Este martes, el titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, realizó un polémico llamado a las empresas para que no permitan ingresar a los lugares de trabajo ni paguen el sueldo a los empleados que no se vacunen. La idea de la UIA no tuvo este miércoles duras respuestas por parte de los sectores gremiales, que la calificaron de "barrabasada" y de "ilegal".

Por caso, Antonio Caló, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), dijo que la propuesta de Funes de Rioja eso es "una barrabasada jurídica".

"La verdad que, si tengo que hablar así normal, es una barrabasada lo que dicen los de la UIA. No hay ninguna ley, nadie que obligue a los trabajadores a que no le van a pagar el sueldo por no vacunarse", opinó Caló.

El sindicalista aseguró que en el inicio de la pandemia hubo diálogo con el sector empresario y dijo que esa debe seguir siendo la actitud. "Lo que tienen que hacer es persuadir a los compañeros para que se vacunen, no que no le van a pagar el día. No hay ninguna parte jurídica que diga que no le pueden pagar. Es una barrabasada jurídica", insistió.

Funes de Rioja generó la reacción de los sindicatos.

Vacunas y posibles medidas de fuerza

Caló también advirtió que si las empresas proceden unilateralmente con medidas fuera de la ley, habrá medidas de fuerza. "Yo creo que no va a tener eco con los trabajadores. Después, si tienen algún conflicto gremial porque no le pagan el sueldo a algún trabajador que no se vacunó será responsabilidad de los empresarios que tomen esa medida arbitraria", señaló.

No obstante, Caló sí se manifestó a favor de impulsar, por otros medios, la vacunación. "Sí hay que persuadir a los compañeros que no se quieren vacunar. Hay que insistirles, hablarles para que se vacunen. Es un bien para todos, para los compañeros, familias y ellos mismos. Es una persuasión, pero no está establecido que es una obligación vacunarse", declaró.

Y alertó: "Si algún empresario, jefe o dueño no se vacunó, los trabajadores no podemos hacer nada, no tenemos defensa".

"Creo que todo el mundo tiene que ir a trabajar y la cuarentena se terminó. El país necesita producir", concluyó Caló.

La vacunación obligatoria, en el centro del debate.

CGT: "No es el camino y es ilegal"

El secretario de Prensa de la CGT, Jorge Sola, rechazó este miércoles los dichos del presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, sobre la vacunación de trabajadores, y advirtió que "castigar en un derecho laboral no es el camino, y es ilegal".

"Entiendo que castigar en un derecho laboral a alguien a quien debiera solicitarse su compromiso en todo caso colectivo o social respecto del plan de vacunación, no es el camino adecuado", sostuvo el referente del sindicato del Seguro.

De esta forma, le respondió al dirigente de la central fabril, quien había sostenido que habría que "cesar la remuneración" de aquellos trabajadores que no se vacunen contra el Covid-19.

"Imponer sanciones desde lo que es la relación laboral no solo es ilegal, sino que no coincide con el camino de convencimiento que se tiene que seguir a los fines de lograr la mayor vacunación posible", dijo Sola en declaraciones reproducidas por el sitio web de la CGT.

Y agregó: "No es a través del ejercicio abusivo de la relación del empleador con el empleado que se logran convencer, sino a través del sentido común, el razonamiento y escuchar la opinión científica".

Sola habló de la necesidad de poner los mayores esfuerzos en lograr una "vacunación masiva" de trabajadores y rechazó "cualquier tipo de sanción sobre la relación laboral".

¿Qué establece el marco legal?

Desde el Ministerio de Trabajo advirtieron no existe ni se piensa avanzar en una nueva normativa que permita a las empresas recortar salarios. En otras palabras, que la propuesta del titular de la UIA sería ilegal por el momento. De hecho, el Gobierno ratificó que la situación se encuentra regulada por la Resolución conjunta 4/2021 (de abril de este año), que lleva también la firma del Ministerio de Salud.

La normativa, publicada el pasado 8 de abril en el Boletín Oficial, estipula que los trabajadores que forman parte de los grupos de riesgo o sean personal de salud y "opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudieren originar a los empleadores o empleadoras".

No hace referencia concreta al resto del universo de los trabajadores y trabajadoras. Ello, según explicaron oficialmente, es porque se trata de un plan de vacunación nacional pero de carácter optativo.