituciones públicas o privadas, con excepción de las empresas de servicios eventuales aún cuando adopten la forma de cooperativas.

El artí­culo 16 determina que la duración y la carga horaria de las prácticas formativas se definirán en general en los Convenios Colectivos de Trabajo y en particular en el convenio de Práctica Formativa, en función de las caracterí­sticas y complejidad de las actividades a desarrollar con un máximo de hasta 12 meses y con una carga horaria de hasta 30 horas semanales.

La iniciativa propone que "los practicantes reciban una suma de dinero en carácter no remunerativo en calidad de asignación estí­mulo".

"Esta asignación se calculará tomando como referencia el salario básico neto del convenio colectivo aplicable a la empresa, y será proporcional a la carga horaria de la práctica formativa", consigna el proyecto.

El último de los proyectos de ley crea la Agencia Nacional de evaluación de Tecnologí­as de Salud (AGNET) como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, con autarquí­a económica, financiera, y personerí­a jurí­dica propia.

Respecto a su incumbencia, sostiene que competerá a la AGNET la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clí­nicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud.

Esto, a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio.

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