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Después de 14 horas de debate, el Senado rechazó el proyecto de despenalización del aborto

La iniciativa tuvo 38 votos negativos, 31 positivos y dos abstenciones. Deberá comenzar su tratamiento desde cero y no podrá ser analizada durante este año
09/08/2018 - 01:10hs
Después de 14 horas de debate, el Senado rechazó el proyecto de despenalización del aborto

En una sesión histórica, la cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que se aprobó en Diputados. Luego de 14 horas de debate, la iniciativa tuvo 38 votos negativos, 31 positivo y dos abstenciones. 

La sesión especial tuvo 51 oradores, a los que se sumaron nueve senadores encargados de dar los discursos de cierre.

Si bien hubo acuerdo para que los senadores hablen 10 minutos, ese tiempo se extendió debido al reclamo de algunos legisladores. Los discursos de cierre duraron más de veinte minutos cada uno.

Desde la primera hora de la mañana, el pronóstico fue adverso para quienes apoyaban la iniciativa. Así lo manifestó el jefe de la bancada peronista, Miguel Ángel Pichetto, en la previa del comienzo de la sesión: "Hay, indudablemente, una mayoría consolidada por el no", reveló respecto a la relación de fuerzas en la Cámara Alta.

Y las declaraciones del tucumano José Alperovich antes del debate, le dieron la razón.

"No hablé antes porque no quería hacer política con este tema pero luego de escuchar al pueblo tucumano decidí que voy a votar en contra del proyecto de ley del aborto", señaló el senador nacional, José Alperovich, este miércoles antes de la histórica sesión en la Cámara alta.

De esta manera, la votación se inclinó aún más en favor del rechazo a la ley: 38 contra 31.

"Pero vamos a hacer todos los esfuerzos. Y también estamos dispuestos a hablar e incorporar modificaciones si son necesarias, en cuanto se mantenga el espíritu que ha sostenido el colectivo de mujer, que son la defensa de la despenalización como un elemento central", sostuvo el rionegrino.

"Es un tema que va a ser imparable, hay una fuerte demanda de reconocimiento de la mujer, y también es un tema de salud pública. En algún momento el tema se va a tratar. No sé si va a ser hoy, hubiera sido bueno que se pudiera sancionar, porque la Argentina podría ser un poquito más justa con un montón de mujeres pobres que muchas veces mueren en la clandestinidad. Es un tema que atrasa de no abordarlo", agregó.

En ese sentido, consideró que el aborto "es un tema que va a cruzar la campaña presidencial".

Si el proyecto es rechazado, tal como al comienzo del debate se prevé, no podrá volver a discutirse en el Congreso hasta después del 1° de marzo de 2019, cuando empiece el nuevo período legislativo.

Los discursos más esperados

Los discursos de cierre de los jefes de bloque marcaron el final de una jornada maratónica. Con posturas bien disímiles, cada uno de ellos expuso sus argumentos durante poco más de 20 minutos.

La expresidenta Cristina Kirchner ratificó su voto a favor y reveló por qué cambió de opinión, si bien aclaró: “Yo siempre he votado por la vida, y he gobernado por y para la vida”.

 “Se puede estar de acuerdo o no, pero estamos rechazando un proyecto sin proponer nada alternativo, y la situación va a seguir siendo la misma”, indicó.

 “Si tuviera la certeza de que rechazando la media sanción no hay más abortos en Argentina, no tendría dudas en levantar la mano, pero los abortos van a seguir produciéndose en Argentina”, avizoró la exmandataria, y añadió: “No es una cuestión de convicciones o de creencias, sino de dar respuestas como legisladores a un problema que existe”.

Cristina confesó que no fue su hija Florencia quien la hizo cambiar su posición sobre la ley de aborto: “Las que me hicieron cambiar de opinión fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle. Verlas criticar pero también describir la realidad de una sociedad patriarcal nos debe colocar a todos en un lugar distinto”.

