Juicio por YPF: el inesperado "salvavidas" que puede ayudar a que Argentina no pague u$s16.000 millones

Tras la conmoción de un fallo judicial en los Estados Unidos que ordenó a la Argentina a ceder la empresa YPF al Fondo Burford Capital por la estatización del gobierno de Cristina Kirchner en 2021, el presidente Javier Milei anunció que apelará el fallo en segunda instancia, pero una fundación norteamericana Republican Action for Argentina Inc. (RAFA) tiene hace meses una apelación hecha ante la misma Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

Según pudo saber iProfesional del abogado Fernando Irazu, presidente de RAFA y abogado litigante, la Corte norteamericana podría revocar el fallo de la jueza Preska que obligó este lunes a la Argentina a ceder a Burford el 51% de las acciones de YPF, equivalentes a 16 mil millones de dólares.

El argumento central de la presentación de RAFA es que la demanda de Burford Capital se montó sobre un caso de supuesta corrupción previa del gobierno de Cristina Kirchner, ocurrida en la Argentina, y que deben investigar tribunales argentinos. Esa estafa al Estado, dice, se habría cometido entre el gobierno de los Kirchner y el Grupo Petersen de la familia Eskenazi, la que luego le vendió la demanda al Fondo Burford.

Por qué el juicio por YPF debió resolverse en Argentina y no en Estados Unidos

"El caso debió resolverse en el juicio de YPF que durmió el ´sueño de los justos’ en el juzgado del juez federal Ariel Lijo, porque fue un fraude al Estado, como un caso de corrupción más ocurrido en la Argentina, y reclamamos ante la jueza Preska que se investigue en la Argentina. Sin ese fraude no hubiera habido demanda de Petersen en los tribunales de los Estados Unidos y no la habría comprado Burford", dijo Irazu.

"La familia Eskenazi en este caso es el equivalente a Lázaro Báez para las obras públicas en Santa Cruz, un empresario necesario para un hecho de corrupción", dijo.

Irazu es un abogado argentino norteamericano que constituyó la fundación RAFA en los Estados Unidos con el objeto de promover los principios republicanos, las instituciones y la economía de mercado. Recuerda que Burford es demandante de la Argentina, porque compró la demanda que el Grupo Petersen de la familia Eskenazi le hizo al Estado argentino en los Estados Unidos. Burford tiene el 70% de la demanda contra el Estado y Petersen conserva el 30% de la deuda.

De los u$s16.000 millones, Burford debería recibir u$s11.200 millones y Petersen unos u$s4.000 millones y el resto iría a Eton Park, empresa de inversiones de Nueva York. Petersen y Eton Park eran segundo y tercer mayor inversor en YPF, respectivamente, detras de Repsol.

Este reparto tiene su historia. En tiempos del fallecido presidente Néstor Kirchner, el Grupo Petersen, a instancias del gobierno de Kirchner, había comprado primero el 15% y luego hasta el 25% de las acciones de YPF con un préstamo de la controlante española de YPF, Repsol (57%), y de un pool de bancos que repagaría con los propios dividendos futuros de la compañía más rentable del país. Los bancos eran el Credit Suisse, Goldman Sachs y el Citibank.

Pero en 2012, la expresidenta Cristina Kirchner estatizó YPF para lo cual expropió el 51% del paquete de Respol para sacarla del juego. El entonces secretario de Política Económica Axel Kicillof, actual gobernador bonaerense y precandidato presidencial del PJ, anunció que no pagaría un dólar por la expropiación pese a que el estatuto de YPF redactado en el gobierno de Carlos Menem al privatizar YPF a manos de Repsol ordenaba hacer una oferta pública en caso de expropiación.

Una maniobra fraudulenta y una estafa que debió investigar el juez Ariel Lijo

Finalmente, Kicillof terminó pagando u$s5.000 millones a Repsol por el resarcimiento del 51% de las acciones, pero en la nueva empresa estatizada no se podían utilizar dividendos y de ese modo Petersen no pudo saldar su deuda con los bancos y se declaró en quiebra y demandó al Estado.

