Al fallo judicial que objetó el proceso eleccionario del Sindicato de Empleados de Comercio, se le sumó una serie de allanamientos ordenados por la Justicia.

Fue en el marco de la búsqueda de documentación a partir de una denuncia anónima por irregularidades en los padrones, donde figurarían 6.000 muertos como afiliados activos.

Un grupo de efectivos de la Gendarmería Nacional irrumpió en tres sedes del gremio a cargo de Armando Cavalieri.

En la central de avenida Roca 644, los gendarmes estuvieron casi tres horas y se llevaron documentación impresa y en pendrives. 

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, tras el pedido del fiscal Federico Delgado, que tomó la denuncia iniciada por el fiscal Guillermo Marijuan por presunta falsificación de documento.

"La oposición pretende judicializar las elecciones del gremio presentando denuncias todos los días para entorpecer el proceso electoral", argumentó un dirigente que presenció los allanamientos a La Nación.

En el sindicato despertó sospechas la celeridad judicial, que actuó casi de inmediato tras la denuncia y sobre el filo de la feria judicial.

"Estas acciones se realizaron a pocas horas de haberse producido el sorteo del juzgado que debe actuar. Se alude a un supuesto listado de afiliados, cuya confección final depende de la secretaría de Organización, a cargo de Ramón Muerza, hoy opositor", expresó el gremio a través de un comunicado.

Cavalieri, sin embargo, cree que no corre riesgos de perder el control del gremio, al que conduce desde hace 32 años y que cuenta con 1.200.000 afiliados en todo el país. Su presunción se sostiene en el respaldo que le dio el Gobierno.

Es que el miércoles pasado, revirtió un fallo judicial y logró que el Ministerio de Trabajo le convalide la asamblea extraordinaria que designó a la junta electoral que supervisará el comicio sindical, previsto para septiembre u octubre.

No logró solo que Jorge Triaca le envíe los fiscalizadores oficiales sino que también consiguió que el Ministerio de Seguridad de la Nación le habilitara el predio de Parque Norte, donde se realizó la asamblea en discordia. 

El padrón electoral que está bajo sospecha no había sido autorizado por la junta electoral, que se eligió el miércoles en la asamblea de afiliados que supervisó el equipo de Triaca.

El listado definitivo se concretará cuando se convoque oficialmente a la elección. Quien gane la seccional de Capital será quien comande la federación nacional en 2019.

Además, los abogados del gremio solicitarán informes a la Anses para verificar cuántos afiliados fallecieron. También presentaron el 26 de junio una denuncia por detectar carnets de afiliados falsos.

Cavalieri está molesto con Muerza, el exoficialista que lo retó a definir el poder en una elección. Además, distingue una maniobra del empresario Alfredo Coto para debilitar al sindicato. 

"Muerza quiere judicializar y que no se vote porque sabe que pierde al ver el respaldo que tuvimos en la asamblea", dijo a La Nación un gremialista considerado la mano derecha del jefe mercantil, de 84 años.

Muerza es delegado de los supermercados Coto y asegura tener el apoyo de los afiliados que se desempeñan en las grandes cadenas de supermercados y electrodomésticos.