También les dejó un mensaje a las manifestantes: “No se enojen con las religiones, las Iglesias o los sacerdotes. Sigan construyendo esa fuerza que yo pude advertir el 8 de marzo”.

En tanto, el presidente del bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto, reconoció al presidente Mauricio Macri por haber habilitado el debate sobre el aborto en el Congreso, pero cuestionó: “La opinión del presidente no puede ser abierta frente a una decisión de esta naturaleza. Debería haberse comprometido a que esta ley saliera, así la Argentina sería un poquito más justa”.

Tras el discurso de la expresidenta Cristina Kirchner, Pichetto consideró al siglo XXI como el siglo de la mujer. “Y el que no comprenda esto va a quedar fuera de la historia”, estimó.

“Aquellos que sientan, piensen y asuman la religión, seguramente no van a realizar ningún tipo de acción que vulnere las normas religiosas. Pero la religión no puede imponerle al conjunto del país y del Estado, el pensamiento, la visión religiosa sobre normas que son de naturaleza civil del Estado laico. Ese es el verdadero corazón del debate”, puntualizó el rionegrino, lamentando no haberlo abordado antes. “Creo que hubiera completado un círculo de derechos humanos, de derechos fundamentales, de reconocimientos importantes en términos de debates ciudadanos que se dieron en el gobierno anterior”, expresó.

Silvia Elías de Pérez, una de las líderes del rechazo a la iniciativa, cerró en la madrugada de este jueves el debate y sostuvo que “legalizar el aborto es admitir el fracaso del Estado”, a la vez que intentó desagraviar a la Iglesia Católica y convocó a “legislar para la mujer y para el niño por nacer”.

“Duele cuando pensamos que quieren plasmar una nueva forma de discriminación por personas deseadas o personas no deseadas, y que quieren quitarles todos los derechos, ¡hasta el derecho a la vida!”, alertó la radical tucumana.

Y continuó: “Soy de las que cree que la dignidad humana no tiene banderas políticas y que nada justifica que la vida quede a merced de nada ni de nadie”.

“¿Por qué elegir? ¿Por qué no legislar para la mujer y para el niño por nacer, para que todos los argentinos en este bendito país tengan su vida protegida?”, se preguntó la senadora de Cambiemos.

Uno de los discursos más emotivos a favor de la ley lo dio el senador Fernando “Pino” Solanas, quien consideró que la interrupción voluntaria del embarazo terminará siendo avalada por el Congreso en los próximos años. "Se los digo a las chicas que están afuera: esto es un triunfo monumental. ¡Ellas han logrado introducir un debate fundamental! Ellas lo lograron. Que nadie se deje llevar por la cultura de la derrota. A las millones de mujeres movilizadas: nadie podrá parar la oleada de las nuevas generaciones. Será hoy o mañana, pero será”. 

El porteño subrayó: “Hablo en nombre de una Argentina que quiere acabar con todos los miedos y que no quiere una juventud reprimida. Ahí está esa gloriosa juventud en las calles: una oleada verde de chicas que está luchando por el reconocimiento igualitario de sus derechos”.

Solanas advirtió que “se oponen a esto los sectores más reaccionarios, los de siempre. En todas las luchas por la ampliación de derechos humanos y sociales fueron las mismas fuerzas las que se opusieron, las que se opusieron al matrimonio igualitario y al divorcio”.

Intervención polémica

Uno de los senadores que fue duramente criticado por su intervención fue Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador de Salta, quien sostuvo que hay distintos tipos de violaciones: "En algunos casos la violación no tiene esa 'configuración clásica' de la violencia sobre la mujer, como en el abuso intrafamiliar", se despachó.

Una diputada que le salió al cruce fue Mónica Macha, legisladora nacional por Unidad Ciudadana: "Mientras Urtubey fundamenta su voto negativo al proyecto de #IVE se encarga de elaborar una teoría sobre las violaciones, diciendo que las intrafamiliares no son violentas". 

