En el pasado, durante el gobierno de Mauricio Macri, fue "el gobierno de los CEO’s", si bien la administración de Javier Milei parece desconfiar de algunos empresarios a los que denomina "empresaurios" culpables de la debacle financiera argentina, aceptó en buena medida los consejos de algunos de ellos que han cedido recursos humanos de sus propias empresas para que se desempeñen en el sector público. 

Un caso de esta índole puede ser representado por la designación al frente de la Sindicatura General de la Nación del contador Miguel Carlos Blanco, de extensa trayectoria en el sector privado que decidió pegar el salto al sector público para acompañar a una administración que desconfía de todo lo que sea estatal. 

Sin embargo, el contador Blanco prefirió dejar de ser director general de Swiss Medical Group, que preside el empresario Claudio Fernando Belocopitt, de 62 años, reconocido actor del sector de la medicina prepaga y uno de los tres principales accionistas del canal de televisión América TV, para acceder a uno de los puestos más importantes y con menos prensa del organigrama estatal, la SIGEN. 

La SIGEN, Sindicatura General de la Nación, creada en 1992, es el organismo que se encarga del sistema de control interno del Estado para hacer cumplir las normas contables estatales y que haya un uso eficaz de los recursos públicos. Depende directamente del presidente de la Nación, cuenta con personería jurídica, y es autárquica, administrativa y financieramente. 

El poder de la SIGEN 

Un ejemplo del poder que tiene la SIGEN lo demuestra el hecho ocurrido en enero de 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández. 

Por esos días, se presentó un informe a los periodistas acreditados en Casa Rosada donde se denunciaba que durante la gestión de Mauricio Macri no se realizaron auditorías económicas y financieras de parte de la autoridad reguladora del sector de la medicina privada, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSN), que durante varios años dejo hacer a 34 empresas de medicina prepaga y a varias obras sociales sindicales.  

Belocopitt logró que un ejecutivo de su entorno sea el auditor principal del Estado que entre otras responsabilidades supervisa a la Superintendencia de Salud

El informe de los auditores de la SIGEN, demostró que la SSN, presentó un "alto grado de morosidad en la entrega de los estados contables que deben efectuar las entidades de Medicina Prepaga". 

Además, en términos de control prestacional, las fallas también fueron múltiples. Por ejemplo, durante el gobierno de Cambiemos, "no se verificaron acciones de control formal del cumplimiento del Programa Médico Obligatorio (PMO) por parte de las empresas de medicina prepaga, con su eventual impacto en el ejercicio de los derechos de los beneficiarios del sistema que requieren de prestaciones amparadas legalmente". 

Auditoria incómoda

Ahora bien, esta auditoría de la SIGEN, parece haber molestado a numerosos actores del sector privado de la medicina que, dispuestos a curarse en salud, parecen haber encontrado un ejecutivo de lujo para supervisar los pasos de la SSN que, durante el gobierno de Javier Milei, será conducida por el doctor Enrique Héctor Rodríguez Chiantone, nombrado a instancias de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

En principio dependerá del Dr. Chiantone auditar concienzudamente a las obras sociales y a las prepagas, pero de no ser así podría intervenir el contador Blanco con su equipo de auditores. 

Todo indica que tanto en la Superintendencia como en la Sindicatura sus titulares tienen lazos muy fuertes con los principales actores en el negocio de la salud. 

No obstante, el papel del síndico general de la Nación cobrará relevancia y publicidad en las próximas semanas porque por una orden directa del presidente, Milei, se realizará una profunda auditoría que tendrá como misión explicar, con todos los números disponibles, el estado del sector público heredado por el gobierno de La Libertad Avanza. 

Enrique Rodríguez Chiantore, el nuevo Superintendente de Servicios de Salud

Auditoría del sector público 

El 29 de diciembre pasado, a través del Decreto 126/2023, Milei instruyó a la Sindicatura General de la Nación a que elabore, en un plazo de 30 días hábiles, un completo Informe de Entrega y Recepción, que detalle la situación administrativa, patrimonial y financiera del sector público nacional al 7 de diciembre. 

Con esta medida, que forma parte de una batería de decisiones orientadas a realizar cambios profundos en las oficinas estatales, se reforzarán los argumentos que justifiquen el lema "No hay plata". 

Los voceros de la Presidencia explicaron que "El nuevo gobierno busca identificar áreas y temas críticos para poder establecer prioridades de gestión, tomar rápido control de la situación, garantizar la continuidad operativa de los organismos públicos y sentar las bases para encarar las reformas que se consideren necesarias".   

Esa misión recaerá sobre los hombros del que hasta hace muy poco tiempo fue el hombre de confianza de Claudio Belocopitt que suele anunciar aumentos en las cuotas de su prepaga sin ponerse colorado. Al menos desde que gobierna Javier Milei.