Hay encuestas que no preguntan por la intención de voto, pero que pueden ser mucho más elocuentes sobre el humor social, sobre todo en estos tiempos en que el público manifiesta desencanto y desinterés por la política partidaria.

Por ejemplo, las que se hacen entre empresarios pyme. En un sondeo de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, un contundente 60% de los encuestados cree que sus ventas seguirán igual o peor en los próximos tres meses. Y esa respuesta se da en un contexto de "festival keynesiano" en el cual el Gobierno intenta poner dinero en el bolsillo de los votantes para incentivar el consumo.

Otra encuesta, realizada por PriceWaterhouseCoopers, en la que se pregunta por los principales motivos de preocupación, señala que para un 89% de los empresarios pyme la presión impositiva constituye un desincentivo. Y la encuesta fue hecha al mismo tiempo que el Gobierno anunciaba una reforma en Ganancias para, presuntamente, beneficiar a la pequeña empresa.

En otra compulsa entre pequeñas empresas, realizada por Ieral Pyme, se pregunta cuál es el impuesto más nocivo para el crecimiento: las respuestas apuntan en primer lugar a Ingresos Brutos y en segundo términos a las tasas municipales. Justo cuando el Gobierno se jacta de haber "recuperado" esa potestad recaudatoria para los gobiernos provinciales.

También se vota en el mercado financiero, donde el stock de crédito al sector privado cae al 14% (sí, en comparación contra el 2020 de la cuarentena), al tiempo que la plata de los bancos termina financiando al gasto público.

Y se vota cada vez que se ahorra en dólares fuera del sistema financiero. Miguel Pesce, el titular del Banco Central, estima que hay unos u$s130.000 millones en billetes físicos que se guardan "debajo del colchón". Aunque los analistas afirman que, si se cuentan otras formas de ahorro, como títulos y propiedades en el exterior, esa suma puede hasta triplicarse.

Aun con esos datos, los funcionarios del Gobierno se muestran orgullosos por cómo el impuesto a los Bienes Personales, que "iba camino a desaparecer" en la gestión macrista, ahora multiplicó por cinco su recaudación. La situación llegó al punto que es notorio cómo países como Uruguay están tentando a los argentinos a mudarse con su capital, con la promesa de un entorno fiscal menos confiscatorio.

Y, por cierto, en el Gobierno se celebra lo recaudado por retenciones a la exportación, aun cuando los productores se han manifestado masivamente en contra de ese gravamen, por ejemplo en el "banderazo" del pasado 9 de julio.

Las pequeñas empresas golpeadas por la pandemia mencionan a la presión impositiva como el primer tema en su ranking de preocupaciones

Todas las fichas a la "redistribución"

Las señales parecerían contundentes a primera vista: nadie que quiera tener un buen resultado electoral debería elegir como estrategia el anuncio de que pretende aumentar la carga impositiva. Los consultores tradicionales dirían que sobre ese tema es mejor hacer silencio, si es que las necesidades fiscales tornan imposible un alivio tributario. Pero, ¿prometer más suba y mostrarlo como una virtud?

Es, sin embargo, lo que está ocurriendo en esta elección. Sin ir más lejos, la candidata que encabeza la lista del Frente de Todos en la provincia, Victoria Tolosa Paz, empezó a hablar desde el mismo día en que se oficializó su candidatura sobre cómo impulsará "una nueva matriz impositiva progresiva" cuando llegue al Congreso.

Defendió las últimas reformas porque van en el sentido de que "los que más tienen, más pagan" y sostuvo que "el fisco necesita recuperar capacidad para seguir redistribuyendo".

No le falta habilidad retórica a la candidata: suele presentar sus iniciativas como ligadas a la idea del progresismo, de la justicia social y del "Estado presente". Según ese discurso, los únicos perjudicados por la presión impositiva son los ricos, mientras que el resto se verá beneficiado.

De hecho, en las entrevistas periodísticas, cuando le piden una autocrítica de la gestión gubernamental, se lamenta de que no se haya podido avanzar más rápido en esa dirección.

Por otra parte, uno de los "caballitos de batalla" en el proselitismo oficialista es el conteo de obras que pudieron realizarse gracias al dinero recaudado por el aporte extraordinario a las grandes fortunas. El propio Alberto Fernández, el día en que presentó a los candidatos en una fábrica de Garín, le agradeció al dueño de casa, el empresario Walter López por su "solidaridad" al pagar el impuesto.

A partir de allí, en los medios oficialistas se difunden obras de urbanización en barrios pobres de varias provincias. "Urbanizan con el aporte de los ricos" y "A lo Robin Hood" son los expresivos títulos con los que suelen darse estas noticias.

