En el día del veredicto contra Cristina Kirchner, lo que genera menos expectativa es el sentido del fallo: desde la propia acusada hasta abogados de varias tendencias coincidieron en que habrá una condena. En cambio, la mayor preocupación política está en quién ganará la batalla de la opinión pública y qué tan grande puede ser el riesgo de alteración de la paz social.

Las horas previas al fallo del tribunal vieron un crescendo de la agitación política ligada a la causa judicial de Cristina. Si bien el kirchnerismo se abstuvo de convocar a manifestar en defensa de la vicepresidente, otras organizaciones aliadas ya organizan una jornada de protestas.

Por ejemplo, la organización Miles, que orienta el líder piquetero Luis D’Elía, ya tiene preparada una marcha masiva desde la iglesia de San Cayetano en Liniers hasta el edificio de Comodoro Py. D’Elía, que pocas semanas atrás había manifestado diferencias con la propia Cristina, se mostró ahora en la primera línea de la resistencia, al punto que llegó a acusar públicamente por su inacción a connotados dirigentes de La Cámpora, como Andrés "cuervo" Larroque.

Para D’Elía, no hay dudas sobre cómo habrá que interpretar un eventual fallo condenatorio: "lo que va a ocurrir mañana es un golpe de Estado". Una definición grave en sí misma, porque supone que quienes se manifiesten tendrán la convicción de que están enfrentados a fuerzas anti-democráticas, corporizadas en el "Partido Judicial". De hecho, el texto de la convocatoria incluye el reclamo por la renuncia de los ministros de la Corte Suprema.

Otro protagonista de la jornada de protesta será Juan Grabois, el líder de la UTEP, que ya se concentró el lunes en Comodoro Py, donde se jugó un partido de fútbol. El dirigente social reiteró su postura contra el "lawfare" y, además, se plegó a la estrategia comunicacional kirchnerista, que el fin de semana pasado se concentró en denunciar un encuentro secreto de ejecutivos del grupo Clarín con jueces federales en Bariloche.

Y, anteriormente, aliados sindicales de Cristina, como el gremio de estatales ATE, habían adelantado que, si se producía un fallo condenatorio, automáticamente se convocaría a una amplia paralización de actividades.

El piquetero Luis D'Elía se puso al frente de la protesta callejera por el juicio a Cristina y calificó al fallo como "golpe de Estado"

Por otra parte, trascendió que Cristina pasará el día en su despacho del Senado, lo cual llevó a la expectativa de una concentración de militantes kirchneristas para manifestar su apoyo.

Mientras tanto, la policía está vallando el edificio de los tribunales federales y también habrá vigilancia en los alrededores del Congreso, en prevención de incidentes.

Ante la pregunta que recorre el ámbito político es: ¿hay realmente posibilidades de que, en reacción a un veredicto condenatorio se produzca una situación de violencia en el país?

A juzgar por lo que han dicho algunos dirigentes políticos, sí. Por caso, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, escribió en las redes sociales un sugestivo mensaje de advertencia dedicado a los miembros del tribunal que decidirá en la causa "Vialidad".

"Quiero solicitarles a los jueces responsables del juzgamiento a Cristina Kirchner, tengan templanza y prudencia para la decisión que tomarán, ajustándose estrictamente a Derecho para garantizar la paz social. El sentido común debe primar para intentar construir un país más justo", escribió el riojano.

Un mensaje que hizo recordar a la polémica tesis que ya había planteado el senador José Mayans, quien luego del atentado que sufrió Cristina Kirchner en septiembre dijo que sólo un sobreseimiento de Cristina Kirchner podía ser garante de la paz social.

Los dirigentes kirchneristas plantean que sólo un sobreseimiento de Cristina es garantía de paz social

¿La paz social está en riesgo?

Por lo pronto, los sondeos de opinión pública hacen pensar que en esa pelea por la opinión pública Cristina también lleva las de perder. Al menos, así lo plantea la investigación de la consultora Giacobbe, en la cual apenas un 20% de la opinión pública considera que la causa Vialidad está armada con fines de persecución política mientras un 70% cree que ella sí es responsable de defraudación al Estado por irregularidades en la obra pública.

Sin embargo, el análisis político que se hace dentro del kirchnerismo es diferente: creen que la estrategia de Cristina de politizar el caso y de asimilar al "Partido Judicial" con las dictaduras militares terminará penetrando en la opinión pública.

La estrategia ya se había visto con claridad en los días siguientes al atentado: el kirchnerismo había lanzado la iniciativa de "absolver a Cristina en las calles" y aglutinar un apoyo militante para oponerlo al fallo judicial.

La línea argumental está clara desde hace años. Comenzó en 2016, la primera vez que Cristina debió comparecer como indagada en Comodoro Py y planteó su concepción del "lawfare" como continuación histórica de la persecución a líderes populares. Se acentuó en 2019, cuando en la primera declaración por la causa Vialidad -y ya siendo vicepresidente- les dijo a los jueces: "A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo".

