Son horas de señales contradictorias desde el gobierno: por un lado, el presidente Javier Milei afirma que no habrá paritaria nacional docente, pero al mismo tiempo se negocia con los gremios para un acuerdo que garantice le inicio de las clases. Luego se convoca al Consejo del salario pero la reunión fracasa, y luego Milei dice que no dará un aumento por decreto. También se redobla el discurso agresivo contra el despilfarro de los presupuestos provinciales, pero empiezan a verse gestos conciliadores, como la visita del ministro del interior, Guillermo Francos, al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

En medio de ese escenario confuso, destaca como centro de la polémica los ya célebres fideicomisos -o, como el gobierno prefiere llamarlos "las cajas negras de la política"-. El gobierno amaga con su eliminación total, pero la percepción en el ámbito político es que esa ofensiva podría quedar a medias.

En primer lugar, por una cuestión legal: aun si quisiera, Milei no puede eliminar por decreto todos los fondos fiduciarios, muchos de los cuales fueron creados por ley. Según el dato que dejaron trascender desde el gobierno, tal vez una tercera parte de los 29 fideicomisos estén "a tiro de decreto".

De todas maneras, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ya anunció la decisión de eliminar fondos con un costo equivalente a u$s2.000 millones, casi medio punto del PBI. El propio gobierno estima que el total de lo que eroga el Estado en estos fondos podría ser una cifra casi diez veces mayor.

En la mira de la "motosierra"

Así, el gobierno pretende compensar parcialmente el traspié en el Congreso, cuando los diputados rechazaron el ya famoso inciso H del artículo 4° de la ley ómnibus, que facultaba a Milei para "transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos".

Adorni no dio detalles sobre cuáles serían los fideicomisos sobre los que el gobierno concentraría su ofensiva, pero se filtraron desde el poder ejecutivo los nombres que se empezaron a analizar en la reunión del viernes en la que participaron los principales técnicos del área económica, así como del área legal, y también el asesor clave del presidente para los temas de reforma estructural: Federico Sturzenegger.

El programa Procrear, uno de los emblemas de la gestión de Cristina Kirchner, figura entre los fideicomisos que serían eliminados por decreto

En el listado se mencionó los siguientes fideicomisos:

* Transporte Eléctrico Federal (destinado a mejorar la interconexión energética)

* Desarrollo Provincial (creado en 1995 para apoyar reformas económicas de los gobiernos provinciales)

* Capital Social-Foncap (tiene el objetivo de facilitar el desarrollo de microemprendimientos)

* Infraestructura de Transporte (creado en el 2001, funciona como fondo compensador para obras viales y para el sistema de transporte público; es uno de los que crea más controversia con las gobernaciones provinciales)

*Infraestructura Hídrica (fondea el pago de obras y compensaciones tarifarias)

* Fondo Procrear (uno de los emblemas de la gestión de Cristina Kirchner, se creó para fomentar el acceso a la vivienda propia en sectores de bajo recursos mediante la compra de lotes y construcción)

*Seguridad Aeroportuaria (creado en 2014 para mejorar la infraestructura y vigilancia en aeropuertos)

* Cobertura de Salud (creado durante el gobierno de Mauricio Macri, está destinado a garantizar la cobertura universal de salud y financiar equipamiento médico)

*Progresar (creado en la gestión de Alberto Fernández, dispone ayudas a jóvenes de bajos ingresos para completar sus estudios e insertarse en el ámbito laboral)

*Fondo estabilizador del trigo (también creada por Alberto Fernández, implica un mecanismo de subsidios cruzados para evitar la suba del precio del trigo en el mercado interno cuando sube el precio en el mercado global)

¿El ahorro fiscal es real?

Los próximos días dejarán en claro hasta dónde existe una voluntad real del gobierno por eliminar estos fondos, o si más bien la ofensiva actual tiene un objetivo político, en el sentido de lograr por parte de los gobernadores un gesto de austeridad fiscal en sus propios territorios.

Por lo pronto, lo que Milei intentó, sin éxito, es que los gobernadores apoyen la reinstauración del impuesto a las Ganancias -ahora rebautizado impuesto a los Ingresos-, lo cual implicaría la obtención de un ingreso de medio punto del PBI para la caja de la AFIP y otro medio punto para las provincias.