"Esa fue una maniobra fraudulenta porque fue una quiebra que se declaró a sí misma y la deuda que tenía por pagar eran montos irrisorios", dijo Irazu.

Según el titular de RAFA esta es la estafa que debió investigar el juez federal Ariel Lijo y que no investigó, por lo cual fue denunciado por la abogada María Eugenia Talerico y el senador Francisco Paoltroni, junto a Irazu, ante el juzgado del juez federal Sebastián Ramos. Esa última causa, según Irazu, debería englobar al mismo fraude de Lijo.

"Esta es la maniobra original del fraude que se debe investigar y por la cual el Grupo Petersen de la familia Eskenazi pudo reclamar al Estado un daño que no existió porque había comprado las acciones de YPF sin poner un peso y con préstamos que fueron pagados con dividendos de la empresa y quedaba una cifra irrisoria por pagar al momento de la expropiación", dijo Irazu a iProfesional.

En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska emitió su primer fallo que condenó a la Argentina a pagar u$s16.000 millones por la estatización de YPF y según Irazu "los Kirchner, los Eskenazi y un fondo buitre llamado Burford así lo acordaron en sede judicial norteamericana". Es por ello que el 17 de febrero de 2015 RAFA se presenta ante la jueza Preska y pidió la intervención en el proceso como parte interesada.

La magistrada neoyorkina no denegó su intervención sino que le corrió traslado a la Corte de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York. Irazu pidió también una investigación criminal por parte de las agencias norteamericanas sobre el presunto fraude entre los Kirchner, Eskenazi y Burford, que le corresponderían hacer al Departamento de Justicia y las agencias locales de EE.UU.

En ella se investigarían los hechos que dan origen a los reclamos de Petersen, Eskenazi y Burford y el origen el pago de esa deuda con dividendos que le dio a Petersen el manejo y el control de YPF. También Irazu pidió investigar posible lavado de activos en España y una quiebra fraudulenta autoprovocada para generar un reclamo en EE.UU.

En paralelo, si el gobierno de Javier Milei apelara el caso mediante la Procuración del Tesoro ante la misma Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el caso podría ser tratado en el mismo fuero en forma simultánea con la demanda de RAFA.

"Yo quiero que los tribunales argentinos se activen y los procesen a todos y entonces el caso no puede ser tratado en los Estados Unidos", dijo el titular de RAFA. Por eso, como último punto pidió la revocación del fallo de los 16 mil millones de dólares de Loretta Preska de septiembre de 2023 por tres causales.

El argumento central es que la corrupción debe ser resuelta en el país de origen y "no es una excepción a la inmunidad soberana por lo cual no puede ser juzgada en otro país". Hay otras excepciones como una expropiación o una actividad comercial, que no entran en el marco de la corrupción.

La jueza podría haber denegado la petición o podía diferirla sujeto a lo que diga la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que fue lo que hizo. Entonces RAFA recurrió a la Corte y el 5 de mayo presentó el alegato escrito y espera que la Argentina y Burford Capital presenten sus alegatos.

Como paso siguiente, Irazu deberá formular un alegato oral ante un panel de tres jueces, luego tendrían un plazo de dos meses para dictar sentencia y cualquier de las partes podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia. En este caso, el máximo tribunal de los EE.UU. tiene la facultad discrecional de aceptar o no el caso, por lo cual podrá dictar sentencia o dejar firme la sentencia de la Corte de Apelaciones.

Según el abogado, ahora se deberá monitorear qué hace el gobierno de Milei en relación con la apelación y en lo vinculado al proceso judicial que sigue el juez federal Lijo, al que Milei propuso como miembro de la Corte Suprema de Justicia y su pliego fue rechazado por el Senado.

Es que los tribunales neoyorquinos también podrían formularse la pregunta de qué se hizo en los fueros argentinos ante la demora de resolución de esta denuncia sobre YPF que data de 2007 y nunca prosperó. Para Irazu la mejor salida sería que esa causa se acumule con la denuncia contra Lijo presentada en el juzgado de Ramos. "Si la Corte de Apelaciones falla en mi favor podría matar el fallo de los 16 mil millones de dólares que debe pagar la Argentina", dijo Irazu.