Después del atentado, el argumento del "lawfare" agregó otro factor, porque Cristina pasó a acusar a la justicia de generar un clima social de hostilidad que derivó en que apareciera ente dispuesta a matar, influida por los "discursos de odio".

Y, finalmente, llegó a su punto máximo al calificar al tribunal como "un pelotón de fusilamiento" y comparar al accionar de jueces y fiscales con el de los grupos de tareas represivas clandestinas durante la dictadura militar.

CFK esperará el veredicto en su oficina del Congreso, donde se espera que haya una manifestación de militantes

La victimización como estrategia política

Para algunos dirigentes kirchneristas, esta situación puede tornarse un "efecto boomerang" para los adversarios de Cristina, dado que se fortalecerán los lazos de fidelidad por parte de su militancia. Y, además, la imagen de líder popular perseguida puede llevar a que una eventual candidatura presidencial sea vista con mayor simpatía.

De ahí viene la argumentación del juicio Vialidad como herramienta de "proscripción", por más que, en realidad, Cristina podrá ser candidata incluso cono una condena en su contra, porque para que la inhabilitación de ocupar cargos públicos sea efectiva es necesario que la sentencia quede ratificada en las instancias de apelación.

En definitiva, el kirchnerismo se prepara para dar una respuesta política al fallo judicial que, según Cristina, ya está decidido y firmado desde hace tiempo. La convicción es que cuanto mayor sea el revés en los tribunales, mayor debe ser el protagonismo de Cristina en la campaña electoral.

Nadie lo definió con más elocuencia que Gregorio Dalbón, abogado de Cristina, para quien un fallo condenatorio en la causa Vialidad, "la acerca mucho más a una candidatura presidencial y lo que va a hacer Cristina es transmutar, porque con las piedras ella construye".

Dalbón, a quien se reconoce como uno de los voceros de Cristina, fue incluso más allá de lo previsto, al admitir que desde el punto de vista político, un fallo adverso puede resultar funcional. "Seguramente con la condena vamos a poder construir en lo electoral mucho más que con una absolución", fue la interpretación del abogado.

Lo cierto es que hoy, después de haberles prometido a sus ansiosos militantes que la definición de candidaturas se daría "en su medida y armoniosamente", Cristina tiene en su situación judicial un elemento de presión adicional. Y la noticia de una condena sólo puede ser equiparada con un hecho político de alto impacto.

Por lo pronto, en la interna del kirchnerismo se considera que ya hay una batalla ganada: el juicio no logró que Cristina quedara aislada por el resto del peronismo sino que, por el contrario, en la adversidad ha logrado que se incrementara su grado de apoyo interno.

En la víspera del fallo, Cristina dio una entrevista a un medio brasileño, en la que traza un paralelismo entre su situación judicial y la del presidente Lula

Lula y Cristina: ¿vidas paralelas?

Tampoco pareció nada casual que Cristina haya dado su única entrevista de la víspera de su veredicto al diario brasileño Folha de Sao Paulo, de línea editorial cercana al PT de Lula. La vicepresidente aprovechó para explayarse sobre su teoría del "lawfare" continental y, sobre todo, para trazar un paralelismo entre su situación personal y la que vivió el electo presidente de Brasil.

Es un mensaje que a Cristina le interesa no sólo por la repercusión internacional que pueda tener, sino porque cree que llega a los propios jueces y fiscales que estén involucrados en su suerte procesal.

La convicción existente en el kirchnerismo es que el poder judicial es permeable a los cambios de vientos políticos y que no es indiferente al "factor Lula". En Brasil, mientras el líder del PT volvió al poder tras haber ido a prisión, se produjo un notable viraje en la suerte del juez Sergio Moro, que después de haber sido tratado como héroe nacional y de ser ministro de justicia y pre candidato presidencial, cayó en el descrédito por irregularidades en su investigación judicial y hasta ahora tiene denuncias penales en su contra.

Ese mensaje ha sido uno de los preferidos por Cristina, que en su último alegato advirtió a los funcionarios del Poder Judicial que, así como después de la dictadura los militares fueron juzgados -pero sus "patrones" de los poderes empresarial y mediático siguieron libres-, lo mismo les podría ocurrir a los jueces, que en un futuro cercano podrían quedar en el banquillo de los acusados.

Claro que entre lo ocurrido en Argentina y Brasil hay similitudes pero también grandes diferencias. En el país vecino, la condena de Lula y su prisión efectiva se produjo sin que hubiera violencia en las calles ni se paralizara el país Es algo que nadie se anima a afirmar que pueda ocurrir aquí.

Lo paradójico es que hay probabilidades de que el fallo condenatorio, finalmente, deje insatisfechas a ambas partes. A los kirchneristas, porque es probable que haya condena por defraudación al Estado. Y a los adversarios de Cristina, porque posiblemente sea descartada la acusación de conformar una "asociación para delinquir", lo cual reducirá la pena solicitada por los fiscales, y porque Cristina mantendrá intactas sus chances de postularse a cargos electivos. 

El veredicto se conocerá hoy, pero la batalla por la opinión pública recién está empezando.