Luego de darse a conocer el proyecto de ley referido a comités mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo en cada ámbito laboral público y privado, con carácter obligatorio cuando en el establecimiento se desempeñen 100 o más colaboradores, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) dio a conocer su opinión.

La Entidad considera que "las comisiones mixtas son una herramienta valiosa en el mundo del trabajo", pero a la vez está convencida de que, "tal como está planteada, la iniciativa resulta perjudicial, ya que implicaría costos económicos significativos para empresas que ya se encuentran en una situación muy delicada".

Además, advierte a través de un comunicado, que en circunstancias como las actuales, "en las que las firmas hacen sus mayores esfuerzos por superar una severa crisis producto de la pandemia y de las restricciones asociadas y de un estancamiento económico de más de una década, el proyecto resulta particularmente desafortunado".

Por otra parte, la CAC ve con especial preocupación algunos aspectos del proyecto, "como el hecho de que los integrantes del comité por la parte trabajadora sean determinados por el sindicato y exclusivamente entre los delegados gremiales; que en caso de no acuerdo las decisiones –que debieran fundarse en argumentos técnicos–se diriman por sorteo; y que se permita acceso a los delegados a información que podría resultar sensible para la empresa".

También advierte que "el piso de 100 trabajadores es significativamente menor a lo que establece el artículo 25 de la Ley 25.877 sancionada en 2004", que prevé que la obligación de presentar un "balance social" que recoja información sistematizada relativa a condiciones de trabajo y empleo se aplique a empresas que ocupen a más de 300 trabajadores.

Representantes de la CAC preocupados por este proyecto

Para la CAC, "la injerencia estatal en estas cuestiones colisiona con la autonomía colectiva y la libertad de negociar de las partes, lo que resulta contrario a los principios defendidos por la Entidad y a la generación de un clima de negocios que incentive la inversión".

Por todo lo anterior, la CAC manifiesta públicamente "su profunda preocupación ante la iniciativa, que de prosperar implicaría aumento de costos y mayores rigideces que conspiran contra la productividad y el crecimiento de las firmas y, en definitiva, contra el logro de un crecimiento económico sostenido y la generación de puestos de trabajo de calidad que nuestro país tanto necesita".

El proyecto ingresó a Diputados

El Poder Ejecutivo envió este jueves a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece le creación de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, con lo que aumenta la injerencia de los gremios en empresas privadas de más de cien empleados.

Se trata de una iniciativa que fue cuestionada por el sector empresario y dirigentes de la oposición.

El presidente Fernández y el ministro Moroni impulsan el proyecto

La decisión de enviar el proyecto al Congreso fue anticipada ayer por el presidente Alberto Fernández, tras un encuentro que mantuvo en la Casa Rosada con dirigentes de la CGT y la CTA para adelantarles los alcances de la iniciativa.

"No hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el siglo XXI", expresó Fernández al celebrar la redacción del proyecto que ingresó hoy a la Cámara de Diputados.

La iniciativa lleva las firmas del Presidente; del ministro de Trabajo, Claudio Moroni y del jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Cuáles son los lineamientos del proyecto

El proyecto, que sigue lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), prevé la creación de Comités Mixtos, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.

Según el texto, la creación de ese comité "será obligatorio en dichos lugares de trabajo, cuando allí se desempeñen cien o más trabajadoras y trabajadores, el cual estará formado, como mínimo, por dos representantes de las trabajadoras y los trabajadores, y por el empleador o la empleadora en igual número".

En tanto, en las empresas en las que se desempeñen más de quinientos trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes.

El proyecto ingresó hoy a la Cámara de Diputados

Por otro lado, y en aquellos lugares en los que se desempeñen más de diez trabajadores y/o trabajadoras y menos de cien, "el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo".

La propuesta, de 11 artículos, apunta a crear un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, en el que se concederá prioridad al principio de prevención.

Prevención de riesgos

Entre otras cuestiones, el organismo buscará promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud en el ambiente laboral, proponiendo al empleador o a la empleadora la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes, así como la elaboración de normas de sana convivencia.

Asimismo, deberá elaborar planes de formación en materia preventiva y contribuir, además, en la prevención de la violencia y del acoso en el trabajo.

A tal efecto, en el seno de ese organismos se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en materia de prevención, los proyectos atinentes a planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías.

De acuerdo al texto, constituye 'práctica desleal', toda "conducta del empleador o de la empleadora que impida, demore u obstaculice la formación y actuación del Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo".

Además, precisa que el Comité "no afecta ni reemplaza a los órganos paritarios emergentes de la autonomía colectiva, con competencias genéricas para el análisis y la prevención de riesgos, seguridad e higiene y medio ambiente o de violencia y acoso en el mundo del trabajo".

Finalmente, el proyecto obliga a las empresas que tengan más de cien trabajadores a crear el Comité en un plazo de 60 días y 30 días para las compañías en las que se desempeñen 200 o más personas, una vez promulgada la ley.