Otro senador que tuvo un discurso encendido, pero a favor del aborto legal, fue el peronista Pedro Guastavino (Entre Ríos),

Al adelantar su voto positivo denunció a un sector de la Iglesia por mensajes intimidatorios. "Ayer, en mi cuenta de Whatsapp recibí una enorme cantidad de mensajes que, en nombre de dios, me pedían una serie de cosas y me calificaban de manera irreproducible", afirmó.

Y agregó: "Me lo pasé atajando y esquivando crucifijos de un sector de la Iglesia que, quizá, sea el mismo sector que cuando nos desaparecían o nos torturaban daba vuelta la cara", dijo en referencia a la última dictadura militar.

Como miembro informante, el presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad, expuso en primer lugar su postura contraria al proyecto, respecto del cual señaló que “el derecho a la vida está por convertirse en el más débil de los derechos”. Sostuvo que este tema “nos atraviesa horizontal y verticalmente como sociedad, nos interpela desde la tragedia que significa el aborto y que pone en tensión derechos que son fundamentales”.

El senador radical, quien fue encargado de conducir los debates en comisión, afirmó que el proyecto “es claramente violatorio de la Constitución Nacional” y de los tratados internacionales “suscriptos por nuestro país; también de las normas legales sancionadas”. En este sentido, dijo que en dichas normas se reconoce “a la persona por nacer como sujeto de derecho” y al “derecho a la vida desde la concepción”.

Posteriormente, el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino, aclaró que inicialmente él estaba en contra del aborto legal, pero al cabo del debate que se dio en ambas cámaras comprendió que “la única forma de entender esto es desde el lado de la salud pública”.

El entrerriano cuestionó la clandestinidad “que pone en riesgo la vida”, para señalar luego en cuanto a los costos que deben absorberse por el sistema de salud, “disminuyen drásticamente en un escenario de aborto legal, seguro y gratuito”. Asimismo, dijo, “prácticamente se eliminan las internaciones por abortos con complicaciones y con ello los recursos destinados a este supuesto”.

A su turno, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Dalmacio Mera, aseguró que la ley “no resuelve el problema de la clandestinidad” de esta práctica y puso en duda la constitucionalidad de la ley.

 “No hay forma de decirle a un médico que hasta el día de la semana 14 tiene que practicar la eliminación de ese feto, y el día después va preso”, cuestionó el senador del bloque Justicialista, y se preguntó “cómo se le explica” a un médico que “un día es un servidor público y al otro un asesino”.

Otra de las oradoras fue Inés Blas, quien puso a disposición su renuncia a la Banca de la Mujer, pero ratificó su rechazo al proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, al advertir que “se vulnera el derecho a la vida”.

“Desde mi condición de militante siempre trabajé en defensa de los derechos de la mujer, y lo seguiré haciendo. Sin embargo, y a efectos de despojarme de las presiones que intentan ejercer para que cambie el sentido mi voto, pongo a disposición mi renuncia a la comisión”, anunció Blas, del bloque Justicialista.

El tono del debate -chato y alejado del ruido y la multitud de las calles- solo subió con algunos pocos discursos, como el de la tucumana Beatriz Mirkin, que se quejó a los gritos: “¡Acá todo es no! ¡No al proyecto, no a las modificaciones!”.

La legisladora confesó que le “duele horrorosamente” este tema. “Se habla de tenerlos (a los hijos) y entregarlos en adopción. Miren: si hay algo que me pone la conciencia ya sacada es que planteemos eso… he estado en el Poder Ejecutivo de mi provincia y he visto a los chicos que no se aceptan en adopción, y no es porque la Justicia los demore, ¡es porque no los quieren a los chicos si son negritos!”, exclamó, mientras la vicepresidenta Gabriela Michetti intentaba tranquilizarla.

¿Qué ocurrió previo a la votación?

El proyecto de legalización de interrupción voluntaria del embarazo no obtuvo dictamen en la reunión de comisiones. De esta manera, este miércoles 8 de agosto se debate en el recinto el mismo proyecto que aprobó a mediados de junio en Diputados, sin modificaciones.

