Las tres reglas que debe cumplir Cristina Kirchner para que no le revoquen la prisión domiciliaria

El Tribunal Oral Federal N.º 2 le otorgó la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años en la causa "Vialidad". La notificación se realizó de manera virtual, a través de Zoom, con el objetivo de evitar el desplazamiento de la expresidenta. Además, dispuso que lleve tobillera electrónica mientras cumple su condena.

De esta manera, quedó formalmente detenida y no podrá participar de la movilización prevista para este miércoles. Así, la expresidenta cumplirá su pena en el departamento de la calle San José 1111, en el barrio de Constitución.

Si bien la exmandataria no deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py, la Justicia dispuso una serie de requisitos. Entre los que se encontrarían las visitas limitadas, además del uso de tobillera electrónica.

Las tres reglas que debe cumplir Cristina Kirchner para que no le revoquen la domiciliaria

En algunos de los puntos más destacados de la resolución emitida por el Tribunal este martes, se confirma por qué se le concede la domiciliaria a la expresidenta. "La combinación del riesgo para la vida e integridad física de la condenada a raíz del atentado del que fue víctima, junto con la dificultad de garantizar su seguridad en un establecimiento penitenciario sin incurrir en prácticas discordantes para el derecho constitucional y convencional -aislamiento-, nos conducen a la decisión en favor de la concesión de la prisión domiciliaria como única vía hoy compatible con el respeto de los derechos fundamentales de la persona y los fines resocializadores de la pena", señala.

"En este estado de cosas, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente así como el hecho de que la peticionante supera los setenta años de edad, su permanencia en prisión en un establecimiento carcelario no sólo se presenta, por el momento, como una opción difícil de compatibilizar con una protección efectiva de sus derechos fundamentales por las razones ya señaladas, sino que además es una opción que la ley expresamente habilita a reemplazar por otra", agregó.

Y en cuanto a las condiciones de la detención, se hizo mención sobre el uso de tobillera electrónica, ciertas restricciones para recibir visitas y también en sus salidas al balcón.

La resolución dispuso la detención de "Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, a partir del día de la fecha y bajo la modalidad de prisión domiciliaria, a los fines de cumplir la condena impuesta en esta causa".

Y estableció que la prisión domiciliaria "sea cumplida en la vivienda ubicada en la calle San José 1111, piso segundo, departamento 'D' de esta ciudad".

En cuanto a las reglas de conducta, se señalaron que "tendrá que observar y cumplir mientras se mantenga la modalidad domiciliaria del cumplimiento de la pena de prisión"

1. Deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción.
2. Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes.
3. En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado.

En el caso del punto B, podrían estar incluidas las salidas al balcón, teniendo en cuenta la multitud de militantes que llegaron al lugar.

Cómo sigue el Gobierno la situación de Cristina Kirchner y cuál es la pelea de fondo

En cualquier caso, las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kichner son motivo de una pulseada que involucra tanto a la Justicia en sus distintos niveles como a la política. El peronismo quiere mantener la presión "en la calle" porque entiende que esas condiciones en cualquier momento podrían cambiar, debido a la situación judicial de su líder. De hecho, cada tres meses se revisará si las condiciones de la domiciliaria que dictó el TOCF 2 se cumplen o no.

Los alfiles del kirchnerismo vieron en el dictamen de Luciani y Mola la intención de tratar a la exmandataria como una presa común, algo no menor si se tiene en cuenta que todavía hay otras causas judiciales que la involucran y que podrían avanzar por el camino que abrió "Vialidad", tal como la del Memorándum con Irán o "Cuadernos". En tribunales hay sectores que presionan en ese sentido. 

En tanto, la Casa Rosada también sigue de cerca la situación de la expresidenta. Según confirmaron fuentes del oficialismo a este medio, hay nerviosismo por el llamado "control de la calle". Por eso montaron un operativo para prácticamente blindar Comodoro Py y están atentos a que la movilización gire hacia otro destino, como la Plaza de Mayo.

En el gobierno de Javier Milei temen posibles "desmanes" y por eso intentan evitar cualquier cosa que pueda ser tomada como una provocación. El asesor presidencial Santiago Caputo se ocupó de filtrar que la Casa Rosada no tiene intención de montar alguna escena de "humillación" para la exmandataria.

A través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Gobierno intentó mostrarse al margen y recordar que todo depende del Poder Judicial. El funcionario sostuvo que "la reacción inicial de los simpatizantes de Cristina Kirchner no va a ser la misma a lo largo del tiempo" y señaló que si el lugar de la detención para la expresidenta genera inconvenientes de algún tipo podría modificarse, pero se cuidó de aclarar que "lo pedirán los vecinos".

El domicilio para el arresto y una disputa que no termina de resolverse 

Ocurre que el lugar elegido por Cristina Kirchner para cumplir su prisión domiciliaria es el verdadero eje de la pulseada que libran la expresidenta, sus abogados y su espacio político con todos los actores ajenos al peronismo, entre los que ahora se incluye el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Más allá de las salidas o no al balcón, la disputa pasa por el hecho de que el arresto de Cristina Kirchner se cumpla en uno de los barrios más transitados de la Ciudad, algo que ya es objetado por el Gobierno porteño del PRO, que a través de la Procuración General expresó una "preocupación institucional" por la posibilidad de una presencia permanente de la militancia K en ese lugar.

Al respecto, advirtieron sobre inconvenientes para la movilidad urbana, la prestación de servicios y sobre todo la seguridad en la zona. El Ejecutivo porteño evitá por ahora pronunciarse oficial y abiertamente sobre el tema, pero de acuerdo a fuentes consultadas por iProfesional "no quieren que cumpla acá" la domiciliaria.

Entre los argumentos que planteó la Procuración, más allá de la presencia de los militantes mencionaron también que un operativo de custodia permanente como el que requiere el arresto domiciliario de una expresidenta afectaría tanto a los vecinos, como a las escuelas más cercanas y el funcionamiento general de la zona.

En el peronismo indican que, por ahora, Cristina Kirchner no tiene previsto pedir un cambio de domicilio para cumplir la condena. No es algo que descarten para el mediano plazo, dado que ya hubo dirigentes que buscaron posibles lugares alternativos en el conurbano bonaerense, en distritos como Tigre. Pero de momento, no quieren cambiar nada.

Mientras tanto apuntan a mantener encendida la movilización de este miércoles y continúan con las reuniones. Los últimos en pasar por la sede partidaria de la calle Matheu son la cúpula de la CGT, gobernadores, diputados y senadores. El fin de semana fue un grupo de intendentes. Quieren que sea una marcha "histórica", según deslizan.

Así, el otorgamiento de la prisión domiciliaria para Cristina Kirchner no termina de descomprimir el clima político, porque las condiciones que la Justicia impone a la expresidenta así como el lugar para el cumplimiento de la condena son objeto de una discusión tanto judicial como política que no avizora por el momento un final claro.