La Procuración Fiscal de la Corte Suprema de Justicia sostuvo los recursos extraordinarios plantados por la fiscal General de la Cámara Comercial, Alejandra Gils Carbó, por los que calificó de "arbitraria" la sentencia que homologó el acuerdo preventivo en el concurso de Sociedad Comercial del Plata S.A. (SCP), y ahora deberá el Máximo Tribunal definir la legitimidad de ese convenio.

La medida fue dispuesta el pasado miércoles por la procuradora Marta Beiró y con ella avaló la postura de Gils Carbó de que las mayorí­as conseguidas en el acuerdo son "ficticias" y logradas mediante "abusos y fraude".

Así­, este revés judicial se suma la inhibición de bienes que el Juzgado Comercial Nº 18 dispuso en mayo último, medida que bloqueó las tenencias accionarias de SCP, reforzando la imposibilidad de realizar cualquier tipo de cesión de capital originada por la apertura de su concurso.

El planteo de Gils Carbó surge a partir del acuerdo logrado en el proceso de reestructuración de SCP que se inició en 2000 y por un pasivo que rondaba los u$s1.000 millones.

Para la fiscal de cámara, en general, existe cuestión federal en tanto se encuentra en tela de juicio la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor y las normas que regulan el régimen de transparencia en la oferta pública.

Asimismo, sostuvo que la interpretación que hizo la cámara al homologar el acuerdo sobre la inexistencia de una propuesta abusiva o realizada en fraude a la ley "vulneró derechos amparados constitucionalmente", incluso afirmó que la sentencia "es arbitraria", porque omitió pruebas y cuestiones decisivas para resolver la causa y además prescindió de aplicar el derecho.AbusosEn particular, Gils Carbó dijo que el tribunal no estudió debidamente el fraude denunciado por la fiscalí­a sobre la obtención de la mayorí­a que aprobó el concordato, al negarle participación a decenas de titulares de obligaciones negociables, emitidas por SCP y verificadas por un monto aproximado de más de u$s258 millones.

Por otro lado, aseguró que la cámara incurrió en abusos al dejar de lado el planteo de que en realidad la quita aprobada de 80% es "muy superior", dado que se realizó con conversión a una paridad $1=u$s1, sin aplicación de í­ndice de actualización alguno, con un interés del 1% a partir del décimo año de la homologación, una quita indirecta de 66% para los acreedores cuyos créditos se encuentran excluidos de la "pesificación", a la que se deba adicionar una quita directa de 40%.

Incluso, cuestionó que los acreedores deberán sujetar el cobro de sus créditos a un plan de pagos que operará a través de la entrega de bonos nominativos convertibles en acciones, amortizables en cinco cuotas anuales a partir del undécimo año de la homologación, en los siguientes porcentajes: 10%, 10%, 20%, 30% y 30%, respectivamente.

Otro elemento discutido fue la autorización judicial para la licuación del paquete accionario –en un 81%- de SCP en CGC. Según la fiscal, ese permiso fue otorgado "sin haber sido solicitada por la concursada", afectando derechos de acreedores. Ilegitimidad

Además, en los recursos se planteó la violación de la ley de concursos. En ese sentido, advirtió que esa norma impide realizar acuerdos abusivos o en fraude a la ley, y prohí­be formular propuestas con cláusulas desiguales para la misma categorí­a de acreedores, "en tanto es parte de la propuesta para los acreedores quirografarios con créditos en pesos y en moneda extranjera –excluidos legalmente de la ‘pesificación’- la conversión a pesos a la paridad u$s1=$1".Denuncia

La fiscal de la Corte Marta Beiró también tuvo en cuenta la investigación que realiza la Justicia federal por supuestas maniobras fraudulentas en el concurso de Sociedad Comercial del Plata S.A. (SCP), que se inició en marzo último, tras la denuncia formulada por Gils Carbó y por el fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido.

Así­, Beiró respaldó a sus pares y aseguró que "el marco del principio de unidad de acción en que debe desenvolverse este Ministerio Público Fiscal, impide vedar el acceso de la recurrente a una instancia judicial plena".

Los funcionarios habí­an pedido al juez federal Canicoba Corral que investigue supuestas maniobras fraudulentas que habrí­an consistido, según los denunciantes, en el uso de mayorí­as ficticias y negocios paralelos para conseguir la aprobación de propuestas de pago en acuerdos de empresas pertenecientes al Grupo Soldati.