Entre los cambios propuestos para lograr despacho favorable, se propuso una baja de 14 a 12 semanas como límite para la interrupción del embarazo, la inclusión de la objeción de conciencia institucional, la eliminación de penas para médicos que se opongan a la realización de un aborto y la habilitación de la producción pública de misoprostol.

Se necesitaba la firma de la mitad más uno de los miembros del plenario, es decir, 27 de las 53 firmas que integran las tres comisiones por las que pasó el proyecto: Salud, Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales. El texto obtuvo 26 avales, uno menos de los necesarios. Y, en una jugada política que sorprendió a varios, los opositores no presentaron proyecto de rechazo.

Además, al no haber dictamen de comisión tienen que cumplir otros pasos antes de abrir la discusión. Se necesita la presencia en el recinto de 37 senadores, la mitad más uno de la Cámara para iniciar la sesión, algo que se logró.

Puntos destacados de la ley

Antes de la realización de la interrupción voluntaria del embarazo en los casos previstos, se requiere el consentimiento informado de la mujer o persona gestante expresado por escrito. Estas no pueden ser sustituidas en el ejercicio de este derecho.

El texto estipula que tendrán el derecho a acceder a la interrupción en un plazo máximo de 5 días corridos desde su requerimiento.

Realizada la solicitud, el establecimiento de salud debe garantizar a aquellas mujeres o personas gestantes que lo requieran:

  1. a) información adecuada;
  2. b) atención previa y posterior a la interrupción voluntaria del embarazo de carácter médica, social y psicológica, con el objeto de garantizar un espacio de escucha y contención integral; y,
  3. c) acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y confiable sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así­ como la provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el Plan Médico Obligatorio y en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable establecidos por la Ley 25.673 o la normativa que en el futuro los reemplace.

Las autoridades de cada establecimiento de salud deben garantizar la realización de la intervención sin ninguna autorización judicial previa.

No pueden imponerse requisitos de ningún tipo que dificulten el acceso a las prestaciones, debiendo garantizarse a la mujer o persona gestante una atención ágil e inmediata que respete su privacidad durante todo el proceso y garantice la reserva de la información aportada.

En el caso excepcional de ser necesaria la derivación a otro establecimiento, la interrupción debe realizarse en el plazo de cinco dí­as, siendo responsable de la efectiva realización el establecimiento derivante. Debe ser realizada o supervisada por un profesional de la salud.

El mismo día en el que la mujer o persona gestante solicite la interrupción, el/la profesional de la salud interviniente debe suministrar información sobre los distintos métodos, los alcances y consecuencias de la prosecución de la práctica y los riesgos de su postergación.

Ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la ley está sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa derivada de su cumplimiento, sin perjuicio de los casos de imprudencia, negligencia e impericia en su profesión o arte de curar o inobservancia de los reglamentos y/o apartamiento de la normativa legal aplicable.

El sector público de la salud, las obras sociales, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, las entidades de medicina prepaga y todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliadas o beneficiarios independientemente de la figura jurídica que posean, deben incorporar la cobertura integral de la interrupción voluntaria del embarazo.

Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), como así  también las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

Uno de los puntos que busca negociarse para aprobar el proyecto y que vuelva a Diputados es el de la objeción de conciencia institucional (prohibida expresamente en la media sanción).

De acuerdo al texto de la cámara baja, el/la profesional de la salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización.

Sólo puede eximirse de esta obligación cuando manifestare su objeción previamente, de manera individual y por escrito, y la comunicare a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece.

Dicha objeción puede ser revocada en iguales términos, y debe mantenerse en todos los ámbitos, públicos o privados, en los que se desempeñe el/la profesional.

Asimismo, establece que el profesional no puede objetar la interrupción en caso de que la mujer o persona gestante requiera atención médica inmediata e impostergable.

Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción.

Se eliminaría, a pedido de diversas instituciones de salud vinculadas a la Iglesia católica, la objeción de conciencia institucional y/o de ideario.