Los gobernadores se han resistido, en parte para no pagar el costo político de contradecir su actitud del año pasado -cuando en el cierre de la campaña electoral apoyaron a Sergio Massa en su propuesta de eliminar Ganancias- y en parte para no quedar en la vereda de los enemigos de la CGT, que ya advirtió que considerarán "traidores del peronismo" a todo aquel que apoye ese impuesto.

El diputado Martín Tetaz puso en duda los cálculos oficiales sobre el ahorro fiscal real que se lograría con la eliminación de fondos fiduciarios

Hay, además, otro debate sobre los fideicomisos, y tiene que ver con el ahorro real que implicaría su eliminación, algo que para algunos políticos opositores está siendo sobre-estimado.

Por caso, el diputado Martín Tetaz, del bloque de Juntos por el Cambio, quien argumenta que, después de haberse suspendido el presupuesto de la obra pública, se está cometiendo "un error de doble contabilidad, al pensar que vuele a ahorrarse otra vez el mismo dinero".

En otras palabras, lo que plantea el diputado es que el gobierno confunde el concepto del instrumento fondo fiduciario con la política pública para la que fue creada. Y recuerda que, aunque los fideicomisos sigan en pie, ya el hecho de haber cortado la obra pública supuso un ahorro del 0,7% del PBI.

En consecuencia, afirma que la eliminación de los fideicomisos tendrá una importancia más simbólica que fiscal, dado que se trata de fondos cuya existencia ya no tiene sentido al carecer de recursos financieros.

Lo cierto es que estos fondos, creados para financiar fines específicos, y que muchas veces no están comprendidos por las mismas exigencias de auditoría y rendición de cuentas que otras partidas presupuestales, se comportan a veces como entes autárquicos. Y, lo más importante, están íntimamente ligadas a los esquemas de funcionamiento financiero de muchas provincias "rebeldes" que obstaculizaron el avance de la ley ómnibus.

La batalla cultural de Milei

Milei está decidido a avanzar, y tiene varios incentivos para ello. El primero, naturalmente, es el fiscal, porque le permitirá compensar la pérdida de otras fuentes de recursos, de manera de no poner en riesgo su cometido de "déficit cero".

Pero, además, hay una motivación política, porque supone para el presidente levantar la apuesta en su conflicto con los gobernadores provinciales, a los que está urgiendo a que asuman su parte del costo político por el ajuste.

Esa es, en definitiva, la "batalla cultural" que se esconde detrás de la bizarra pelea entre Milei y Lali Espósito por las exenciones impositivas del Cosquín Rock.

Javier Milei, dispuesto a dar tanto la batalla fiscal como la cultural contra los subsidios estatales

Milei ya decidió que él no repetirá el error que muchas veces el ex ministro Domingo Cavallo admitió como autocrítica: haber llevado a la nación a un ajuste sin que las administraciones provinciales dieran muestras de un esfuerzo similar. Es por eso que, ni bien caída la ley en la cámara de Diputados, los comunicados oficiales apuntaron directamente contra los gobernadores como responsables de la situación de empantanamiento político.

En el razonamiento del gobierno, si se eliminaran las "cajas negras" en su totalidad, entonces se terminaría compensando la porción del impuesto a las Ganancias que deje de entrar a la caja de la AFIP.

El resto de los ingresos que cayeron en la ley -como las retenciones a la exportación el adelanto de Bienes Personales, en el marco de la nueva moratoria y blanqueo de capitales, totalizarían 1,8% del PBI, si se suman al ingreso por Ganancias.

A eso, Milei quiere contraponer el recorte de las transferencias discrecionales -que el año pasado equivalió a $2 billones, algo así como un punto del PBI.

En definitiva, si se ejecutan los recortes presupuestarios que tiene en mente el ministro Toto Caputo y, además, se agrega el recorte de parte de los fideicomisos, se estaría cumpliendo el objetivo de compensar, tal vez con creces, la pérdida de ingresos de la ley ómnibus.