Pistas de lo que viene

En las últimas semanas han abundado las señales sobre lo que viene. Además de las declaraciones de Tolosa Paz, hubo definiciones contundentes de parte de miembros del equipo económico, empezando por el ministro Martín Guzmán, que aclaró que el plan oficial prevé la continuidad de "alto nivel de gasto y alto nivel de impuestos".

Otras figuras destacadas, como la diputada Fernanda Vallejos -a quien suele identificarse como la vocera de Cristina Kirchner en temas económicos- ya avisó que hay dos objetivos en carpeta. El primero es la suba en la alícuota de Bienes Personales, donde ve margen para una mayor carga sobre los segmentos de mayores ingresos. El segundo es aumentos de las retenciones por exportación y tributos específicos para sectores que han tenido "rentas extraordinarias".

"La manera de saldar la tensión entre la necesidad de un mayor gasto social por parte del Estado en esta emergencia sanitaria y las restricciones fiscales en las que ponen el acento quienes están cuidando las cuentas públicas, es avanzar en una política redistributiva drástica en materia tributaria para que el mayor aporte de los más ricos o de las corporaciones que tienen ganancias extraordinarias, aun en la crisis, compense esos desequilibrios reduciendo la ampliación del déficit fiscal y la necesidades de emisión", fue la definición de Vallejos.

Luego esas iniciativas se hicieron más explícitas en la proclama de referentes kirchneristas el 9 de julio, que se difundió a modo de respuesta a los productores agropecuarios que ese mismo día habían convocado a un "banderazo" de repudio contra el intervencionismo estatal en el campo.

La proclama, sin la firma de Cristina pero con su bendición, reivindica el rol del Estado como orientador y planificación de la economía, así como garante de que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos. Y se plantea explícitamente el objetivo de la redistribución como forma de mejorar el salario para fomentar el consumo.

Pero cuando la proclama explica la forma de lograr ese objetivo, queda en claro que choca de frente con las quejas del sector agropecuario. Plantea como un hecho negativo la "conformación de enclaves exportadores" que no beneficien al resto de la economía.

También defiende la necesidad de "cerrar la brecha de productividad intersectorial", un concepto ligado a los subsidios de parte de los sectores más dinámicos hacia los más retrasados. Y afirma que la inversión debe priorizar la "competitividad sistémica y la diversificación productiva", una forma de justificar la aplicación de retenciones a la exportación de materias primas sin industrializar.

El discurso oficialista de "castigar a los que más ganan" corre el riesgo de un repudio entre las clases medias rurales

Un discurso de doble filo

Hay que reconocer que hasta los más críticos del Gobierno admiten una virtud: las intenciones sobre las próximas reformas no son silenciadas ni disimuladas, sino que se está avisando con antelación cuál será el tono de las reformas que se impulsarán desde el Congreso.

La duda radica en si, con semejante discurso, el oficialismo se hará atractivo ante el electorado o si, por el contrario, terminará de espantar a la clase media que lo mira con desconfianza.

Los politólogos creen que esa estrategia deja en claro que se está privilegiando un mensaje al "núcleo duro", que es el que garantizará el triunfo en la provincia de Buenos Aires. "Ellos le hablan al conurbano, y hay una predisposición positiva en los segmentos de ingresos bajos para ese discurso que dice que se les va a sacar plata a las empresas y la clase media, porque suponen que esa plata los va a ayudar a ellos", afirma uno de los analistas más consultados, en off the record.

Pero hay cierto consenso en que se trata de una estrategia con riesgos. Porque, al mismo tiempo que puede afianzar el "voto ideológico" o recuperar la adhesión de los más desfavorecidos por la crisis, también puede ahuyentar al electorado de la clase media, en especial a la ligada a la producción agropecuaria.

Y, según los números que el propio oficialismo maneja, eso podría ir contra sus propios planes. En el manual de comunicación que se repartió a los candidatos para unificar el discurso, se explica que el objetivo es lograr superar un 40% de los votos a nivel nacional, y que en el caso de la provincia de Buenos Aires, la cifra debe superar el 42%. Pero también reconoce que el "voto seguro" tiene un tope de 30%.

Por encima de ese segmento -que votará al FdT pase lo que pase- hay que persuadir a un segmento que tiene dudas y enojo. Esa franja se conforma de un "voto probable" de 12% y un más lejano "voto posible" de 7%.

Los riesgos del discurso oficialista están a la vista. Se trata, en definitiva, de una masa de votantes de clase media a la que difícilmente se pueda seducir con promesas de mayores subas de impuestos.