En concreto, la denuncia reposa sobre una serie de supuestos delitos que van desde estafa, administración fraudulenta, insolvencia y connivencia fraudulenta hasta negociaciones incompatibles con la función pública, prevaricato, evasión agravada, balance falso, actos indebidos de funcionarios societarios y enriquecimiento ilí­cito.

Fuentes judiciales aseguraron que una vez que el expediente del concurso de SCP salga de la Corte y se remita al juzgado de Canicoba Corral, la investigación de la denuncia recibirá mayor impulso.

Un default que ya lleva más de seis añosAdemás de ser uno de los procesos de reestructuración de deuda más importante de un grupo privado, el de Sociedad Comercial del Plata es también el proceso de reestructuración más largo de todos los que se vinieron dando en los últimos seis años.

Incluso arrancó dos años antes del default del 2002, cuando en el 2000, el grupo que preside Santiago Soldati se declaró en cesación de pagos y pidió a la Justicia la apertura de su concurso preventivo de acreedores acusando un pasivo que, antes de la devaluación y de la pesificación llegaba a los u$s1.000 millones.

También apunta a ser el más conflictivo de todos debido al nivel de oposición que logró entre los acreedores y a las investigaciones abiertas en los tribunales donde el juez Rodolfo Canicoba Corral abrió una investigación sobre un presunto fraude en el concurso preventivo de las empresas que integran el Grupo Soldati.

En este caso, el juzgado ya analiza los expedientes de los concursos preventivos de Compañí­a General de Combustibles (CGC) y Tren de la Costa.ComplejidadLa propuesta del holding que preside Santiago Soldati hizo a sus acreedores se basó en la realización de un canje de papeles viejos por nuevas obligaciones. Pero con la salvedad de que estos nuevos tí­tulos serán emitidos pagando intereses a una tasa fija creciente desde el 1º de abril de 1999, cuando entró en mora.

La reestructuración de deuda de la empresa emblema del holding Soldati fue homologada por la cámara comercial hace dos años. Sin embargo, la misma fue apelada tanto por la fiscal general de la cámara comercial –Alejandra Gils Carbó– como por el Banco Provincia, uno de los acreedores que no consintió la propuesta de pago.

Hace poco menos de un mes, la cámara comercial hizo lugar al recurso extraordinario, y la suerte de la reestructuración de la deuda de la compañí­a ahora está en manos de la Corte Suprema.

Fuentes vinculadas con el caso resaltaron la complejidad de la investigación, dado el caudal de información existente y la multiplicidad de personas, hechos y conductas denunciados.

Los delitos imputados forman un listado que va desde la estafa, administración fraudulenta, insolvencia y connivencia fraudulenta hasta las negociaciones incompatibles con la función pública, prevaricato, evasión agravada, balance falso, actos indebidos de funcionarios societarios y enriquecimiento ilí­cito.

Para Soldati, todo es parte de una campaña "sucia"Frente a la avanzada judicial en contra de la reestructuración de su grupo empresarial, Santiago Soldati eligió el contraataque para defenderse. Así­, el titular del holding, que agrupa a Compañí­a General de Combustibles, al Tren de la Costa y a 50% de Trilenium, la firma que controla las operaciones del Casino del Tigre en sociedad con Boldt, denunció la puesta en marcha de una campaña en su contra por parte de una fiscal y de un grupo de acreedores minoritarios.

Sus acusaciones formaron parte de un comunicado que hace más de un mes, el empresario envió a la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.

Para el empresario, tanto la fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Alejandra Gils Carbó, como titulares de bonos de SCP agrupados en un autodenominado Comité para la Protección de Obligacionistas de Sociedad Comercial del Plata, están detrás de esta estrategia.

El empresario los acusó de haber orquestado una "oportunista, artera y maliciosa" campaña "que guí­a los ataques de estos dí­as". En el caso de la fiscal, la acusó también de haber utilizado "argumentos falaces" para pedir a la Justicia que frene el proceso concursal de SCP.

Para Soldati la funcionaria anticipó a medios periodí­sticos la denuncia penal "con el evidente propósito de influir sobre la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial".

Pablo Méndez[email protected]