El Decreto de Necedidad y Urgencia (DNU) que presentará el presidente Javier Mieli, incluirá la derogación de la llamada Ley de Tierras, en rigor, Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales que fue promulgada en diciembre de 2011 y resistida por las inmobiliarias rurales desde ese momento.

La norma estable un límite a la compra de campos por parte de extranjeros de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o una superficie equivalente según la ubicación territorial, la cual es determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales (previsto en el artículo 16 de la ley) en base a su localización, calidad y proporción respecto del municipio o provincia que integren.

Además, fija en el quince por ciento el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional para personas físicas y jurídicas no argentinas, mientras que, éstas, siendo de una misma nacionalidad extranjera, no podrán, en ningún caso, superar el treinta por ciento del porcentual asignado.

La ley también prohíbe la posesión de tierras que sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes y de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.

La norma establece un límite a la compra de campos para extranjeros

Durante el gobierno de Mauricio Macri hubo modificaciones en esta ley

En junio de 2016, bajo el gobierno de Mauricio Macri, se introdujeron varias modificaciones a esta ley a través del decreto 820/2016 y, entre los puntos relevantes, se aclaró el concepto de personas extranjeras (físicas o jurídicas) como aquellas que, en forma directa o indirecta, formen la voluntad mayoritaria, independientemente de su participación social. También establece una presunción de extranjería en caso de que una persona de otro país sea titular del 51% del capital social de la persona jurídica.

También, obligó a informar toda modificación en el paquete accionario de personas jurídicas consideradas extranjeras al Registro Nacional de Tierras Rurales. El decreto otorgó facultades al Consejo Interministerial para modificar las equivalencias fijadas por las provincias a fin de que sean razonables desde el punto de vista del tipo de explotación y jurisdicción.

En tanto, dispuso la no afectación de derechos adquiridos por las personas extranjeras titulares de tierras rurales previo al dictado de la ley y que, en caso de querer venderlas, tendrán permitido adquirir una extensión equivalente aunque supere el límite de 1.000 hectáreas que fija la norma.

La Ley de Tierras es cuestionada por la Cámara de Inmobiliarias Rurales (CAIR) que argumenta que, a partir de su sanción, por la menor inversión por parte de extranjeros, se produjo una caída del valor de la hectárea en Argentina que quedó desfasada respecto de la evolución del precio de la tierra rural en otros países, donde la cotización aumentó en la última década.

Previo a la asunción de Milei, la CAIR le solicitó que derogue la Ley de Tierras, o bien, que la modifique otorgándole racionalidad para promover el ingreso de capitales.Esto es considerado como uno de los "pedidos urgentes y necesarios para que el país pueda salir adelante lo antes posible". Por esta razón, la cámara puso a disposición sus equipos técnicos para acercar propuestas e inquietudes del sector inmobiliario rural.